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Piden la detención de un empresario por realizar desmontes ilegales en Chaco y secuestrar la evidencia

Así lo solicitó el fiscal federal Patricio Sabadini, por el presunto delito de desobediencia a un funcionario público.
Foto: Martin Katz / Greenpeace
Foto: Martin Katz / Greenpeace

La causa que investiga los desmontes ilegales realizados en Chaco sumó un nuevo capítulo: se pidió la detención del empresario Roberto Nardelli. Luego de que el Juzgado Federal de Resistencia N°1, presidido por la jueza Zunilda Niremperger, suspendiera esta actividad sobre el bosque nativo por varios meses, se descubrió que continuaron dentro de un terreno del acusado. Además, la maquinaria secuestrada por la Justicia como evidencia desapareció semanas después.

Todo comenzó en abril del 2024, cuando la legislatura chaqueña modificó el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, habilitando el desmonte de miles de hectáreas. A partir de allí, se abrió una investigación que parece develar una trama de corrupción que involucra a funcionarios, exfuncionarios, empresas y diputados peronistas.  

Con esta nueva legislación de ordenamiento se redujo la protección de este terreno, permitiendo así el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos, indígenas y de especies en peligro de extinción.

Cómo cambió con los años el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Chaco. Foto: Gentileza

Frente a este panorama, el fiscal federal Patricio Sabadini había formulado un requerimiento -al que el Juzgado le dio lugar- para interrumpir todos los desmontes durante tres meses, es decir, hasta el pasado noviembre. Esto recaía sobre aquellos que aún no habían sido aprobados, o los que sí se habían aprobado pero no comenzaron su ejecución. 

Terminada la vigencia de la resolución, fue prorrogada hasta el 14 de febrero de este 2025. Y luego, una vez más, pero por otros seis meses, por lo que la medida cautelar en cuestión posee plena vigencia de momento. Sin embargo, el pasado 21 de febrero se tomó conocimiento de nuevas actividades ilegales en cercanías de la localidad de Tres Isletas.

La Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) ‘Sáenz Peña’, de Gendarmería Nacional Argentina, acudió a un campo de grandes dimensiones, con un cartel que señala: “PLAN DE DESLINDES PERIMETRALES Y TRANVERSALES PARA MEJORAS. PROPIETARIO: Nardelli, Roberto Alesio".

El personal de la fuerza de seguridad pudo observar, a simple vista, tareas de desmonte activo, árboles caídos, quema de troncos y huellas de máquinas. Se constató allí dentro el uso de una topadora Lonking LD160, la cual el Ministerio Público Fiscal solicitó que sea secuestrada. 

No obstante, y después de que se tomara posesión de la maquinaria el 21 de febrero y quede en un depósito judicial en un predio lindante, la misma desapareció y su ausencia se constató recién el pasado 21 de marzo. El depositario habría manifestado que días antes, algunos vecinos vieron un camión de Nardelli llevándose la topadora.

Por ello, el fiscal Sabadini pidió la detención del empresario y lo acusó también del presunto delito de desobediencia a un funcionario público, previsto en el artículo 239 del Código Penal, en concurso real -artículo 55 del Código Penal-, por tratarse de cinco hechos o “desobediencias” independientes de un mismo sujeto.

De qué trata la causa de los desmontes en Chaco

Chaco es una de las provincias más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera. La pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley 26.331 y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en 2010 al 2022 asciende a 416.648 hectáreas, de las cuales el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte.

El principal apuntado es Hernán Halavacs, quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la provincia. No parece coincidencia que recientemente dejó su puesto; este pasó a ser ocupado por el senador Víctor Zimmermann, quien abandonó su banca en el Congreso para asumir como funcionario.

Cartel de desmonte en Chaco del 2022, a nombre del exministro Halavacs. Foto: Gentileza

Halavacs, antes de llegar al gobierno de Leandro Zdero, habría tramitado alrededor del 40% de los desmontes en la provincia entre 2014 y 2021. El objetivo de esta trama, según expresan en la denuncia, es el corrimiento de la frontera sojera, ganadera, y la comercialización de productos y subproductos como la madera o el carbón a partir de la explotación de suelo protegido. 

Los delitos que están en juego son: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, defraudación de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica de instrumento, tráfico de influencias e incluso trata de personas, apuntando a explotación laboral y de menores.

Los imputados en la causa que lleva el fiscal Sabadini, de momento, son los siguientes: 

  • Hernán Halavacs, ex ministro de Producción de Chaco y quien autorizó el 40% de todos los desmontes entre 2014 y 2021.
  • Roberto Alesio Nardelli, de 59 años. Empresario forestal acusado de violar la medida cautelar que suspende los desmontes en la provincia.
  • Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de Domingo Peppo y Jorge Capitanich, principal responsable del desmonte desde 2014 y hoy asesor forestal de Halavacs. Es también hijo de Roberto Olivares, ex funcionario de la Dirección de Suelos. En su perfil de LinkedIn figuró como coordinador del Consejo Consultivo Local y Comite Cuenca Forestal del Chaco desde febrero del 2022 hasta diciembre del 2023.
  • Atlanto Honcheruk, diputado provincial del PJ y empresario del transporte forestal. Es, de hecho, el titular de Honcheruk S.A., la mayor empresa transportista de madera de la provincia.
  • Miguel Ángel López, fue director de Bosques en la administración de Capitanich, y hoy titular de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Chaco SAS. 
  • Ana Victoria Hupaluk, empresaria forestal de Los Frentones, dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., firma dueña de la Estancia La Nueva Pirámide; un dato no menor es que comparte socios con Indunor S.A, una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los departamentos Brown y Güemes. 
  • Adolfo Eduardo Hupaluk, empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Familiar y socio de Ana Victoria; a ambos se los investiga por adquirir tierras de forma irregular y por explotación laboral e infantil. 
  • Juan José Bergia, diputado del bloque Nuevo Espacio de Participación (NEPAR), su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la "explotación irracional" de madera a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares habrían malversado fondos verdes para el clima otorgados por la ONU (de alrededor de U$S 100.000 cada uno).
  • Hernán Miguel Brunswig, del ministerio de Producción provincial.

¿Por qué se involucra a Vicentin?

La figura central que se encuentra en el banquillo de los acusados es, como ya se explicó, el ingeniero agrónomo Halavacs, quien habría emitido la mayor cantidad de permisos (irregulares) de desmonte de toda la provincia, en su carácter de fundador de la consultora “Hiula” contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria.

Entre los años 2014 y 2021, tramitó 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los que se realizaron en ese período. A su vez, sólo en el año 2020, autorizó el 70% de los 10 desmontes que hubo.

La familia Vicentin también cumpliría un rol dentro de esta trama de corrupción. Esta empresa aceitera, la sexta mayor agroexportadora del país entre 2018 y 2019 y que había caído en default ese último año, lo contrató a Halavacs como consultor en al menos 14 oportunidades.

En casi 5500 hectáreas, el técnico les realizó planes de desmonte, donde habría gestionado “personalmente” el respectivo permiso. Algunos de los establecimientos que se ubican en la ahora zona recategorizadas por el ex ministro pertenecen a esta familia, como lo demuestran las pruebas. La denuncia apunta a que "benefició directamente a su empleador con el nuevo e ilegal Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)".