Presenta:

Caso YPF: el procurador del Tesoro se excusó por "decoro y delicadeza"

El procurador es socio de un abogado que defendió la postura de Burford Capital, el fondo que litiga contra el Estado argentino en la Justicia de Nueva York por el caso YPF.
El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se excusó de intervenir en el juicio por YPF que se lleva adelante en la Justicia de Nueva York y del litigio con el Grupo Concesionario del Oeste en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Foto: Universidad Austral
El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se excusó de intervenir en el juicio por YPF que se lleva adelante en la Justicia de Nueva York y del litigio con el Grupo Concesionario del Oeste en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Foto: Universidad Austral

El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se excusó este miércoles "por razones de decoro y delicadeza" de intervenir en los litigios internacionales que enfrenta el Estado argentino en el caso de YPF en Nueva York y en la demanda del Grupo Concesionario del Oeste en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 

La solicitud del flamante procurador, que fue designado el 28 de enero en reemplazo del eyectado Rodolfo Barra, fue aceptada por el Ejecutivo a través del Decreto 122/2025 publicado esta mañana en el Boletín Oficial, donde se informa que lo reemplazará en sus funciones el subprocurador del Tesoro, cargo que ocupan Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.

En el texto oficial se explica que Castro Videla tomó la decisión amparado en el principio general de “Prudencia” establecido en el Código de Ética de la Función Pública y la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la cual sostiene que "el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad y debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

La decisión se explica con que el jefe de los abogados del Estado pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que representó al fondo Burford Capital en el juicio que enfrenta la Argentina en Nueva York ante la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF. Se trata del caso de mayor envergadura que enfrenta el país, con un fallo que exige pagar US$ 16 mil millones al fondo.

En ese marco, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi, socio de Castro Videla, para brindar su testimonio en favor del fondo y explicar el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del estado. La participación del mentor del Procurador del Tesoro se repite en por lo menos otros 15 pleitos internacionales contra el país.

Otro de ellos es la demanda impulsada por accionistas de Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario Oeste por la anulación en 2022 de la renegociación de contratos de concesión que habían dolarizado los peajes durante el Gobierno de Mauricio Macri. La misma tramita actualmente en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Por su vinculación con Bianchi, Castro Videla podría ser señalado por conflicto de intereses, motivo por el cual habría solicitado excusarse. El decreto, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, entrará en vigencia desde su publicación.

"La excusación es en nombre de la transparencia y la integridad para evitar cualquier posible cuestionamiento o duda en un juicio que es tan importante para el país", aseguraron a este medio desde la Procuración del Tesoro, sin dar mayores especificaciones.

El caso YPF

El Gobierno de Cristina Fernández Kirchner dispuso en 2012 la expropiación del 51% de YPF que pertenecía a la petrolera española Repsol, sin realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes como exigía el estatuto de la empresa. En ese marco, en 2015 Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos, afirmando que Argentina incumplió con sus obligaciones hacia los accionistas minoritarios, entre ellos el Grupo Petersen de la familia Eskenazi.

Debido a ese proceso judicial, en septiembre de 2023, Loretta Preska falló que Argentina debía pagar USD 16.100 millones, de los cuales USD 14.400 millones correspondían a Burford Capital y USD 1.700 millones a Eton Park, fondos que adquirieron el derecho a litigar en nombre de los accionistas involucrados.

Sin embargo, el Estado argentino hizo una presentación este martes luego de un planteo de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) donde se le pedía al juzgado de Loretta Preska revocar el fallo con el argumento de que existieron supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización de la petrolera en favor de los demandantes, dentro de los cuales están los Eskenazi.

“El gobierno argentino está presentando una respuesta en la que reiterará ante los tribunales internacionales, en línea con la moción de Republican Action por Argentina, su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”, precisó una fuente oficial a MDZ.

La excusación de Santiago Castro Videla