El alarmante relevamiento sobre las Auditorías de las Pensiones No Contributivas
La Agencia Nacional de Discapacidad revisa 1.250.000 casos para corregir la entrega de pensiones a quienes no le corresponden.
El Gobierno anunció un exhaustivo proceso de auditoría sobre 1.250.000 casos de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral en todo el país. Esta medida, impulsada mediante la Resolución N° 187/2025 publicada el 16 de enero, tiene como objetivo corregir anomalías detectadas en el sistema y garantizar que los recursos públicos lleguen exclusivamente a las personas que cumplan con los requisitos legales.
Un relevamiento preliminar reveló datos preocupantes: alrededor del 80% de los beneficiarios actuales no cumplen con las condiciones necesarias para recibir este tipo de pensión. Las principales irregularidades incluyen la asignación de pensiones a personas que no presentan las discapacidades declaradas.
Según fuentes oficiales, el 85% de estas pensiones otorgadas a personas que no cumplen con los criterios necesarios fueron asignadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El 15% restante corresponde al período de Mauricio Macri, según datos de La Libertad Avanza.
La investigación está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), liderada por Diego Spagnuolo, y forma parte de un conjunto de auditorías implementadas por el Ministerio de Salud. El objetivo central es garantizar la transparencia y la eficacia en el uso de recursos públicos destinados a la población vulnerable.
Diego Spagnuolo señaló que esta medida permitirá "restablecer la confianza en el sistema y asegurar que las pensiones beneficien exclusivamente a quienes se encuentran en situación de incapacidad real y verificable".
Nueva normativa para las PNC
La resolución publicada el 16 de enero establece nuevos criterios para el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas, bajo la premisa de garantizar un proceso más equitativo y riguroso. Entre los cambios destacados, se priorizará:
- Revisión exhaustiva de los casos existentes para identificar beneficiarios que no cumplan con las condiciones legales.
- Mayor control en los procesos de evaluación médica para determinar la invalidez laboral y la necesidad del beneficio.
- Transparencia en la asignación de recursos públicos, asegurando que lleguen a quienes realmente los necesitan.
Además, en el anexo que se adjuntó junto a la medida publicada en el Boletín Oficial, se estableció una categoría de dictámenes según el grado de invalidez:
- Siempre favorable: “Incapacidad suficiente para generar un dictamen médico favorable a los fines del otorgamiento de la pensión, independientemente de los factores socioeconómicos”.
- Evaluable: “Necesidad de mayor evaluación (para lo cual se puede recurrir al baremo, a la consideración de los factores socioeconómicos, interconsultar con otros médicos u otras disciplinas o bien tener en cuenta otras patologías 3 invalidantes fehacientemente documentadas) ya que podría llegar a generar un dictamen favorable o desfavorable debido al grado de invalidez alcanzada”.
- Incapacidad baja: “Si bien producen algún grado de incapacidad, no llegaría al grado de invalidez requerida para otorgar la pensión ni aun teniendo en cuenta los otros factores”.
- Sin incapacidad: “Tiene alguna patología, pero ausencia de incapacidad”.

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