El nuevo plan del Gobierno para saldar una deuda pendiente de miles de propietarios

El gobernador Alfredo Cornejo envió un proyecto de ley a la Legislatura con un nuevo plan para que miles de mendocinos puedan escriturar sus viviendas y consolidar el derecho de propiedad. El Gobierno provincial considera que la legislación vigente no ha logrado solucionar las trabas que impiden obtener el documento que constate que se es propietario de un inmueble y aseguran que durante las últimas tres décadas el universo viviendas a regularizar no ha decrecido sino que ha ido en aumento.

Existen múltiples circunstancias por las que varios propietarios, en especial beneficiarios de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), no terminan el trámite de escrituración. Suele suceder en la mayoría de los casos que se terminan de construir los barrios y la empresa a cargo de las obras entrega las casas rápidamente para que ingresen a vivir los adjudicatarios y evitar usurpaciones. Pero además, también ocurre que no se reúnen todos los elementos para la escrituración o en algunos casos ha cambiado la titularidad de la propiedad por un divorcio o fallecimiento.

A lo largo de los últimos 30 años se han impulsado iniciativas para que beneficiarios accedan a facilidades para regularizar la titularidad de viviendas que habitan y acceder a la escrituración. No obstante, desde el Ejecutivo provincial analizaron que las complicaciones no han sido producto del marco legal, sino de la aplicación de la normativa, por lo que decidieron avanzar con una nueva herramienta

La iniciativa lanzada por el Gobierno de Mendoza consiste en la creación del “Programa Mi Escritura” que tendrá la finalidad de gestionar, administrar y procurar todos los actos útiles pertinentes a los efectos de facilitar el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio de todos los inmuebles en los que el IPV hubiera intervenido y los que se encuentren sujetos a las condiciones y requisitos previstos en la Ley de Regulación Dominial y sus modificaciones.

En los fundamentos del proyecto, las autoridades provinciales aclaran que ya existe una base legal a nivel local y nacional que da sustento a la regularización dominial y al saneamiento de títulos. Remarca que estas leyes sancionadas a partir de 1994 apuntaban a solucionar la situación de crisis relacionada a las falencias en el sistema de titularización de inmuebles y con un fundamento de política social en materia de vivienda.

“Al realizar un análisis general de toda la normativa referida a regularización dominial, desde el año 1994 al año 2024, es factible observar que deviene en un régimen cuanto menos restrictivo e insuficiente para resolver el profundo problema de la inseguridad jurídica que atraviesan aquellas personas que no cumplen con los requisitos legales para convertirse en propietarios”, argumentan.

Resaltan que en las últimas tres décadas, lejos de disminuir le universo de inmuebles a regularizar han ido en incremento y concluyen que esta falta de resultados se debe a las dificultades en la aplicación de la normativa.

Frente a este escenario, es que decidieron avanzar con “una herramienta normativa que permita atacar los nudos que frenan el avance de operativos masivos de escrituración de inmuebles”.

Aclaran que el avance esta medida traerá beneficios a la economía en general, para el ciudadano y para el Estado. Entre los beneficios que destacan se encuentra la contribución a la seguridad jurídica, el orden en los catastros municipales y provincial, la titularización de cuentas con las empresas prestadoras de servicios públicos, la regularización de deudas con el Estado municipal o provincial y, fundamentalmente, permite contribuir a incorporar inmuebles al tráfico inmobiliario formal, con el impacto fiscal positivo que esto genera.

Un nuevo plan del Gobierno

En 2022, se sancionó la Ley Provincial 9378, que establece un marco jurídico para la regularización dominial de las viviendas entregadas y financiadas por el IPV, que apuntaba a que propietarios cancelen deudas y las familias puedan tener a su nombre las viviendas que habitan y escriturar aunque tengan deuda. En ese momento se advertía que el organismo de viviendas poseía una cartera de 60.000 créditos y se apuntaba a beneficiar a casi el 70 por ciento de esa cartera, es decir que alrededor de 42.000 adjudicatarios se encontraban en condiciones de acceder a esta regularización.

El “Programa Mi Escritura” que impulsado por el gobernador Cornejo alcanza a todos los inmuebles pasibles de regularizar en una sola unidad de gestión, sin distinción si provienen de alguna operatoria del IPV o de cualquier otra situación, que están contemplados en los casos del régimen nacional para la regularización dominial de viviendas.

En concreto, el plan está apuntado a todos los inmuebles en los que el IPV hubiera intervenido y los que se encuentren sujetos a las condiciones y requisitos previstos en la Ley N° 8.475 y, su modificatoria, Ley N° 9.602 de regularización dominial y saneamiento de títulos, de aquellos en que los que el IPV hubiera intervenido no siendo titular registral y contando con elementos para la escrituración y de aquellos en que los que sea titular registral; todo ello a través de Escribanos regularizadores o Escribanos de Registro según los casos, de la Provincia de Mendoza.

Plantea la creación de una “Unidad Ejecutora del Programa Mi Escritura” y el financiamiento de la iniciativa estaría contemplado a través de una modalidad de "re pago", de tal modo de contribuir a una generación de fondos permanentes por medio del recupero, con el objetivo de darle sostenibilidad a largo plazo.

En este sentido, la iniciativa da pie a que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) instrumente las reglamentaciones específicas para generar la modalidad de “re pago” del financiamiento que se otorgue a los contribuyentes beneficiarios de este programa y que puedan acceder a su escritura.

Se propone también que en las transferencias de dominio realizadas en el marco de las normativas existentes, donde las inhibiciones existentes impidan el otorgamiento de las mismas, podrá solicitarse el levantamiento al solo efecto de la escrituración acreditando la inexistencia de deudas en el inmueble objeto del acto escriturario.

Por otra parte, el texto del proyecto de ley determina una serie de exenciones en tasas e impuestos para avanzar con el proceso de regularización de las propiedades. Se establece por un lado que quedan eximidas de tasas de transferencias en las reparticiones públicas, tales como: ATM, Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia, Dirección Provincial de Vialidad, Cooperativas proveedoras de agua potable, entre otras.

Asimismo, se invita a Aysam a adoptar las disposiciones de la nueva normativa, para que la empresa estatal de agua exima del  pago del derecho de transferencia a todas las escrituras traslativas de dominio, encuadradas dentro de las leyes de regularización vigentes. Incluso se determina que en el caso de existir deuda en la cuenta a transferir, posibilite la confección de las escrituras de regularización con expresa mención de la misma y su reconocimiento, y la asunción de la obligación de pago por parte del beneficiario.

También se propone que los municipios adhieran a esta ley y eximan de aranceles por derechos de transferencias y establezcan la posibilidad de la escrituración con deuda y la asunción de la misma por parte de los beneficiarios del programa.