Por qué y cómo debe hacerse ya el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires

Durante más de tres décadas, la transferencia de la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires fue un tema postergado, atrapado en discusiones políticas, intereses cruzados y, sobre todo, en una inercia institucional difícil de romper. Hoy, ese tiempo se está terminando. La reciente creación de una Comisión por parte del Gobierno nacional para avanzar en este proceso no es un hecho más. Es la respuesta — tardía, pero necesaria — a un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que volvió a poner el dedo en la llaga: la falta de acción de los poderes políticos frente a un mandato constitucional claro. En el caso Ferrari c/ Levinas, la Corte fue contundente. Exhortó al Ejecutivo nacional y a las demás autoridades responsables a adaptar las leyes y dar inicio, de una vez por todas, al traspaso de competencias judiciales ordinarias a la Ciudad de Buenos Aires. No es el primer fallo en ese sentido, pero sí uno que no puede volver a ser ignorado. 

El fallo tiene dos grandes grupos temáticos sobre los que resuelve, a los que vale la pena prestar atención. Uno es todo aquello relativo al carácter de provincia de la Ciudad Autónoma, su jurisdiccionalidad, y el inmovilismo de 30 años. El otro grupo temático, al que se le ha prestado menos atención pero tan importante como el anterior, define los limites de la Justicia Nacional, citando fallos de la corte en relación a que no es equiparable a la Justicia Federal, al mismo tiempo que ratifica la interpretación de que las justicias ordinarias provinciales atienden el derecho ordinario hasta sus ultimas instancias antes de pedir la intervención de la Corte. O dicho de otra manera, que cada Provincia se ocupa de los conflictos de sus habitantes.

Frente a esto, tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar: poner en marcha un proceso ordenado, gradual, pero irreversible, que lleve a que la ciudad de Buenos Aires tenga, como cualquier otra provincia, el control pleno de su propia justicia.

Voluntad política: lo primero que hay que declarar

Es clave que tanto la Nación como la ciudad den una señal política clara: que expresen su voluntad definitiva de iniciar este traspaso. No alcanza con crear una comisión o cumplir formalmente con un fallo. Hay que dejar en claro que se trata de un compromiso institucional firme, hacia el cumplimiento de la Constitución y hacia los ciudadanos que merecen un sistema de justicia más eficaz y cercano.

Las vacantes: el punto de partida más concreto

Hoy casi el 35% de los cargos judiciales nacionales están vacantes. Esto es mucho más que un número: es una muestra del deterioro y la parálisis del sistema. El primer paso concreto debería ser que esos cargos empiecen a ser cubiertos por la ciudad, a través de su Consejo de la Magistratura. No tiene sentido seguir designando jueces nacionales en un sistema que la Corte ya declaró transitorio. Este puede y debe ser el inicio real del traspaso: que los nuevos jueces comiencen directamente bajo la órbita de la ciudad. Y de esa manera, el proceso gradual estará sujeto a las vacantes que se vayan produciendo o el traspaso voluntario que cualquier magistrado pueda solicitar a su voluntad.

Cambiar las leyes para ordenar el sistema, desnacionalizar y separar lo federal

Este proceso también exige reformas legislativas en el inicio, honrando el segundo grupo temático del fallo Levinas. Hoy, buena parte de las causas que trata la Justicia Nacional involucran a personas que no viven en la ciudad de Buenos Aires. Esto distorsiona el sentido de ese fuero ordinario y sobrecarga un sistema que ya no tiene razón de ser. Las provincias tienen sus propios poderes judiciales, y deben ser ellas —no una justicia nacional artificial— las que resuelvan los conflictos de aquellos que tienen domicilios locales. Por otro lado debería prohibirse, hasta tanto se termine de traspasar todo el sistema, que de no tener domicilio en CABA, las citadas en garantía o terceros quienes fueren no podrán proveer de esa ventaja para litigar en la Justicia Nacional ordinaria. De esa manera inicia un proceso de atención exclusiva a quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, hasta tanto termine el proceso de traspaso que bien podría ser una década.

También hay que revisar qué competencias deben seguir en la Justicia Federal (como algunos temas laborales, sindicales o comerciales) y cuáles deben pasar al ámbito local. Esto no es una pelea de jurisdicciones: es ordenar el sistema, hacerlo más eficiente, más claro, más justo. Para ello se debe legislar el destino al fuero federal, como paritarias, por ejemplo. Para ello en el caso de laboral habrá que convertir algunos juzgados laborales nacionales al nuevo fuero, según la cantidad de causas demande, y por otro lado de comercial y civil algunos juzgados, con el mismo criterio cuantitativo, deberá sumarse al fuero federal Civil y comercial para atender ese tipo de causas y las transferidas a ese fuero que hasta hoy atendía el fuero nacional

Ordenar legislativamente resulta clave para terminar con la cultura de confusión generada por falta de Juzgados o fueros federales, y por la idea de fuero nacional de la capital, aunque ya no existen habitantes de la Capital Federal, que para la Justicia Nacional eran todos los argentinos, sino aquellos que tienen domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La gran oportunidad: una justicia moderna, oral y cercana

Con nuevos códigos procesales, con un enfoque oral, más rápido, transparente y humano. Con una Legislatura que —lo sé por experiencia— está más abierta a la participación ciudadana y a los consensos, este puede ser un proceso ejemplar. El traspaso de la justicia a la Ciudad no es solo una cuestión administrativa o jurídica. Es una oportunidad histórica para cumplir con la Constitución, para modernizar el sistema judicial, y sobre todo, para dar una mejor respuesta a las y los vecinos porteños.

No debemos perder esta oportunidad. Y no podemos seguir esperando. El momento de actuar es ahora.

* Sergio Abrevaya. Presidente GEN, abogado, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires.