La Justicia ordenó que la Ciudad se haga cargo del operativo policial de la próxima marcha por los jubilados
En el marco de la próxima marcha por los jubilados que estará acompañada por el paro general de la CGT, el juez Roberto Gallardo ordenó que el Gobierno porteño organice el operativo que se desarrollará este miércoles 9 de abril.
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Con esta decisión, dispuso que el ministerio de Seguridad Nacional no intervenga en el desarrollo del operativo, por lo que las fuerzas federales no podrán interceder. Roberto Gallardo se encuentra a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución tuvo lugar después de una presentación de los cosecretarios de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato y Maia Volcovinsky; y el secretario General y representante legal de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Walter Gramajo. Además, ordenó que el Gobierno nacional no interfiera en la autonomía de la Ciudad.
En tal sentido, el juez cuestionó los últimos operativos que se llevaron adelante y que fueron organizados por La Libertad Avanza. "En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos", expresó el juez.
En esta línea, aseguró: "Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA sin pretexto de aplicar protocolos que 'proponen' asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación".
Además, Gallardo se refirió a la independencia de la Ciudad: "La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio, nada de lo que acontece cada miércoles es novedoso: la omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder, cediendo autonomía, rebajando a las fuerzas de seguridad locales a simples espectadores o ayudantes".
