La Corte Suprema falló contra grupos "mapuches" que ocuparon terrenos en San Rafael

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que confirma la sentencia de la Justicia mendocina para desalojar tierras ocupadas ilegalmente en San Rafael. La decisión judicial pone fin a una controversia que comenzó durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se cedieron aproximadamente 3.500 hectáreas en territorio mendocino. 

El gobernador Alfredo Cornejo y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto celebraron el fallo en redes sociales. "La Corte Suprema rechazó el último recurso con el que quisieron adueñarse de 3500 hectáreas en el Sur de Mendoza haciéndose pasar por comunidad mapuche Lof El Sosneado. Esta decisión que sustenta la posición de los legítimos dueños de las tierras, se complementa con la decisión que conseguimos torcer este año y que termina con el ridículo intento del Gobierno de Alberto Fernández por legitimar una ocupación sin sentido", resaltó Cornejo en X.

"Es una decisión coherente y sensata del máximo tribunal, que reafirma una posición que sostuve desde mi etapa como senador y que en la actualidad encuentra una resolución definitiva. El fallo confirma lo que ya indicaban los antecedentes históricos: esta comunidad no tiene raíces ni posesión ancestral en nuestra provincia ni en el país. Por eso, vamos a seguir manteniendo la protección de las comunidades originarias auténticas sin permitir abusos que desvirtúen sus derechos. Se cierra así un capítulo marcado por arbitrariedades y se reafirma la vigencia del Estado de derecho", completó el mandatario mendocino.

En febrero de 2023, Pichetto junto al entonces senador y actual gobernador de Mendoza habían presentado una denuncia penal contra el Gobierno de Alberto Fernández por la entrega de estos terrenos. Ambos dirigentes cuestionaron la legalidad de las adjudicaciones realizadas y defendieron públicamente los derechos provinciales sobre estos territorios. La controversia involucró a grupos que el legislador identifica como "pseudo mapuches", quienes habrían ocupado ilegalmente estas propiedades con aparente aval del Gobierno nacional de aquel momento.

Durante su reclamo inicial, los denunciantes expusieron su posición ante estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. En aquella oportunidad exigieron la devolución de las tierras a quienes consideran sus legítimos propietarios y subrayaron la autonomía provincial para decidir sobre su territorio. 

El pronunciamiento del máximo tribunal dejó firme la decisión tomada previamente por la Corte mendocina, que había ordenado el desalojo de los ocupantes. Esta resolución marca un precedente significativo en materia de derechos territoriales y jurisdicción provincial. Para el diputado Pichetto, este fallo representa el fin de lo que caracterizó como "la locura de aquel Gobierno", en referencia a la administración del expresidente Fernández.

La controversia por estas tierras en San Rafael formaba parte de un conflicto mayor sobre ocupaciones territoriales en diferentes puntos del país. Según señaló el legislador en su mensaje publicado en la red social X, todavía existen aproximadamente 1.800 reclamos pendientes de resolución en situaciones similares. Estos casos continúan generando tensiones entre comunidades originarias, propietarios privados y diferentes niveles de Gobierno.

El fallo judicial podría tener implicancias significativas para otros conflictos territoriales vigentes en Argentina. La definición de la Corte Suprema establece un criterio que prioriza los derechos de propiedad reconocidos y la jurisdicción provincial sobre decisiones tomadas por el Gobierno nacional anterior.