Diputados piden explicaciones al Gobierno por un cateo minero en las tierras de Martín Varsavsky

Un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados de Mendoza puso bajo la lupa un permiso de exploración minera que abarca casi 10.000 hectáreas en una zona cordillerana de San Carlos que últimamente acaparó la atención debido al "refugio antinuclear" que Martín Varsavsky tiene junto a otros empresarios. La iniciativa busca que el Gobierno provincial detalle el estado del trámite, quiénes son sus titulares, qué minerales se pretende explorar y qué trabajos están previstos sobre el terreno.

El pedido fue presentado por los diputados Jorge Difonso y Rolando Scanio, de La Unión Mendocina, y está referido al cateo denominado “Mía I”. El tema había sido revelado por MDZ días atrás cuando dio cuenta de la existencia de dos pedidos de exploración minera que se superponen con los terrenos vinculados al emprendimiento Wamani, en San Carlos.

El pedido ingresado en la Legislatura apunta especialmente a determinar la ubicación exacta del cateo y su relación con áreas naturales protegidas, cuencas hídricas y fuentes de agua de importancia para San Carlos y el Valle de Uco.

Según consta en el expediente, la solicitud de permiso fue presentada ante la Escribanía de Minas el 23 de diciembre de 2024 y comprende una superficie aproximada de 9.733 hectáreas y 8.980 metros cuadrados. El edicto publicado en el Boletín Oficial durante agosto señala que el área se encuentra “fuera de áreas de reserva”.

Precisamente, esa referencia es uno de los puntos que los legisladores quieren aclarar. El proyecto solicita que el Ejecutivo informe qué estudio técnico, cartográfico y jurídico sustenta esa afirmación y que determine si el polígono se superpone o no con la Reserva Natural Laguna del Diamante o con cualquier otra área natural protegida.

Las tierras del "refugio antinuclear" de Martín Varsavsky están en el Valle de Uco.

Archivo MDZ

Difonso y Scanio también reclaman que se informe cuál es la distancia entre el cateo y esas áreas en caso de que no exista superposición. “Que un proyecto esté fuera de un área protegida no alcanza para descartar sus posibles vinculaciones hídricas, ambientales y ecosistémicas”, sostienen los legisladores.

El pedido deberá avanzar ahora en la Cámara de Diputados, donde los autores buscarán conocer con precisión qué hay detrás del trámite de exploración y cuál es su relación territorial y ambiental con una de las zonas cordilleranas claves del Valle de Uco.

Los detalles del pedido que ingresó en Diputados

El pedido de informes plantea un relevamiento profundo sobre el proyecto. Uno de los principales objetivos es conocer qué sustancia o sustancias minerales se pretende explorar y cuáles fueron los antecedentes geológicos que dieron origen a la solicitud.

Los diputados también quieren conocer con precisión qué trabajos están previstos. En el proyecto solicitan que se detalle el programa presentado por los solicitantes, incluyendo “prospección geológica; muestreo; geofísica; geoquímica; trincheras o calicatas; perforaciones; sondeos; voladuras” y la eventual apertura o utilización de caminos y huellas, además de campamentos, maquinaria, movimientos de suelo y transporte.

En caso de que estén previstas perforaciones, Difonso y Scanio reclaman que se informe su “cantidad, profundidad y ubicación proyectada”.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el agua. La iniciativa pide determinar en qué cuenca, subcuenca y microcuenca se encuentra el pedimento y si existe algún vínculo superficial o subterráneo con los arroyos Yaucha, Papagayos y Rosario, el río Diamante u otras fuentes que abastezcan al oasis productivo de San Carlos y del Valle de Uco.

Además, el proyecto reclama específicamente que se informe “si las tareas de exploración proyectadas requieren utilización de agua superficial o subterránea”. En caso de ser así, también pide conocer la fuente de abastecimiento, el volumen diario y total estimado, la ubicación de las captaciones, la existencia de permisos o concesiones de uso, la intervención de Irrigación y el destino del agua utilizada.

La cuestión ambiental ocupa otro tramo importante del requerimiento. Los legisladores buscan saber si existe una Declaración de Impacto Ambiental, qué organismos públicos intervinieron y qué dictámenes fueron elaborados. Entre las dependencias sobre las que piden información se encuentran el Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de San Carlos y los organismos provinciales vinculados con áreas protegidas, biodiversidad, patrimonio, ordenamiento territorial y glaciares.

También reclaman conocer si la Municipalidad de San Carlos “fue notificada o consultada respecto del pedimento y/o del procedimiento ambiental” y, en caso de haber intervenido, que se entregue copia de toda la documentación correspondiente.

En cuanto a lo referido a las áreas protegidas, el pedido exige se informe “cuál es el estudio técnico, cartográfico y jurídico que sustenta dicha afirmación” de que el cateo se encuentra fuera de áreas de reserva.

A su vez, pide un plano georreferenciado y un archivo digital que permita superponer el área del cateo con los límites departamentales, áreas protegidas, cuencas y subcuencas hidrográficas, cursos de agua, glaciares, ambiente periglacial, vegas, humedales y caminos existentes.

El expediente también incorpora preguntas sobre una eventual explotación futura. Los diputados solicitan que se informe si existe “documentación, estudio preliminar o manifestación de los solicitantes respecto de una eventual etapa futura de explotación” y que se aclare expresamente “si existe o no, a la fecha, autorización alguna para explotación minera”.

Además, quieren conocer quiénes son los titulares de los terrenos alcanzados por el pedimento, si fueron notificados y si hubo acuerdos para el ingreso a los predios, utilización de caminos, servidumbres o indemnizaciones.

Finalmente, el proyecto reclama que se entregue una copia digital íntegra del expediente relacionado al cateo, con sus actuaciones, anexos, planos, estudios, dictámenes, informes sectoriales y actos administrativos.

El cateo que está bajo la lupa

El pedido legislativo se produce después de que trascendiera la existencia de dos pedidos de exploración minera en la zona vinculada con Wamani, el emprendimiento ubicado en San Carlos que cobró notoriedad por el proyecto impulsado por el empresario tecnológico Martín Varsavsky y otros inversores.

Los dos cateos son “Sofía I” y “Mía I” y, en conjunto, comprenden más de 17.000 hectáreas. Los registros corresponden a trámites iniciados en diciembre de 2024, aunque los edictos fueron publicados a mediados de agosto de 2026.

En el caso de Mía I, que ahora quedó bajo análisis de los diputados, el propio pedido de informes advierte además sobre una discordancia en la documentación oficial respecto de sus solicitantes. El edicto menciona a Gustavo César Sued y Marcelo Rafael Sued en su encabezado, pero en otra parte del documento identifica a Pablo Adolfo Marino y Mario Daniel Marino como quienes solicitaron el permiso. Por eso, Difonso y Scanio reclaman que el Ejecutivo determine quiénes son actualmente los solicitantes o titulares y acompañe la documentación que lo acredite.

La iniciativa también solicita conocer quiénes son los titulares de los terrenos alcanzados por el pedimento, si fueron notificados y si hubo acuerdos para el ingreso a los predios, utilización de caminos, servidumbres o eventuales indemnizaciones.

Cabe resaltar que ser el dueño del terreno no implica ser propietario de los recursos naturales y el subsuelo, ya que es el Estado quien los concesiona. En el caso de la minería, las propiedades mineras las puede pedir cualquier persona que manifieste interés sobre una zona en la que no haya concesiones previas. En referencia a esto, no hay indicios en el registro oficial que los “dueños” de esas propiedades mineras del Valle de Uco y el Sur estén asociados con los dueños de la tierra.

Qué es Wamani

Wamani es una estancia que en principio se desarrolla como emprendimiento turístico, con el eje en el bajo impacto sobre el territorio. Al estar aislado y con recursos naturales cercanos (sobre todo agua) se creó la idea que sería una zona ideal ante cualquier conflicto de escala global. En el lugar se realizan actividades turísticas, de aventura y hay domos, construcciones de campo y puestos tradicionales de crianceros.

Los terrenos adquirieron relevancia cuando Martín Varsavsky, un empresario de influencia mundial en materia tecnológica, compró tierras y tentó a otros empresarios a acompañarlo para generar una especie de "tener un refugio antinuclear" en San Carlos. De ese emprendimiento también participan empresarios mendocinos que gestionan con Varsavsky y tienen producción propia.

El pedido de informes que ingresó a la Cámara de Diputados de Mendoza