2 de octubre: un llamado a defender el futuro del país
La educación pública y el sistema científico en Argentina enfrentan una crisis sin precedentes, amenazados por decisiones que comprometen su continuidad. En cara a la marcha del 2 de octubre, reflexionamos sobre la importancia vital de mantener y fortalecer el sistema universitario y científico como motores de desarrollo social, fundamental para enfrentar la crisis y construir un futuro más equitativo y sostenible
“La educación pública es una inversión estratégica que se traduce en más y mejor calidad de vida para todos: no es solo un beneficio individual, es una inversión en el futuro colectivo”
Pensemos unos minutos cómo sería Argentina si no existieran las universidades públicas… ¿Cuánto tendría que ahorrar una familia para que uno de sus hijos pudiera convertirse en médico, ingeniero o profesor? ¿Cuántos jóvenes con talento se verían obligados a abandonar sus sueños porque el costo sería simplemente imposible de cubrir? Las puertas de la formación profesional solo estarían abiertas para unos pocos. Y esos pocos no serían necesariamente los más capacitados, dedicados o con talentos prometedores, sino simplemente quienes tengan el dinero para cubrirlo.
Un país que limita el acceso a la educación, limita su propio desarrollo. Argentina necesita que más personas accedan a la universidad porque un país con más profesionales es un país más competitivo y preparado. Pensemos en los avances en ciencia y tecnología que han salido de nuestras universidades públicas: médicos que hacen que los hospitales sean de los mejores de la región, ingenieros que desarrollan soluciones para infraestructuras críticas, y profesores que forman las futuras generaciones. Cada uno de esos profesionales contribuye directamente al desarrollo del país. Sin educación accesible, perdemos talento que genera innovaciones, emprendimientos, y soluciones a las problemáticas locales, que llegan, incluso, a quienes no han cursado en la universidad. La educación pública es una inversión estratégica que se traduce en más y mejor calidad de vida para todos: no es solo un beneficio individual, es una inversión en el futuro colectivo.
Como científicas e investigadoras del CONICET, como docentes de una Universidad Pública de Argentina, creemos firmemente que la educación es uno de los mecanismos más poderosos para el desarrollo de nuestro país. La universidad pública argentina no es solo un espacio de formación académica de excelencia, que hoy compite en los mejores puestos de los rankings Latinoamericanos, sino que es también un derecho esencial y una herramienta de equidad. Esto último se ve claramente en los números: seis de cada diez estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo son la primera generación de sus familias que accede a estudios universitarios[1]. Este hecho, que quizás pueda parecer trivial en otros contextos, es un logro enorme y que debe continuar avanzando en un país que históricamente ha luchado por garantizar el acceso igualitario a la educación.
Nosotras somos testimonio vivo de los beneficios de una educación pública y de calidad. Provenientes de familias de clase media, sin esa educación gratuita nunca habríamos tenido la oportunidad de formarnos en una Universidad. No solo logramos obtener nuestros títulos de grado, sino que también accedimos a doctorados en Química y Biología en universidades públicas nacionales, respaldadas por becas del sistema científico nacional. Por ello, en esta nota hablaremos de los dos, universidades y sistema científico, porque ambos están intrínsecamente vinculados y se retroalimentan. Juntos forman a los profesionales y comparten recursos humanos, fortaleciendo tanto la educación como la investigación científica. Si uno de estos pilares se debilita, inevitablemente el otro también se verá afectado. Es esencial entender que lo que está en juego no es solo la educación de algunos, sino el futuro de todos.
Somos docentes universitarias desde hace muchos años, muchos de los cuales los hemos dedicado a trabajar ad honorem, y el resto con sueldos muy bajos (dedicación simple). Sin embargo, lo hemos hecho con la firme convicción de devolver al sistema que nos formó. No somos una excepción: el sistema universitario argentino se ha sostenido históricamente gracias a muchísimos docentes que no reciben remuneración, o que perciben salarios tan bajos que nos es imposible vivir exclusivamente de la docencia. Este es un problema profundo que necesita una solución. Las universidades públicas, a pesar de sus bajos presupuestos históricos, han logrado sostener una educación de excelencia. Enfrentamos enormes dificultades, pero enseñamos con compromiso, transmitiendo nuestra pasión por las áreas en las que nos especializamos. Paralelamente, realizamos investigaciones científicas que no solo resultan en publicaciones en revistas internacionales, sino que también abordan problemas locales y posicionan a nuestras universidades y al sistema científico argentino en un lugar destacado tanto a nivel regional como global. Nuestra formación como científicas nos ha permitido contribuir al diseño molecular en ciencias de la salud y al desarrollo de nanomateriales, así como investigar, con las más avanzadas tecnologías genéticas, la diversidad biológica de nuestro país. Este recorrido académico y productivo nos ha abierto las puertas a financiamiento y becas internacionales, y nos ha permitido colaborar con científicos de excelencia a nivel mundial como pares. Todo esto es posible gracias al nivel de excelencia que ofrecen nuestras universidades públicas, una formación que no solo compite, sino que destaca a nivel global.
Las universidades públicas nacionales y el sistema científico están en serio riesgo
El financiamiento de las universidades y a la ciencia argentina ha sido gravemente recortado en los últimos meses, lo que ha provocado una crisis sin precedentes. La reducción de insumos, la dificultad para cubrir gastos de funcionamiento y los salarios cada vez más bajos de científicos, docentes y personal no docente amenazan con hacer insostenible la continuidad de nuestras instituciones educativas y de investigación.
La aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por una amplia mayoría en el Congreso fue un avance clave. Esta ley garantiza los recursos mínimos necesarios para sostener los salarios y el funcionamiento de las universidades, representando solo el 0,14% del PBI[2]. A esto se suma la continuidad de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada por unanimidad en 2021[3]. Estas iniciativas son una luz de esperanza en el marco del sistema democrático republicano de Argentina y resaltan las prioridades de inversión que el país debe adoptar. Sin embargo, el poder ejecutivo ha comunicado el veto inminente de la primera y la nulidad de la segunda en el proyecto de presupuesto 2025. Más aún, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional ha solicitado 7.2 billones de pesos para el año próximo, el proyecto de presupuesto 2025 solo contempla la mitad de esta cantidad. Esto constituye un ataque directo a la comunidad científica y educativa, así como también al derecho fundamental que tienen miles de estudiantes de acceder a una educación pública de calidad.
La inexplicable paralización durante el 2024 de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo Tecnológico y la Innovación agrava la situación, afectando directamente la continuidad de proyectos de investigación y la formación de recursos humanos. Decimos "inexplicable" porque el financiamiento está disponible, en muchos casos gracias a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que solo pueden utilizarse para los fines solicitados. Sin embargo, estos recursos permanecen bloqueados. No ejecutar estos fondos no solo limita la producción de conocimiento, sino que pone en riesgo nuestra soberanía tecnológica y científica, exponiendo al país a sanciones internacionales.
Sin un financiamiento adecuado, la ciencia en Argentina se estancará, frenando el desarrollo nacional. Ya hemos visto una disminución del 30% en las solicitudes para ingresar a la carrera de investigador científico este año[4], lo que indica que los jóvenes están optando por otras profesiones o emigrando en busca de oportunidades académicas en el extranjero[5]. Esta fuga de cerebros no es solo una pérdida para el sistema científico y las universidades, es una tragedia para el país en su conjunto.
Solicitamos al poder ejecutivo que reconsidere las decisiones tomadas y que trabaje en la construcción de un sistema educativo y científico inclusivo, sostenible y con los recursos necesarios para cumplir con su misión y contribuir a fortalecer la economía del país. También llamamos a la sociedad en general a marchar este 2 de octubre en defensa de la continuidad de la educación pública, gratuita y de calidad para todos los argentinos. El futuro de los estudiantes, docentes, investigadores, y de la Argentina misma depende de ello.
Por Vanesa Galassi* y Melisa Olave**
Docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo
*Instituto interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB-CONICET, CCT Mendoza)
**Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA-CONICET, CCT Mendoza)