Batalla judicial entre una intendenta y el Concejo por las fotomultas en la Ruta 7

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se embarcó en una batalla judicial contra el Concejo Deliberante del municipio por la aplicación de fotomultas en un tramo de la Ruta 7 en ese departamento. La jefa comunal peronista presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia para que resuelva un “conflicto de poderes” luego de que los concejales opositores aprobaran la suspensión del sistema para sancionar el exceso de velocidad, pese al rechazo del Ejecutivo municipal.

El conflicto entre la intendenta y el Concejo Deliberante de Santa Rosa viene desde hace meses pero en el último tiempo se abrió un capítulo judicial. Destéfanis acudió al máximo tribunal de la provincia luego de que el cuerpo legislativo municipal la obligara a suspender el sistema de fotomultas en tramos de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 50, que había entrado en funcionamiento el año pasado.

A mediados del año pasado, los concejales opositores aprobaron una ordenanza que establecía la suspensión de la aplicación de fotomultas en el departamento. La iniciativa fue vetada por la intendenta, pero la oposición que es mayoría en Concejo Deliberante rechazó el veto e insistió con la orden de suspensión con una nueva ordenanza.

Ante este nuevo revés, Destéfanis acató la determinación del cuerpo y suspendió el sistema de fotomultas, pero decidió acudir a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que resuelva el “conflicto de poderes” y deje sin efecto la última ordenanza del cuerpo, argumentando que el Concejo Deliberante “se arrogó, en forma arbitraria y sin fundamento legal, una facultad del Ejecutivo municipal”.

El sistema de fotomultas sobre un tramo de la Ruta 7 en Santa Rosa entró en vigencia en mayo de 2024, luego de que el municipio adjudicara a la empresa FTL SA el servicio de gestión central y tecnológica para el control vehicular de velocidad, a través de la colocación de cinemómetros.

Meses después el Concejo Deliberante del municipio aprobó una iniciativa opositora para suspender el funcionamiento y aplicación del sistema de fotomultas que funciona sobre la Ruta 7 y Ruta Provincial 50 en el departamento hasta tanto el mismo sea sometido a tratamiento y aprobación del cuerpo.

La propuesta fue impulsada por el Frente Cambia Mendoza y votada afirmativamente por 6 concejales opositores, entre ellos se encontraba la presidenta del Concejo, Débora Quiroga, ex aliada de Destéfanis, devenida en opositora y quien terminó de inclinar la balanza en contra del oficialismo municipal.

Esa primera ordenanza fue vetada por la intendenta, quien argumentó que el Concejo “se inmiscuye en competencias que son propias del Ejecutivo Municipal”. No obstante, la oposición insistió con una segunda ordenanza en el mismo sentido en la que rechazó el veto e insistió con la suspensión de las fotomultas.

Las dos normas municipales fueron impugnadas por Destéfanis ante la Corte a partir de una demanda por conflicto de poderes, alegando que las decisiones del Consejo “usurpan y desplazan facultades que son propias del Ejecutivo, afectando el orden institucional local y siendo la ciudadanía municipal la principal perjudicada”.

“Fueron dictadas fuera del marco formal y sustancial de sus atribuciones establecidas en la Constitución de Mendoza y en la Ley Orgánica de Municipalidades, como así también, de todos los actos posteriores a la misma”, expone en su presentación la intendenta.

Remarcó que la contratación del sistema de fotomultas se realizó tras una licitación pública, tal y y como establece la legislación local. “El HCD de la Municipalidad de Santa Rosa se arrogó, en forma arbitraria y sin fundamento legal, la facultad de Ordenar al Ejecutivo Municipal la suspensión de un contrato celebrado de conformidad al resultado del Procedimiento Licitatorio N°23/22, con la empresa denominada, FTL S.A”.

“El error fáctico consiste en entender que se ha conferido a una empresa privada la recaudación de rentas municipales. No sucede tal cosa. Solamente se le encomienda la provisión de los mecanismos y equipos tecnológicos para poder determinar las infracciones, pero estas son establecidas en actas de infracción firmadas por funcionarios municipales competentes, juzgadas por el Juez Vial Municipal, y cobradas en cuentas municipales. El contrato, por tanto, pone en manos de un tercero el suministro de los equipos y la puesta en funcionamiento técnico, calibración, etc., de un sistema que no está, en esos aspectos, bajo las posibilidades del municipio”, manifestó la jefa comunal en la demanda.

Finalmente, plantea también que “la vida institucional del Departamento de Santa Rosa se vuelve precaria ante la invectiva del H.C.D., sin límites legales e invadiendo competencias propias del Poder Administrador”.