El PAMI no es del Gobierno, es de los jubilados y hay que devolvérselo ya
El 13 de mayo se cumplieron 54 años del nacimiento del PAMI, la obra social más grande de América Latina. Pero no hay nada que festejar. Lo que debería ser una institución al servicio de sus verdaderos dueños —los jubilados y pensionados— sigue secuestrada por el poder político.
Desde su creación, el PAMI fue intervenido casi de forma permanente. No se respeta su ley de origen, ni su naturaleza jurídica, ni a quienes lo financian. Y hoy, con un gobierno que se autoproclama liberal, los negociados no solo no terminaron: siguen intactos.
La prueba está a la vista: contratos entregados a dedo, cambios arbitrarios en la provisión de insumos esenciales como los pañales, represalias internas contra trabajadores que denuncian irregularidades. Nada cambió, porque nada se liberó.
El Estado se apropió de lo que no es suyo
El PAMI fue creado en 1971 como una persona jurídica de derecho público no estatal, con autonomía financiera y administrativa. No es una repartición del Estado. Es una entidad financiada por los aportes de millones de trabajadores y jubilados que no reciben lo que merecen.
Pero el Estado se lo quedó. Lo convirtió en una caja. Lo usó para pagar favores políticos, repartir contratos, colocar funcionarios. Y lo mantuvo intervenido durante más de cinco décadas, bajo todos los gobiernos. Hoy, ni siquiera se plantea devolverlo a sus legítimos dueños.
Una de las peores estafas al usuario y al consumidor
Los jubilados no son beneficiarios: son usuarios. Pagan por un servicio que no funciona. Reclaman turnos y no se los dan. Necesitan medicamentos y no los reciben. Buscan atención y se encuentran con burocracia, abandono y maltrato.
En cualquier empresa privada, eso sería causal de sanciones, denuncias y cierres. Pero acá no hay responsabilidad ni consecuencias. La política protege el curro, no al consumidor.
El presupuesto del PAMI supera los 3 billones de pesos al año. Y nadie —nadie— rinde cuentas con transparencia. Ni los directores, ni los funcionarios, ni los prestadores. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la auditoría? ¿Dónde está la voz del afiliado?
Liberalismo no es ajuste: es devolver lo robado
El Gobierno habla de reformas liberales. Pero no hay nada más liberal que liberar el PAMI del Estado. Devolverlo a sus verdaderos dueños. Transparentar sus gastos. Democratizar su conducción. Convertirlo en una institución autónoma, austera, eficiente y al servicio del usuario.
Hoy, el PAMI es un organismo cautivo. Y si no se libera, seguirán robando en nombre de los jubilados, como hace más de medio siglo.
Es tiempo de normalización: es tiempo de devolver el poder a quienes lo sostienen
La ley es clara: el PAMI debe ser administrado por sus titulares. Pero el poder político se niega a soltarlo. Se aferra a esa caja como si le perteneciera. Y cada día que pasa, es una nueva violación a los derechos de los usuarios más vulnerables del país.
Los jubilados no piden privilegios. Exigen lo que les corresponde: un servicio digno, un sistema transparente y una conducción legítima. Nada más. Y nada menos.
Devolver el PAMI no es una opción: es una obligación legal, ética y social
Ya pasaron 54 años de intervenciones, de corrupción institucionalizada y de desprecio por quienes lo financian.
Es hora de liberar al PAMI del poder político. Es hora de devolverlo a sus legítimos dueños. Es hora de poner la transparencia y el servicio por encima de los negocios.
Porque si el Estado sigue usando el PAMI como una caja, este reclamo dejará de ser un pedido y se convertirá en una causa nacional.