La Justicia dejó en pausa las millonarias sanciones a Daniel Orozco y a Janina Ortiz
Este jueves la Suprema Corte de Justicia dispuso la suspensión de la ejecución 18.025 y de esta manera le dio un respiro al exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y sobre todo a su esposa Janina Ortiz. En concreto, el máximo tribunal determinó que no se ejecutará el pago de multas y cargos formulados por el Tribunal de Cuentas hasta que no se resuelvan las Acciones Procesales Administrativas presentadas por los involucrados. Es decir, Janina Ortiz no deberá reintegrar casi 60 millones de pesos hasta que la Corte no se expida sobre el fondo de la cuestión.
El fallo en cuestión se centra en las deficiencias detectadas en la Contratación Servicio de Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, que paralelamente es investigada en el fuero penal con un puñado de exfuncionarios imputados. En concreto, el Tribunal de Cuentas determinó que hubo sobreprecio e irregularidades en la contratación. También habla de deficiencias en el control interno de las supuestas horas trabajadas por los empleados y aclara que no se ha podido certificar el cumplimiento de la prestación del servicio.
Ante esa situación se formuló una multa de 700 mil pesos al exintendente Daniel Orozco y sanciones más severas aún para Janina Ortíz. A esta última le impusieron una multa de 1.6 millones de pesos y cargos para que devuelva más de 60 millones de pesos a la comuna por no poder justificar el uso que se le dio a ese dinero.
Tanto Janina Ortiz como Daniel Orozco solicitaron la suspensión de la ejecución del Fallo n° 18.025 "cuya declaración de nulidad ha solicitado, en forma simultánea en la acción procesal administrativa". Es decir, solicitan que el Tribunal de Cuentas se abstenga de realizar cualquier actuación que implique la ejecución de lo ordenado "hasta tanto recaiga sentencia firme en el proceso principal".
"Atento a las circunstancias arriba detalladas en que no existe oposición de la demandada y por tratarse de la imposición de cargos patrimoniales y una multa que la actora cuestiona en la acción principal, corresponde hacer lugar a la medida solicitada", determina la Corte.
Pero para hacer efectiva la medida, aclara que Janina Ortiz deberá constituir una caución real o alguna otra garantía por 7.5 millones de pesos. En el caso de Orozco, la caución es de solo 140 mil pesos.
La suspensión de la ejecución del fallo no significa que Ortiz y Orozco han sido liberados de pagar las multas y cargos impuestos por el Tribunal de Cuentas. Lo que establece es que no se harán efectivos esos pagos hasta que la propia Corte no resuelva los planteos administrativos que los afectados hicieron pidiendo la nulidad del fallo. Es decir, hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión, Orozco, Ortiz y el resto de los funcionarios sancionados no deberán reintegrar el dinero que se les reclama.