Crisis inédita: la Cámara Civil porteña no cumplirá un fallo de la Corte Suprema
En un contundente acuerdo plenario, los jueces de la Cámara Civil rechazaron por unanimidad el fallo de la Corte Suprema en el caso Levinas, que habilitaba a la justicia porteña a revisar decisiones en causas civiles, comerciales, laborales y penales.
Los magistrados consideraron que la Corte excedió sus facultades y desconoció la Constitución Nacional al otorgar mayor poder a la justicia de la Ciudad. Además, remarcaron que el fallo presenta errores procesales y argumentativos, por lo que decidieron no enviar sus decisiones al Tribunal Superior de Justicia porteño.
La disputa se centra en el traspaso de competencias de la justicia nacional ordinaria a la justicia porteña, una medida contemplada en la reforma constitucional de 1994, pero resistida por los jueces nacionales. En los próximos días, la Cámara Comercial podría adoptar una postura similar, mientras que los fueros penal y laboral siguen atentos al conflicto.
Los camaristas también cuestionaron la composición de la Corte al momento del fallo, señalando que la mayoría que lo respaldó dejó de existir tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Además, destacaron el dictamen contrario del Procurador General interino, Eduardo Casal.
En un mensaje inusualmente crítico, afirmaron que la Corte "trastocó por completo el sistema constitucional argentino" y actuó fuera de su competencia al imponer al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como instancia de revisión, sin consultar al Estado Nacional ni a la Ciudad de Buenos Aires.
En parte de la acordada de este martes que reproduce Clarín, los camaristas afirman que "la Ciudad no reviste la condición de una provincia" y agregan: "Lejos de la afirmación insólita de la Corte, tampoco existió nada parecido a un acuerdo celebrado, en el año 1995, entre el Congreso Nacional y la Legislatura local, para transferir la Justicia Nacional a la Ciudad. No existe ningún mandato constitucional de transferir la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires".
Para el final, dejan una advertencia a los porteños: "De aplicarse la resolución de la Corte Suprema, se produciría un efecto altamente negativo, que podría llevar a la parálisis del sistema. Los juicios en trámite podrían demorarse durante varios años más. Se privaría a los magistrados -e indirectamente, a los ciudadanos- de la infraestructura de apoyo con la que actualmente se cuenta: archivo, biblioteca, oficiales notificadores, oficiales de justicia, morgue, cuerpo médico forense, entre otros. Esto redundaría, finalmente, en un aumento sideral de los impuestos a cargo de los ciudadanos de la Capital Federal."
El abogado constitucionalista Félix Lonigro fue consultado sobre esta situación en diálogo con FM 99.9 Mar del Plata y recalcó: "Dentro del Poder Judicial este tipo de actitudes son inéditas, porque no responden a un juez en particular, sino que tiene que ver con una decisión tomada por los presidentes de las cámaras nacionales con asiento en en la Capital Federal. Realmente es insólito. La decisión que tomaron, la actitud que adoptaron estos jueces, cuya conducta debe ser evaluada por el Consejo de la Magistratura, y con la intervención eventualmente del Jurado de Enjuiciamiento, me parece que hay que analizarla desde ahí. Creo que hay mal desempeño en esto. No pueden desconocer una decisión del máximo tribunal así".
