Enojo y preocupación en el Gobierno por el fallo que obliga a pagarle a un preso
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que obliga a pagarle salarios adeudados a un hombre que estuvo 20 años preso generó un gran malestar en el Gobierno provincial. Advierten que marca un precedente preocupante que pone en jaque la política provincial de estímulos positivos para combatir el ocio en las cárceles que se comenzó a implementar en las últimas gestiones radicales.
Los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio dictaron una sentencia en la que condenan al Gobierno de Mendoza a pagarle a un preso que estuvo detenido durante 20 años por los trabajos que realizó mientras estuvo privado de la libertad. El beneficiado es un ex recluso llamado José Aníbal Molina, quien había interpuesto una acción procesal administrativa contra la Provincia a fin de que se haga lugar al reclamo del pago de salarios por el trabajo realizado durante el período de privación de su libertad entre 1996 y 2016.
Los magistrados hicieron lugar a la demanda y ahora el Gobierno debe abonar las sumas adeudadas más los intereses por ese largo periodo de tiempo. No obstante, desde el Ejecutivo provincial no ocultaron su enojo por las características de este fallo judicial y las consecuencias que creen que puede tener.
En diálogo con MDZ, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, cuestionó la decisión de los jueces. “No es una cuestión sólo ideológica. Es importante este fallo, más allá del precedente, porque hay que poner el escenario hipotético que los jueces no se plantean, ya que ellos dicen que están fallando solamente en este caso. El escenario hipotético es que cerremos escuelas para pagarle a los presos que limpian su celda”, manifestó.
La funcionaria indicó que el fallo corresponde a los trabajos que realizó el ex recluso durante un periodo previo a 2016, ya que luego de ese año, el gobernador Alfredo Cornejo durante su primer mandato modificó la Ley de Ejecución de la Pena y se estableció que las personas privadas de la libertad tienen el derecho y obligación de estudiar o trabajar durante su permanencia en las cárceles del Servicio Penitenciario Provincial.
“Para que ellos accedan a los regímenes de libertad anticipada se valora especialmente que trabajen o estudien. Lo que ha hecho la Ley es estimular positivamente a las personas privadas de la libertad en el estudio y el trabajo porque lo ven como un buen concepto. No lo hacen por el salario mínimo vital y móvil o por lo que le vayan a dar”, indicó la ministra.
Consideró que el reciente fallo de la Corte se basó en la ley nacional, que hace más hincapié en la remuneración de los reclusos y señaló que en Mendoza se les da un peculio a los presos.
El pago de sueldos a los presos que trabajan es un tema que está en agenda nacional, ya que durante el gobierno de Alberto Fernández y las gestiones anteriores se determinó pagarle a todas las personas privadas de la libertad una porción del salario mínimo vital y móvil independientemente de que acrediten trabajar o no, y existe una intención del actual Gobierno nacional de modificar esa situación.
“En Mendoza hubo una ley que tuvo el criterio de combatir el ocio con un estímulo positivo y se logró porque el 75% hoy estudia o trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial”, destacó Rus.
Señaló que los presos que producen algún bien se les paga por la venta del producto, pero también que existe una modalidad de emprendedores, en las que los familiares de las personas privadas de la libertad les acercan algún tipo de emprendimiento y se quedan con la ganancia.
En tanto, la ministra de Seguridad y Justicia se mostró molesta por las consecuencias que puede traer el fallo judicial y apuntó contra los jueces con una ironía: ““Parece que van a solucionar el problema del desempleo en Mendoza, ya que todos los ciudadanos van a cometer un delito para ir a la cárcel. Se va a garantizar un sueldo, que no vas a tener que pagar impuestos y si le sumamos el fallo de Sarmiento le vamos a garantizar que van a tener una cabina privada especial para ver Netflix”.
Hizo referencia a la resolución de la semana pasada del juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, quien había suspendido la quita de celulares a los presos de Boulogne Sur Mer y San Felipe, hasta tanto no se instalaran en los complejos penitenciarios cabinas para los detenidos puedan realizar videollamadas. Finalmente, esa medida quedó sin efecto tras el apartamiento del magistrado de la causa.