Planes sociales: Belliboni cada vez más complicado por el desvío de fondos
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en el marco de la causa que lo investiga junto a otros 16 dirigentes de su partido por presuntamente desviar fondos destinados a planes sociales y extorsionar a sus beneficiarios. Con el rechazo de las apelaciones de las defensas, Belliboni quedó a un paso del juicio oral público.
El dirigente social está imputado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión. Se lo investiga por supuestamente ofrecer la incorporación al plan Potenciar Trabajo que otorgaba el exMinisterio de Desarrollo Social del expresidente Alberto Fernández a cambio de asistir a marchas y movilizaciones. Si no lo hacían, se los amenazaba con dar de baja el subsidio, sostiene la denuncia.
Las apelaciones de los dirigentes sociales involucrados fueron rechazadas por inadmisibles la semana pasada por los jueces de la sala IV de Casación: Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. “Los recurrentes no lograron demostrar los agravios actuales de tardía o imposible reparación ulterior que les genera la decisión del a quo de rechazar los planteos de nulidad y confirmar los procesamientos de los aquí imputados así como las medidas cautelares dispuestas”, argumentaron los magistrados.
De esta manera, se rechazaron los recursos de casación interpuestos por los defensores particulares de Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, María Isolda Dotti, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coego, Elizabeth del Carmen Palma, Cynthia Delgado Vilches, Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia y Roberto Adrián Albornoz.
El tribunal de segunda instancia debió intervenir luego de que la defensa apelara el fallo de la Cámara Federal Porteña, que el pasado noviembre había confirmado el procesamiento de los acusados en un fallo donde les imputó a los acusados los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.
En esa oportunidad, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens habían entendido que los implicados utilizaron su posición de privilegio para aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad y consideraron que hubo amenazas coactivas y extorsión sobre personas para que asistieran a movilizaciones convocadas por la agrupación.
La causa se originó el 20 de diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Seguridad habilitó el número 134 para que los ciudadanos denunciaran anónimanente a las agrupaciones que intentaran coercionar a los manifestantes para concurrir, de cara a la primera movilización de piqueteros contra el Gobierno de Javier Milei. En esa oportunidad se recibieron 45 llamados solo en la Capital Federal, de las cuales se localizó a 7 y 5 acudieron para prestar su declaración bajo identidad reservada.
