Proyectaban un barrio, pero expropiaron el terreno para un mega basural

El miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza le dio sanción definitiva a la expropiación de un terreno de 47 hectáreas en Alto Salvador, en el departamento de San Martín y el Gobierno promulgó la ley hoy. El objetivo que tiene la municipalidad es hacer una escombrera, aunque podría terminar en un basural a cielo abierto, que está prohibido en Mendoza. Las tierras están en litigio ya que el dueño y el municipio firmaron un convenio por el que se permitía hace casi dos décadas el vertido residuos domiciliarios en zanjas que la comuna nunca terminó de hacer y el propietario ya tuvo el visto bueno de la Justicia en dos instancias por el que el municipio debería pagar un juicio millonario. Además, las tierras lindan con distintos barrios que se oponen a que haya una basural - además violan las normas ambientales por la cercanía con poblaciones- y enfrente tienen un oratorio que es patrimonio nacional. 

La iniciativa aprobada es del Poder Ejecutivo ya que la Legislatura está en periodo extraordinario y no se pueden tratar hasta el 1 de mayo que termine esta etapa, proyectos de legisladores. Fue avalado la semana que finalizó. En el texto "se propicia declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación de un terreno baldío ubicado en el departamento de San Martín, que será destinado al emplazamiento de la escombrera municipal. Dichas tierras se sitúa en Calle Oratorio S/N con salida a calles Miguez y Barreras del Distrito Alto Salvador, que consta de una superficie superior a los 46 mil metros cuadrados. Entre los fundamentos, aparece: “La intención de esta solicitud tiene su fundamento en que la presente expropiación ha sido considerada como indispensable para mejorar la política ambiental del departamento. Asimismo, el inmueble sujeto a expropiación tiene una ubicación estratégica ya que se encuentra cercano a la Planta de Transferencia de Residuos Domiciliarios y a la Estación de Reciclado llevada adelante por la Cooperativa "EI Humito”.

La historia

Sin embargo la historia detrás de este terreno data de hace más de treinta años. Lo adquirió Diego Martínez, un médico, a comienzos de los 90. Son dos propiedades que pertenecían a un español que había vuelto a su país y que el municipio usaba uno para una escombrera. El nuevo propietario hizo un juicio en 1994 al municipio y se lo ganó para que deje de usar su terreno. Pero esto no terminó acá. Durante la gestión del exintendente peronista Jorge Omar Gimenez, le propusieron a Martínez hacer zanjas grandes para luego generar un sanitario en su terreno. Se rellenarían con basura orgánica que servirían para un bosque de álamos, entre otras opciones. En paralelo, Martínez continúa con un proyecto propio, "hacer un barrio, pero como no tengo espalda económica, lo fui haciendo lentamente", le cuenta a MDZ recordando aquel convenio del año 2007 que no llegó a buen puerto. 

El acuerdo firmado consistía en que se permitía el vertido y tratamiento de residuos domiciliarios pero no se cumplió tras el paso de los años. "Fui a 11 reuniones, nunca me ofrecieron una solución. La situación era un desmadre, había en esas zanjas que nunca cerraron restos de animales, hasta un feto", cuenta,  Por eso, Martínez, ahora por otro motivo y abriendo una nueva causa, fue a la Justicia. En la demanda se comprobó que la basura arrojada excedió los parámetros y no se cumplieron los pasos acordados. En cambio, el lugar quedó abandonado y la basura generó lixiviados y otros problemas ambientales. Según los peritajes, el volumen de residuos depositados en las trincheras ascendería a 38.500 m3. Además, se sumó un volumen de 3790 m3 de escombros.

La Justicia determinó que “se encuentra acreditado el daño ambiental en el inmueble y que existe, por parte del municipio demandado, obligación legal de garantizar a sus habitantes la seguridad y la integridad psicofísica preservando el medio ambiente a través de políticas activas pertinentes, de modo que el incumplimiento de este deber  hace incurrir al municipio en la configuración de la responsabilidad por omisión, toda vez que el mismo ejerce el poder de policía sobre su comuna en materia ambiental”

La causa en primera y segunda instancia fue a favor de Martínez. O sea que la municipalidad apeló pero la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, el 4 de agosto del 2024, le rechazó el recurso y además, le ordenó a hacer un plan de saneamiento del terreno y pagarle al damniifcado,es decir a Martínez. La comuna decidió ir a la Corte quien tendrá la última palabra. Mientras tanto, avanzó por otras vías: envió una ordenanza al Concejo Deliberante y luego un proyecto - que lo mandó el Gobierno provincial- para expropiar el terreno. Tanto en el Concejo como en la Legislatura, con votos propios le fue bien. 

MDZ habló con un concejal que está siguiendo de cerca este asunto: el peronista Alejandro Ravazzani. "Llama la atención que los legisladores hayan votado un proyecto para expropiar un terreno que será una escombrera, que todos sabemos que terminará en un basural, sin notar que hay normas que impiden que se realice este tipo de proyecto en ese lugar", aseguró el edil. En primer lugar, mencionó a "la ley provincial 5970 que fue sancionada en 1992 donde claramente establece el marco legar ara los residuos sólidos urbanos y prohíbe los basurales a cielo abierto, totalmente lo contrario a lo que de manera irresponsable acaban de aprobar en la Legislatura". 

Por otro lado, se refirió a la población que linda al terreno. "A 300 metros está un barrio del Renab, que son 250 casas, es decir que al menos viven unas 300 familias. A 400 metros, hay una escuela. A 700 hay un barrio privado y a otros 300 está otros. Ningún vecino está a favor de que acá se instale una escombrera. Pero además el basural ,estaría enfrente también del Oratorio de Alto Salvador, Monumento Histórico Nacional y una de las pocas edificaciones anteriores al terremoto de 1861 que aun se conservan en la provincia, lo que sin duda afecta directamente nuestro patrimonio y las posibilidades turísticas del mismo", sostuvo. 

"Una resolución de enero de 2025 de la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza creó el Registro Provincial para la disposición final segura de residuos sólidos urbanos. Esta resolución establece condiciones mínimas para los sitios de disposición final, incluyendo criterios de ubicación basados en estudios específicos que avalen su viabilidad. Además, estándares internacionales y nacionales, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), recomiendan que los rellenos sanitarios estén ubicados a una distancia
mínima de 2.000 metros de zonas urbanas densamente pobladas para minimizar riesgos sanitarios y ambientales.
Los basurales a cielo abierto contaminan el aire, el suelo y el agua, además de dañar la flora y la fauna autóctona,  y modificar en forma negativa el paisaje.Liberan gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono Emiten compuestos orgánicos volátiles (COV) que afectan la calidad del aire .La quema de residuos genera humo que afecta la salud de la población y la visibilidad de los conductores", finalizó. 

Según fuentes consultadas en San Martín, dijeron a este diario en estricto off que el municipio tomó esta resolución de la expropiación para evitar pagar el juicio millonario que sería ratificado por la Corte.