La Provincia de Buenos Aires necesita una agenda liberal para la salir de la pobreza

La decadencia de la Provincia de Buenos Aires es el resultado de décadas de gestión peronista, que ha convertido al distrito más rico del país en una maquinaria ineficiente, sostenida por un Estado hipertrofiado y una dirigencia política parasitaria. Con Axel Kicillof, la administración provincial profundiza un modelo que no solo es financieramente insostenible, sino que condena a millones de bonaerenses a la pobreza y la marginalidad.

La Provincia de Buenos Aires es el corazón económico del país

Con 18 millones de habitantes, su peso específico en el producto nacional es indiscutible. Sin embargo, los resultados de la gestión política reflejan un abismo entre el potencial y la realidad. Con 11 millones de personas hacinadas en el Conurbano, donde la densidad poblacional supera, en algunos distritos los 10.000 habitantes por km², el 60% de la población es pobre y el 25% indigente. La pobreza infantil alcanza un aberrante 80%. En este infierno social, el 60% de los hogares no cuenta con acceso a cloacas ni agua corriente, una realidad más propia de las regiones más atrasadas del planeta que de una provincia con vastos recursos.

No es solo la pobreza lo que define, como dice el Observatorio de la UCA, la deuda social en la Provincia de Buenos Aires. La educación y la salud pública se encuentran en un estado de derrumbe absoluto. La falta de inversión ha llevado la infraestructura escolar a niveles muy deficientes y los hospitales, abandonados a su suerte, no pueden hacer frente a una demanda de salud en constante crecimiento. A esto se suma la inseguridad, que azota a los bonaerenses con una violencia inédita mientras el gobierno provincial exhibe una ineptitud escandalosa para manejar el delito. Este desastre social y económico ocurre mientras el presupuesto provincial se estima en $33 billones, de los que el 42%, $14 billones, serán absorbidos por las remuneraciones del personal y de las estructuras políticas. 

En efecto, la estructura estatal cuenta con 15 ministerios, una Coordinación General, una Jefatura de Asesores y una Secretaría General, lo que da un total de 18 unidades ejecutivas con rango ministerial. A esto se suman 124 subsecretarías, 375 direcciones generales y provinciales, más de 1.000 direcciones y 27 organismos centralizados y descentralizados con sus correspondientes estructuras organizativas. Además, el Estado provincial es propietario de decenas de empresas públicas que incluyen al Banco Provincia, la administración de autopistas, un astillero, varias distribuidoras de agua y energía, una obra social, y hasta una empresa farmacéutica. En resumen, el Estado provincial alberga unos 3.000 funcionarios políticos y más de 800 mil empleados públicos que, aunque muchos de ellos son docentes, policías y médicos, es el más voluminoso de la Argentina. 

Este aparato gubernamental es ineficiente

Se ha convertido en una trampa clientelar diseñada para sostener el poder del peronismo a costa del sacrificio del sector privado y de los contribuyentes. Pensemos que el Resultado Financiero de la Administración Provincial para 2024 arrojó un déficit de $1,4 billones, mientras que el Resultado Primario también resultó deficitario en $0,7 billones. Y aunque el resultado estuviera equilibrado o incluso hubiera dado superávit, de cualquier manera, el dinero fue gastado en cosas innecesarias.

El Conurbano es un tema especial de análisis

Se trata de un agujero negro que absorbe recursos de la Provincia y la Nación sin generar desarrollo real. Después del 2001, esta pobreza se convirtió en estructural. Permanece profundamente arraigada en las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. La persistencia de sus problemas no es un problema de gestión, sino una consecuencia directa de las políticas implementadas a lo largo de 80 años. Gobiernos de todos los colores han pasado por la administración provincial, pero la estructura estatal nunca se ha reconfigurado. Sin una reforma de fondo, la vida de los bonaerenses seguirá siendo una condena.

La única solución viable es la adopción pronta y contundente de una agenda liberal, alineada a la del gobierno nacional, que revierta la situación mediante:

• La reducción del tamaño del Estado para liberar recursos hacia el sector productivo.
• La eliminación de regulaciones asfixiantes que frenan la actividad económica.
• La privatización de los servicios públicos, promoviendo la competencia entre empresas para mejorar la calidad y reducir costos.
• La disminución de la carga impositiva, con un sistema de recaudación más transparente y eficiente.
• La promoción de la inversión privada como motor de desarrollo.
• La garantía de la seguridad y protección de la vida y de la propiedad privada, condiciones fundamentales para la prosperidad.

Este giro del modelo estatista intervencionista a un régimen basado en un estado pequeño y eficiente, no es posible sin una reestructuración profunda del Estado provincial. Es necesario un rediseño que priorice la eficiencia sobre la burocracia y que elimine las capas innecesarias del organigrama estatal. Una reingeniería profesional de la estructura organizativa requiere conocimientos específicos, experiencia y una inclaudicable determinación y coraje. La intervención debe ser planificada y ordenada en etapas. La primera etapa es depurar la estructura administrativa, estableciendo cuáles de los ravioles del organigrama deben continuar y cuáles deben desaparecer. Es necesario establecer qué funciones queremos mantener y cuales deben discontinuarse por improcedentes o innecesarias.

La pobreza infantil alcanza un aberrante 80%

El principal error que cometió el gobierno de Cambiemos en 2015 fue suponer que todo lo que venía haciendo el Estado debía mantenerse, solo que bien administrado. El pensamiento de Pro fue hacer las cosas de manera eficiente y transparente, negociar con la oposición y, de esa manera consolidar un proceso de cambio de largo plazo. Pero eso no funcionó. Y no funcionó porque lo que estábamos haciendo estaba mal. No resolvíamos el problema de fondo: el Estado no debe intervenir en la vida privada. Hacíamos bien algo que, en esencia, estaba mal. Porque gobernar bien una estructura equivocada no soluciona nada. Solo como ejemplo, en la estructura actual, existe una Dirección Provincial de Ediciones Bonaerenses, que edita libros, o la Dirección de Software Público, que es, en definitiva, un Software Factory. Este tipo de organismos no solo son prescindibles, sino que, por naturaleza, son ineficientes y constituyen un despilfarro de recursos.

El segundo paso es la racionalización de funciones duplicadas o redundantes mediante un proceso de integración horizontal que fusione o agrupe áreas o dependencias que realizan funciones similares. Así, se observan muchos ejemplos de funciones replicadas en diversas unidades ejecutivas.  La agenda de género, por ejemplo, está atomizada en múltiples dependencias: el Ministerio de Mujeres y Diversidad, la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, la Dirección de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género y Diversidad en Infraestructura, y varias oficinas más, todas dedicadas a la misma función sin una justificación clara y con pobre o ningún resultado. Lo mismo ocurre con la problemática del desarrollo habitacional, que es abordado por un mosaico de ministerios y organismos sin una planificación unificada.

El tercer paso es lograr economías de escala a través de la integración vertical. Cada organismo público tiene su propia estructura administrativa con áreas de compras, legales y comunicaciones, lo que multiplica los costos y la burocracia sin aportar valor agregado. Los costos de la ineficiencia son los más difíciles de corregir y generan deseconomías provocadas por las mayores necesidades de control. 

Una cuarta fase es rediseñar los procesos para simplificarlos y transparentarlos. Los flujos de información deben ser acompañados con normativa moderna y sencilla que los haga más fluidos y eficientes, y que prevean puntos de control que aseguren la rendición de cuentas, y que no funcionen como cuellos de botella. Cuando esto no ocurre, los funcionarios y agentes terminan trabajando para el cumplimiento de la normativa o el informe de auditoría, y no para el logro de su función.

El 60% de los hogares no cuenta con acceso a cloacas

Finalmente, el quinto paso es la definición de la dotación óptima de personal en cada área para asegurar la eficiencia operativa. Durante décadas el empleo estatal funcionó como una bolsa de trabajo partidaria sin ajustarse a las necesidades reales de la administración pública. La planta estatal debería garantizar servicios de calidad sin sobredimensionar la estructura, reduciendo el gasto en personal administrativo innecesario y destinando más recursos a áreas clave como salud, educación y seguridad.

La única salida para la Provincia de Buenos Aires es un cambio de paradigma que reemplace el modelo peronista de control y dependencia por un esquema basado en la libertad, la iniciativa privada y la responsabilidad individual. Sin una transformación de raíz, el destino de los bonaerenses seguirá siendo el mismo: una vida de privaciones y sometimiento a un Estado que, en lugar de servirlos, los utiliza como rehenes.

* Carlos Vargas Eguinoa. Licenciado en Administración y Business Designer. Vicepresidente de Apertura Republicana en la Provincia de Buenos Aires. Gerente General del INCAA.