Denuncias a la Corte mendocina por nombrar 80 cargos "a dedo"
Cada fin de de año, la Suprema Corte crea cargos para que no se pierdan las partidas presupuestarias asignadas para personal. El gremio de Empleados Judiciales, esta vez, acusó al máximo tribunal de que en diciembre del 2024 recategorizó o hizo ingresar al Poder Judicial a alrededor de 80 empleados sin que les correspondiera y sin justificación. La denuncia fue hecha a través de un recurso de revocatoria en el que le pide a la misma Corte que anule las acordadas- que son las resoluciones de los jueces supremos- con los nombramientos y además, próximamente presentará un amparo sindical.
Se trata de las acordadas Nº 31.805, 31.808, 31.810, 31.822, 31.824, 31.841,31.843, 31.844, 31.845,31.846, 31.849, 31.852, 31.856, 31.857, 31.859 y 31.860, 31.862. Ricardo Babillón, secretario general del sindicato de empleados judiciales firmó el recurso en el que le pidió a la sala administrativa de la Corte que las revoque, es decir que dé marcha atrás con estas resoluciones que nombraron, de acuerdo a la información gremial, unas 80 personas.
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"La ejecución de esta resolución causa un daño de difícil reparación en tanto destina incorrectamente fondos públicos, congela el derecho a la carrera de personas que legítimamente y mediante los procedimientos legales esperaban un ascenso – o lo demora
injustamente- y genera unas expectativas en los ascendidos respecto a su carrera y remuneración que no se verá consolidada", sostienen los judiciales", sostiene el texto presentado.
De acuerdo a lo que pudo conocer MDZ, el gremio cuenta con la información de que hay un chofer que pasó a ser funcionario. Además, de que los jueces supremos eliminaron categorías inferiores para crear otras de funcionarios- que ganan más- y nombrar a "amigos".
La acusación es por "abuso de autoridad" y es la misma Corte- la sala administrativa- quien debe decidir qué hace. Es por eso que ante la consulta de este diario, no hubo respuesta del alto tribunal porque el asunto está judicializado y los jueces no pueden preopinar.
En el texto, el sindicato asegura que: "La ejecución de esta resolución causa un daño de difícil reparación en tanto destina incorrectamente fondos públicos, congela el derecho a la carrera de personas que legítimamente y mediante los procedimientos legales esperaban un ascenso – o lo demora injustamente- y genera unas expectativas en los ascendidos respecto a su carrera y remuneración que no se verá consolidada.. Además no existe una necesidad impostergable de ejecutar las decisiones si se nota que las vacantes cuentan con distinta antigüedad, de igual modo el ejercicio de funciones,etc. sin que se hubieran dictado de modo agolpado estas acordadas sobre el final del año.La suspensión, no causará, daño alguno a la entidad pública".
Otro de los temas que el sindicato le cuestiona a la Corte es "no haber hecho públicas las acordadas". En ese sentido, Babillón asegura en la acusación que: "Destaco que tomamos conocimiento en forma casual, sin haberse publicado las acordadas puestas en crisis, lo que de por sí constituye una transgresión a la publicidad de los actos de los Poderes que integran el Estado Provincial, designando a distintosagentes en clases superiores, sin exigirles concurso previo".
La Corte se encuentra, en un momento de interna entre sus miembros. Por otro lado, interviene en la paritaria que se lleva adelante por estos días con los empleados, y en la primera reunión, fue rechazada la propuesta salarial del Ejecutivo. Para la segunda - que por ahora es el próximo martes 25 de febrero aunque podría adelantarse- ,el gremio espera que haya alguna oferta de blanqueo de ítems.