La única medida de seguridad de Javier Milei y Patricia Bullrich que no tiene apoyo
Los argentinos se muestran satisfechos con los proyectos y decisiones en materia de seguridad de la gestión libertaria, pero también se expresaron en desacuerdo con uno.
Las encuestas parecen sonreírle a la gestión de Javier Milei, al igual que a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Un informe reciente de la consultora Isasi Burdman se enfoca en ambos personajes políticos y se destacó un dato clave: el argentino apoya todas las medidas y proyectos de la dupla, menos la tenencia de armas a partir de los 18 años.
La Ley antimafia, que endurece penas y crea nuevas figuras contra el crimen organizado, cosecha un 75% de votos positivos. La Reforma de la policía federal tiene un 72% de apoyo. El juicio en ausencia, que busca impulsar el oficialismo para permitirá juzgar a un imputado aunque no esté presente -en el marco de la causa AMIA- consiguió un 66% de respuestas afirmativas.
El proyecto que pretende agilizar la expulsión del país de los extranjeros que cometen delitos en el territorio argentino tuvo gran apoyo: el 86% de los encuestados está conforme. De igual manera ocurre con la iniciativa para endurecer las penas contra las personas que cometen el mismo delito más de una vez. Mientras que el regreso del servicio cívico voluntario para jóvenes de 18 a 24 años obtuvo un 81% de los votos afirmativos.
Descontento con la baja de edad de uso de armas de fuego
No obstante, la medida que baja la edad mínima para compra, tenencia y uso legítimo de armas de fuego de 21 a 18 años no fue tan bien recibida entre los encuestados. El informe muestra un desacuerdo del 65%, frente a un 30% de agrado y un 5% de indecisión.
A través de un decreto presidencial, Milei redujo la edad mínima para el acceso a armas de fuego. La medida va en sintonía con su promesa en campaña por facilitar el acceso a las mismas, frente a la escalada de inseguridad que se estaba viendo en el país.
La resolución, publicada en diciembre, modifica el artículo 55 de la ley 20.429. Si bien su objetivo sería “armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los 18 años”, esta iniciativa no fue bien vista por la opinión pública.

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