La estrategia legal del Gobierno para que la Justicia no frene la suba del Impuesto Automotor

La Justicia provincial tiene que resolver en los próximos días si suspende o no la última actualización del Impuesto Automotor, que en algunos casos llegó a subir un 180% respecto al año pasado. Dirigentes del Partido Verde presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar con el objetivo de que se frene el incremento. El Gobierno provincial realizó una presentación ante el Juzgado Civil que tomó la causa y su principal argumento fue que la demanda debería haberse planteado ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM), que es la responsable de recalcular el impuesto, a la vez que que defendió la legalidad del método de actualización y apuntó contra los legisladores que impulsaron la demanda judicial.

La última actualización del Impuesto Automotor en Mendoza generó fuerte controversia a raíz del cambio en el modo de cálculo que dispuso ATM. Para tomar el valor base de los vehículos a la hora de calcular el tributo se decidió tomar los datos de la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA), en lugar de los valores especificados por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) como venía sucediendo en los años anteriores.

El punto de conflicto fue que los valores de ACARA son más elevados que los de la DNRPA, lo que se tradujo en una suba del impuesto mayor a la inflación anual del 2024. Las autoridades provinciales explicaron que la tabla que se venía tomando históricamente dejó de actualizarse en agosto del año pasado y que por lo tanto tenía valores viejos y había modelos de vehículos que no figuraban. A la vez, resaltaron que la Ley Impositiva 2025 ya contemplaba la posibilidad de cambiar la base de cálculo.

Semanas atrás, dirigentes del Partido Verde decidieron demandar ante la Justicia al Gobierno provincial, con el objetivo de que se frene la última suba del Impuesto Automotor. El amparo y la medida cautelar fueron presentados por el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, el senador provincial Dugar Chappel y el concejal de Capital Ricardo García, con el patrocinio del abogado Bruno Giambastiani.

La acción de amparo se articula con el fin de que se ordene al Gobierno de Mendoza a recalcular el monto resultante correspondiente al Impuesto Automotor pertenecientes a los actores, y se calcule el monto total del impuesto 2025 tomando como referencia el valor del vehículo informado por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

A su vez, solicita también que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9.597 (Impositiva 2025) ya que en el penúltimo párrafo del artículo 9 determinó como base imponible del Impuesto Automotor a utilizar indistintamente los registros DNRPA, ACARA o cualquier otro.

La estrategia del Gobierno

El Gobierno provincial contestó esta semana la demanda planteada por los dirigentes opositores. La presentación fue elaborada por el abogado Bernardo Talamonti Baldasarre, integrante de la Asesoría de Gobierno.

El principal argumento esgrimido por el Ejecutivo fue que el organismo competente para recalcular el monto del impuesto es la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y que se trata de un “organismo autárquico” del Gobierno.

“La única legitimada pasivamente para realizar el inviable recálculo que se pretende es la Administración Tributaria Mendoza, ente descentralizado y autárquico, con personería propia”, advierte la presentación y resalta también que es “la única competente para recalcular impuestos, siendo ella la única legitimada pasiva para estar en este juicio, no teniendo mi mandante (el Gobierno provincial) tal competencia y consecuentes facultades impositivas”.

Advierte también que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha señalado en otros fallos que no puede demandarse a la Provincia por actos emanados u omisiones de sus entidades descentralizadas, que constituyen un centro de imputación normativa y tienen capacidad para estar en juicio con la personalidad jurídica que poseen.

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa del Gobierno es que los demandantes no acreditaron la imposibilidad de abonar el impuesto y señala que algunos de ellos cobran sueldos de legisladores, por lo que no tendrían dificultades para afrontar el pago. “Resulta llamativo que invoquen ese perjuicio, pues los cuatro son abogados y, al menos dos de ellos -Chappel y Fugazzotto- son legisladores, por lo cual, además de no acreditar que no tengan ingresos para poder pagar el monto del impuesto automotor, es claro que siendo abogado y legisladores no se evidencia esa carencia de ingresos que les imposibilite afrontar el pago tal como alegan como fundamento de la acción, careciendo así de un interés demostrable en accionar y una clara inexistencia de caso”, señala la presentación.

El abogado del Gobierno puso de manifiesto, a su vez, que cuando ATM debió cumplir con la obligación de determinar el avalúo y ajustar los valores “al momento de emitirse la facturación correspondiente a la primera cuota del gravamen” la tabla de la DNRPA se encontraba desactualizada. Además, aclaró que en las propias boletas se informan las tablas con los valores tomados en cuenta, con un link al cual el contribuyente puede ingresar.

De esta manera, concluye señalando que “si pretende el recálculo de su impuesto, los actores debieron presentarse ante ATM, a quien no demanda, para cuestionar el importe que aparece en la pertinente boleta, y para el planteo de inconstitucionalidad de la norma debió haber ejercido la acción de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte o haber efectuado un planteo administrativo en tales términos, lo cual no han realizado”.

Asimismo, agrega que “la norma atacada resulta constitucional y no violenta ninguno de los principios y derechos constitucionales que invocan”, por lo que le solicita al Juzgado Civil interviniente que rechace el amparo y la cautelar presentada por los legisladores del Partido Verde para que se frene la suba del Impuesto Automotor.

El Juzgado Civil Nº 12 es el que debe resolver si hace lugar o rechaza la medida cautelar y ya corrió traslado a la Fiscalía de Estado para que analice el caso y elabore un dictamen, posteriormente se espera la resolución sobre el futuro inmediato para este importante tributo provincial.