El Estado pagará este año más de $4 millones a un exfuncionario de Cornejo que "salvó" a Sandes y fue condenado por abuso

El Estado provincial deberá pagar este año más de $4 millones más intereses a Alejandro Jofré, abogado y exsubsecretario de Trabajo, quien en su condición de letrado patrocinó al extitular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, a causa del escándalo en el cual se descubrieron maniobras fraudulentas en 2019 por más de $5 millones en el organismo. El dirigente político decidió llevar la causa a la Justicia por multas y sanciones que le había aplicado el Tribunal de Cuentas, y en un polémico fallo la Suprema Corte le dio la razón.

Según se desprende de las sentencias firmes que perdió el Estado, hay dos de ellas en las cuales, por honorarios, se debe abonar esta suma a Jofré, que supo ser subsecretario de Trabajo y que renunció tras ser acusado por abuso sexual (este mes la Suprema Corte confirmó su condena impuesta por el Tribunal Penal Colegiado 2 por abuso sexual simple reiterado).

Los fallos que ganó Sandes con el patrocinio de Jofré fueron dos, ambos relacionados por el mismo caso: la corrupción en Vialidad Provincial.

Para la Justicia, en fallos divididos (dos a uno), no se pudo demostrar que Sandes tuviese conocimiento de todo el desmadre que ocurría en las segundas líneas cuando, con dinero de la "caja chica" de Vialidad, se abonaban viajes, comidas en restaurantes, regalos, almuerzos y cenas, entre otros. En aquella investigación, Corina Gallardo, exgerenta de Recursos Humanos, admitió haber falsificado la firma de Sandes para utilizar ese dinero que tenía la caja de Vialidad Provincial.  

En uno de los fallos judiciales, el 16 de abril del 2024, la Corte anuló el fallo 17.357 del Tribunal de Cuentas, y reguló honorarios a favor de Jofré por $869.232; más otros $452.016 por el recurso de reposición. 

En el segundo fallo, el máximo tribunal anuló el fallo 17.362, también del Tribunal de Cuentas, y reguló también honorarios por $3,15 millones, también a favor del letrado Jofré.

Según el registro de sentencias que aparece en Fiscalía de Estado y que debe pagar este año el Gobierno Provincial, aparecen estas dos causas dentro de las 373 causas en contra que se abonarán en el transcurso de este 2025. 

De esta forma, el Estado mendocino no solamente debió correr con la corrupción en Vialidad Provincial, sino que también deberá hacerse cargo de los fallos judiciales que ganó Sandes por haber sido supuestamente "mal responsabilizado" por el Tribunal de Cuentas, en fallos -del Tribunal de Cuentas y también la Corte- que tuvieron que ver más con lo político que con lo estrictamente técnico y/o judicial.

Corrupción en Vialidad y fallos políticos

Fue en abril y junio del año pasado cuando la Sala 1 de la Suprema Corte, conformada por el recientemente jubilado Pedro Llorente, María Teresa Day y Julio Gómez, falló de manera dividida a favor del extitular de Vialidad (Day y Gómez votaron a favor de Sandes; y Gómez en contra). 

El propio Sandes decidió llevar a la Justicia el caso del Tribunal de Cuentas, que le había formulado multas y sanciones por la corrupción en Vialidad entre 2018 y 2019.

Aquellos fallos también se votaron de manera dividida: Héctor Caputo, Mario Angelini y Ricardo Pettignano votaron en responsabilizar a Sandes; mientras que Néstor Parés y Liliana Muñoz entendieron que no estaba al tanto de lo que había ocurrido.

Quienes siguieron este caso y el fallo de la Suprema Corte de cerca, aseguraron a MDZ que prácticamente se trataba de un final dos a uno "anunciado", sobre todo por la conformación de la Sala: Llorente y Day por un lado; y Gómez por el otro.

"Fue un claro 'Forum Shopping'" (ndr: práctica ya extinguida con la reforma interna de la Corte en 2022), expresaron, en referencia a la práctica en la cual, se podía "elegir" la sala conformada por ministros ya establecidos, en la que llegaría una presentación ante la Corte.

En aquel momento, en sus justificaciones de sus fallos, Llorente y Day advirtieron que fue "sesgada la interpretación que realizó el Tribunal de Cuentas al considerar que del articulado se extraía con claridad la responsabilidad del Administrador en el control de toda la actuación de la repartición".

También sostuvieron que, con la falsificación de la firma de Sandes por parte de Gallardo, quebró "el nexo de causalidad que debía existir entre los hechos investigados y la conducta desplegada, para dar lugar a responsabilidad".

Por su parte, Gómez consideró que "la responsabilidad del Sr. Sandes deriva de la importante y concreta función que cumplía como Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad quien, como tal, tenía el deber de hacer observar la ley, los reglamentos y las resoluciones del Consejo Ejecutivo y ejecutar estas últimas conforme lo previsto en el art. 11 de la Ley N° 6.063"

"El actor no podía desconocer las observaciones en relación al manejo de los fondos ni los defectos en la reglamentación que había dado anteriormente lugar a las irregularidades advertidas, circunstancias que debieron ser especialmente tenidas en cuenta para lograr el correcto control sobre los fondos", marcó Gómez.