El comienzo de una semana con dos definiciones cruciales para el Gobierno de Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei se prepara para una semana clave donde buscará imponer su voluntad en el Congreso frente a dos medidas clave que aún corren un futuro incierto: el debate sobre las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema y el DNU -todavía no publicado- para sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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La lucha por los jueces
La primera de las dos batallas se librará en un terreno adverso para La Libertad Avanza como lo es el Senado. Se trata de los pliegos de los dos aspirantes al máximo tribunal, que fueron designados por decreto en comisión hace dos semanas luego de no haber conseguido los apoyos necesarios durante el proceso correspondiente.
Es por eso que Unión por la Patria, bloque mayoritario en la cámara alta, se propone derribar en el recinto los pliegos de ambos candidatos. Con ese objetivo es que se están llevando adelante conversaciones con otros sectores que cuestionaron la decisión del Ejecutivo de avanzar por encima del Parlamento en la designación de ambos supremos.
Cabe recordar que hasta el momento solo García Mansilla asumió en el máximo tribunal tras tomar juramento el pasado 27 de febrero, mientras que Lijo decidió esperar el acuerdo del Senado después de que la Corte Suprema no le otorgara la licencia extraordinaria para su cargo como juez federal. La razón de Lijo es simple, no quiere dejar su gravitante lugar en Comodoro Py sin tener todas las garantías de que la quinta silla del alto tribunal es suyo.
En este contexto, la oposición presentó dos dictámenes de rechazo, uno encabezado por Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR) y otro por los senadores de Unión por la Patria, los cuales quedaron a una firma de estar habilitados para su tratamiento.
Sin embargo, no es todo tan sencillo. El pliego de Lijo había conseguido en su momento las 9 firmas en comisión necesarias para su tratamiento en el recinto, por lo que si cinco senadores pidieran una sesión y la vicepresidenta Victoria Villarruel realizara la convocatoria, el destino del juez federal podría dirimirse en la cámara alta en caso de tener las 37 presencias que exige el quórum. La situación de García-Mansilla es diferente, ya que el catedrático continúa sin un dictamen. Eso significa que para tratar su caso, el Senado deberá juntar dos tercios de los presentes para habilitar la discusión sobre tablas. Una cifra compleja.
Ante el peligro del rechazo de los pliegos, el Gobierno permanece expectante. Si bien desde el oficialismo aseguraron que García-Mansilla (y Lijo, si hubiera asumido) ejercerá sus funciones en la Corte hasta el final del periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento, desde la oposición rechazan esa interpretación constitucional. Eso abre un debate: ¿si el Senado rechaza su pliego, qué legitimidad tendría el juez para seguir ocupando su cargo? ¿Qué pasaría con los fallos donde participó? En última instancia, si el conflicto se judicializa, quien debería expedirse sería la propia Corte Suprema.
El DNU del Fondo
La segunda amenaza para el oficialismo también tendrá como protagonista al Congreso, y se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia que el Ejecutivo anunció que publicaría en estos días para habilitar un nuevo acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo a la legislación vigente, instaurada durante el Gobierno de Alberto Fernández en 2021, cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público acordado con el FMI debe ser autorizado por ley del Parlamento. Para evitar cualquier demora -o rechazo- que puede significar llevar esa discusión al recinto, Milei decidió avanzar vía DNU.
El decreto entra a regir de inmediato, pero el Palacio Legislativo tiene el poder de ratificarlo o rechazarlo. Mientras el Ejecutivo ultima los detalles del acuerdo con el Fondo, el DNU - que debería firmarse en la brevedad- será remitido a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo para que esta emita un dictamen y el asunto se trate en la Cámara de Diputados. La Comisión tiene hasta 10 días hábiles más para emitir un dictamen, con la firma de 9 de sus 18 integrantes. Después de cumplido ese tiempo, ambas cámaras quedarán habilitadas para su discusión.
De acuerdo a la normativa, el decreto solo puede caer si ambas cámaras lo rechazan. Este es el centro de la estrategia del Gobierno, ya que le permitiría sostener la medida a pesar de una eventual -y previsible- caída en el Senado. En la cámara baja, La Libertad Avanza ha demostrado en el pasado tener la habilidad y los números para tejer las alianzas necesarias para defender sus decisiones.
Si el decreto resiste el embate en la Cámara de Diputados, el desembolso de fondos frescos del FMI estaría garantizado. Para el Gobierno de Javier Milei, estos permitirán que el Tesoro Nacional cencele deuda existente con el Banco Central, lo que "implicará una reducción del total de la deuda pública".
"Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias", señalaba la Oficina del Presidente el jueves pasado a través de un comunicado, donde agregó: "El presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico".