Las reformas de Javier Milei a nueve meses de llegar: Mendoza, en la lupa de todos

El Gobierno de Javier Milei está cada vez más obligado a mostrar cambios. El ajuste ya lleva casi 10 meses y la paciencia social, si bien aún se mantiene en niveles inéditos para semejante corrección de la economía, comienza a pedir resultados con mayor rapidez. En ese tren aparecen dudas y certezas; las primeras provienen más de la política, las otras escasean pero en general anidan en decisiones que tiene que ver más con la economía.

La semana pasada fue una muestra clara de todo este escenario: antes que Javier Milei se embarcara hacia Nueva York, donde el martes dará su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, pero sobre todo donde tendrá reuniones con directivos de empresas petroleras, mineras y financieras que tienen preguntas sobre el futuro, el presidente tuvo algunas señales que no pueden dejarse de lado.

Es un hecho que la inflación bajó a niveles inferiores a 4%, sobre todo en alimentos donde septiembre muestra números cercanos a 3,5%, como dice la consultora PxQ o el 3,4% que proyecta EcoGo. ¿Alcanza para mantener el fenómeno de apoyo social que las encuestas le mostraron a Milei hasta ahora? Difícil saberlo hoy y mucho más por cuanto tiempo se mantendrá un equilibrio lógico en la imagen positiva de un presidente que llegó al poder más como contracara de cuatro desastrosos gobiernos kirchneristas que minaron la economía, los bolsillos y cualquier relación lógica entre ingresos y costo de vida.  

La caradurez de los Kirchner pretende hoy explicar otra historia con una letanía que volvimos a escuchar en el acto de Cristina Fernández de Kirchner en Merlo del fin de semana pasado y también en el de su hijo Máximo, que hasta usa apellido sin identificar nombre para intentar seducir, en La Plata, en eventos políticamente obscenos que parecen estar armados a la medida de Milei. De todas formas, y como alerta la historia argentina, el presidente no debe abusar del uso del desprestigio kirchnerista y mucho menos considerar que el peronismo está definitivamente muerto.

Milei, entonces, necesita mostrar más cambios que nunca para mantener la ilusión firme. En materia de privatizaciones la atención general se instaló desde hace dos semanas en Aerolíneas Argentinas. El Gobierno firmó la declaración de servicio esencial para el mercado aerocomercial, una definición que sirve más para sancionar a quienes la incumplan que para garantizar paz y continuidad en la prestación del servicio. El Gobierno en esto está ganando una batalla. El apoyo social a la aerolínea de bandera, que supo ser fuerte cuando Carlos Menem la privatizó escandalosamente en manos de Iberia y luego con el virtual vaciamiento de la empresa y el impacto de la quiebra de Marsans, en esta época mutó en hastío frente al descontrol de los sindicalistas que se nuclean en el servicio aéreo con Pablo Biró de APLA como máximo exponente del delirio sindical.

De todas formas, todas las alternativas sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, desde disolverla o desguazarla, como propone Mauricio Macri, hasta tercerizar servicios como amenazó el Gobierno, están hoy muy en veremos.

Dentro de las privatizaciones en juego la pole position la tiene Mendoza con la empresa IMPSA. A pesar de las dudas, la privatización de esa mega empresa, que supo ser un orgullo nacional en materia de desarrollo de tecnología en áreas como la generación de energía y con exportaciones a destinos a los que ningún otro grupo había llegado, está hoy en camino. El problema es saber adónde llegará el proceso y la experiencia mendocina podría ser una prueba para testear finalmente como está el mercado para el resto de las privatizaciones que esperan en la lista.

El Gobierno nacional y el de Mendoza están en el tramo final para resolver el futuro de IMPSA. Ninguno de los involucrados hoy puede dar garantía de éxito de ese proceso. Existe una oferta de la estadounidense (tiene venezolanos en su integración) ARC Energy y otras de empresas suecas e italiana. “El resultado puede ser bueno o malo, no hay intermedios”, reconocen a MDZ desde la empresa.

Para que se entienda, no existe un Plan B por parte de los accionistas mayoritarios de IMPSA que son el estado nacional y el de Mendoza. Entre ambos suman casi 86 % de la tenencia accionaria. Las alternativas del proceso privatizador son que se consoliden las ofertas que deberían terminar de concretarse entre fin de octubre y noviembre, aseguran desde el ministerio de Economía, o bien que los interesados exijan un plazo mayor. Y en ese caso se agravarían los problemas porque el gobierno nacional no está dispuesto a seguir financiando sueldos y gastos de IMPSA y cash flow de la empresa “esta escorado”, para respetar la terminología que utilizaron nuestras fuentes.

En el medio la política local está metiendo el bisturí. Mendoza debe aprobar la ley que habilite la venta del 21 % de las acciones en poder de la provincia. La Cámara de Diputados ya la votó y Alfredo Cornejo jugó fuerte a favor de la privatización. “Hemos venido acompañando este proceso todo el tiempo trabajando mancomunadamente la Provincia y la Nación en este intento de salvar a esta compañía”, dijo el gobernador en ese momento, pero por ahora no alcanza. La semana pasada el Senado no pudo aprobar la ley de venta porque el mileismo de Omar De Marchi y el peronismo se negaron a aportar para los dos tercios y habilitar el tratamiento sobre tablas. Es altamente probable que este martes la ley se apruebe, pero habrá debate.

Detrás de escena están algunas cuitas históricas de De Marchi sobre el manejo con IMPSA. De Marchi se había negado en su momento al aporte que, vía ATN con asignación específica, se hizo para mantener a IMPSA funcionando. Esos U$S 5 millones van y vienen continuamente en la discusión de la historia política local. Es un ejemplo, pero puede repetirse en cada una de las discusiones privatizadoras a nivel nacional ya que historias como esta abundan.

En materia cambiaria también sobran dudas. Hoy no existe escenario reconocible para la salida del cepo. Las empresas miran con expectativa una fecha posible pero sin tener precisiones. Todo indica que “algo” debe pasar con el cepo y el dólar en diciembre, aunque Luis “Toto” Caputo prefiere mantener pronósticos de salida inminentes pero sin hablar del calendario.

El 22 de diciembre, por ejemplo, vence el impuesto PAIS. El Gobierno ya anunció que no tiene intención de renovarlo y si quisiera hacerlo debería pedirle una ley al Congreso que hoy aparece de imposible aprobación.  Luis Caputo lo bajó 10 puntos para importaciones, pero en diciembre vence la vigencia del impuesto que, entre otras cosas, define el nivel del dólar para compras con tarjeta de crédito en el exterior o pajes aéreos.

Sobre ese punto no hay definición y aparece otra pregunta entonces. Si desaparece el impuesto PAIS, el diferencial de costos para veranear en el exterior en comparación con los precios en Argentina será aún mayor, es algo que cualquier argentino hoy puede verificar cuando visita un shopping en cualquier país del mundo. El país esta carísimo en dólares y por lo tanto: ¿cómo evitará Caputo que una ola de compradores de pasajes y turismo al exterior no le lleve los escasos dólares con los que puede contar en el Banco Central? La cuestión de estos diferenciales y retrasos cambiarios de la economía argentina está dentro del menú de diálogo con el FMI y no debe olvidarse que en diciembre vence el acuerdo con el organismo y “algo” hay que renegociar.