A manos privadas

El Gobierno reveló la letra chica del convenio para la privatización de Impsa

El gobernador Alfredo Cornejo ratificó el contrato de compraventa por el cual el consorcio IAF adquirió las acciones de la empresa que estaba en manos del Estado.

Gianni Pierobon
Gianni Pierobon jueves, 24 de abril de 2025 · 12:11 hs
El Gobierno reveló la letra chica del convenio para la privatización de Impsa
Foto: Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves el contrato de compraventa de las acciones de Impsa SA, tras la privatización de la empresa que pasó de manos del Estado a la empresa Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF). En el convenio se establecieron las condiciones del traspaso de las acciones que pertenecían al Gobierno nacional y a la provincia, adquiridas a mediados de 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández.

A través del decreto Nº 724, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó el contrato de compraventa por el cual el consorcio IAF, cuyo socio principal es ARC Energy, adquirió el 84,9% de las acciones totales de la compañía metalúrgica emblemática de la provincia.

En la norma se aclara que la venta se realizó “bajo los principios de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades”, mediante una licitación pública. Destacaron que el pliego fue adquirido por once interesados y se estableció el 31 de octubre de 2024 como fecha límite para la presentación de ofertas. En esa fecha, se realizó la apertura de sobres en acto público con la presencia de un escribano convocado al efecto, constatándose que la única oferta presentada correspondió a IAF.

Tras un periodo de evaluación la venta se concretó el 11 de febrero de este año. De esta manera, los nuevos propietarios se quedarán con el 84,9% de las acciones clase C que actualmente pertenecían al FONDEP, en un 63,7%, y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza. Así, una  de las empresas más relevantes de la Argentina vuelve a ser operada por privados, en lo que simbolizó la primera privatización de la era Milei.

El contrato se firmó entre IAF, la provincia de Mendoza y el Fondo para el Desarrollo Productivo (FONDEP), representando al Gobierno nacional. El Estado nacional y el provincial vendieron 1.817.200.000 de acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase C de IMPSA, con derecho a un voto cada una y un valor nominal de $1 cada una, que representan el 100% de las acciones Clase C.

El contrato señala que realizaron un llamado a licitación pública e internacional para la venta de las acciones y como resultado la empresa IAF resultó adjudicataria. La transferencia de todas estas acciones comprender la totalidad de los derechos políticos y patrimoniales que otorgan las mismas conforme los estatutos de la sociedad y la legislación societaria vigente en Argentina.

La cláusula 4 del convenio establece que “e precio de esta compraventa se fija en la suma total y única de 20.000 dólares, el cual será pagado por la compradora junto con la suscripción del contrato mediante la transferencia de dicha suma en las cuentas bancarias de titularidad de los vendedores”.

A su vez, la cláusula 5 establece como “condición esencial” que ambas partes acuerdan expresamente que la compradora realice una capitalización de la empresa por la suma de 27 millones de dólares.

Remarcan que la operación se hace “a los efectos de mantener la capacidad operativa de la empresa y su condición en marcha” y detalla el cronograma de desembolsos.

  • US$ 6.750.000 tras la firma del contrato y como aporte a cuenta del aumento de capital que resuelva la asamblea.
  • US$ 5.000.000 dentro de los primeros tres meses siguientes.
  • US$ 3.000.000 dentro de los seis meses siguientes.
  • US$ 5.000.000 dentro de 2025
  • US$ 2.250.000 dentro del primer trimestre de 2026
  • US$ 5.000.000 dentro del primer semestre de 2026.

A su vez, aclara que la falta de cumplimiento en término de la integración comprometida hará pasible a la compradora de una multa por la suma de US$ 5.000.000 en concepto de cláusula penal, sin perjuicio de los reclamos por daños y perjuicios que pudieren corresponder.

Este es el contrato firmado con los nuevos dueños de Impsa:

 

 

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