Desregulación en la cultura: tras 50 años, el Gobierno aplicó cambios en derechos de autor
El presidente Javier Milei firmó un decreto que introduce profundas reformas en la gestión de los derechos de autor y conexos en Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo esquema que permite la libre elección de entidades de gestión colectiva y habilita la competencia entre ellas.
El decreto también lleva la firma del jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y fue trabajado junto al ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La nueva desregulación permite que los titulares de derechos administren sus obras de manera individual o a través de una o varias sociedades de gestión colectiva. Hasta ahora, estas entidades tenían el monopolio sobre la recaudación y distribución de los fondos generados por derechos de autor, lo que generaba críticas por falta de transparencia y costos elevados.
Uno de los cambios más relevantes es que la Dirección Nacional del Derecho de Autor, dependiente del Ministerio de Justicia, tendrá el control sobre la autorización y fiscalización de estas sociedades. Además, se impone un límite del 30% de lo recaudado para gastos administrativos, con el objetivo de reducir costos y garantizar una mayor distribución de los fondos entre los creadores.
"Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir cuando los representados elijan ejercer sus derechos en forma individual, respecto de cualquier utilización de una obra o bien cuando hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro", establece otro de los artículos.
La normativa también obliga a las sociedades de gestión a publicar anualmente sus balances, tarifas y criterios de distribución de los montos recaudados. Asimismo, establece que los fondos no cobrados por los titulares en un plazo de cuatro meses serán redistribuidos entre los demás beneficiarios.
Otro punto clave del decreto es que el Ministerio de Justicia podrá intervenir en la resolución de conflictos entre las sociedades de gestión y los usuarios, con el objetivo de evitar abusos en la fijación de tarifas. Además, se establece que los aranceles deberán calcularse en base al uso real de las obras y el beneficio obtenido por los usuarios.
Sin embargo, algunas disposiciones no aplicarán a la Sociedad General de Autores de Argentina (ARGENTORES) y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), que seguirán operando bajo sus propias normativas específicas.
Sturzenegger: "Liberamos a la cultura de control estatal"
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado agregó explicaciones a la novedad y destacó: "Liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace 50 años y que hasta la llegada del presidente Milei nadie quiso o se animó a desarmar".
El funcionario ejemplificó entonces que a partir de ahora "la desregulación implementa dos cambios decisivos: 1) elimina el monopolio de las SGC: desde hoy si alguien quiere fundar una SADAIC-2 para competir con SADAIC, podrá hacerlo; y 2) permite que los autores y creadores celebren acuerdos particulares sin intervención de dichas sociedades, cobrando sus derechos ellos mismos y acordando la tarifa con el usuario".
"Los beneficios son evidentes: los autores recuperan la libertad que le da el pleno control de sus derechos, podrán elegir quién los representa o si lo desean representarse ellos mismos sin intervención de una SGC. Los contratantes, por su parte, sabrán que con el acuerdo particular ya satisfacen todos los derechos económicos de ese autor, lo que da mayor certeza en el comercio", completó.