Los gobernadores radicales impulsan el rechazo al nombramiento de Lijo y García Mansilla
Aunque los gobernadores radicales optaron por no pronunciarse públicamente tras la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya acordaron una postura. Como lo manifestó la UCR nacional en un comunicado, los mandatarios de las provincias coincidirán en encomendar a los senadores que les responden que rechacen estos nombramientos cuando el Senado retome el tratamiento de los pliegos. En el lote de mandatarios está el mendocino Alfredo Cornejo.
La UCR es mirada por estas horas porque se ha dividido en los últimos tiempos. Gracias a un par de manos levantadas en el Congreso, el Gobierno logró evitar la creación de una comisión en el Senado para investigar el escándalo de la criptomoneda $Libra en la que se vio envuelto el Presidente. Esas voluntades que favorecieron a la Casa Rosada en varios temas, en general, responden a los gobernadores.
Por eso, ahora la decisión de los mandatarios radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco) es central para definir el futuro de los jueces nombrados vía decreto por Milei. Todo apunta a que los cinco tienen la determinación de bochar los pliegos en el Senado, y apuntan principalmente al juez Lijo, quien tuvo muchos cuestionamientos durante al audiencia en el Senado no sólo de la dirigencia política sino de organizaciones de la sociedad civil. Lo acusaron de ser "un tiempista", es decir de demorar o acelerar las causas de acuerdo a quien Gobierno desde su juzgado federal y de tener múltiples denuncias en el Consejo de la Magistratura que es el órgano que debe decidir su remoción.
La UCR nacional, que dirige el senador Martín Lousteau -muy crítico del Gobierno y enfrentado en sus posiciones en varias oportunidades con sus propios gobernadores- por su parte, emitió un contundente comunicado donde calificó al decreto de "un desprecio a la Constitución" y que "implica un avance en la lógica autoritaria de Milei". En esa misma sintonía, el bloque de Diputados nacionales expresó: "Al designar por decreto a dos jueces de la Corte, el Gobierno da un paso en la dirección incorrecta" junto a un extenso texto que circuló por la red social X.
En ambos comunicados los radicales expresaron que es el Senado, en representación de las provincias, quienes deben decidir quiénes son los jueces supremos, acorde a la Constitución Nacional. El ex vicepresidente y actual diputado de la UCR por Mendoza, Julio Cobos, afirmó que "una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición". Además, sumó: "no se debería tomar juramento a los jueces designados en comisión, hasta no tener el correspondiente acuerdo del Senado de la Nación".
De acuerdo al decreto que fue publicado este miércoles 26 en el boletín oficial, el Gobierno de Milei se basa en el artículo 99 de la Constitución Nacional para nombrar a los jueces, ya que establece algunas atribuciones del presidente de la Nación, en la cual define en su inciso 19 que "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".
El decreto establece además que Lijo y García deberán prestar juramento y asumir sus cargos en la Corte Suprema, y aclara que la medida estará vigente hasta que el Senado se expida sobre sus pliegos de manera definitiva.