La Corte rechazó el recurso de Janina Ortiz y su imputación es inminente
La Suprema Corte de Mendoza se expidió respecto a los planteos presentados por la defensa de Janina Ortiz y rechazó los recursos, dejando vía libre a la imputación de la diputada provincial, que se encuentra suspendida en sus funciones. En concreto, la defensa cuestionaba el avoque de imputación entendiendo que correspondía que prestara declaración informativa. La Corte le puso punto final a esa discusión afirmando que ese "artilugio argumentativo" quedó "desvirtuado".
"Ningún argumento de la defensa acredita que el representante del Ministerio Público Fiscal haya actuado por fuera del ejercicio de sus funciones y facultades procesales, derivadas de la capacidad propia a su oficio. En consecuencia, no siendo objetivamente impugnable la resolución cuestionada, corresponde la desestimación formal del recurso", sostiene en su voto el juez Julio Gómez.
De esta forma, Janina Ortiz podría ser imputada en las próximas horas en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de 35 millones de pesos de la Municipalidad de Las Heras a través de la contratación de la Cooperativa Manos a la Obra. En esa causa ya están imputados Daniel Orozco, Osvaldo Oyhenart, Adrián Pérez, Juan Pablo Pandolfi, Matías Mostaccio, Mauricio Rafael Valle, Carlos Arturo Nofal, Mauro Sebastián Homan y Daniel Germán Herrera.
La única investigada que no ha sido imputada aún es la diputada Janina Ortiz, a quien le removieron los fueros y luego la suspendieron como legisladora. El motivo por el que Ortiz no fue imputada formalmente es que su defensa interpuso planteos de nulidad que han dilatado su imputación.
El Juzgado Penal Colegiado N° 1 fue el primero en resolver esos planteos y lo hizo en contra de Janina Ortiz. Pero su defensa fue en apelación al Tribunal Penal Colegiado N°2, que también desestimó los planteos de Ortiz. Esa decisión también fue recurrida por la defensa, que adujo irregularidades por "el sometimiento a un proceso judicial a una persona por razones de índole político-partidarias". En concreto, esgrimen que "este caso reviste gravedad institucional en tanto compromete la administración de justicia al afectar la forma de aplicación de la ley procesal penal y convalidar accionar arbitrario del Ministerio Público Fiscal".
Específicamente, el cuestionamiento de la defensa de Janina Ortiz era que el Ministerio Público se negó a citarla a declarar de forma informativa y decidió en cambio forzar su imputación. Pero la Corte desestimó esa versión de cuajo.
"Es necesario referir que la atribución de llamar a prestar declaración informativa prevista en el art. 318 del CPP, así como la de imputar formalmente establecida en el art. 271 del CPP, no son opciones alternativas equivalentes a la conveniencia y oportunidad que estime el representante del Ministerio Público Fiscal. Pues la procedencia y pertinencia de ambos institutos procesales dependerá, en última instancia, del grado de convicción probatoria que el representante fiscal juzgue tener ante sí, de acuerdo con los elementos de prueba que obran en el legajo correspondiente", se puede leer en el escrito que lleva la firma de los jueces Julio Gómez, José Valerio y Teresa Day.
Por todo ello, decidieron desestimar los planteos y el Ministerio Público podría citar a Janina Ortiz para que, luego de más de un año, sea imputad formalmente en la causa.
Según los investigadores, “a partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de defraudar al Municipio de Las Heras, un grupo de funcionarios públicos integrado por el Intendente -Mario Daniel Orozco-, la Secretaria de Gobierno -Janina Ortíz Occhionero- el Jefe de Licencias de Conducir -Hernán Matías Mostaccio-, el Director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el Sub Secretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el Secretario de Hacienda –Carlos Arturo Nofal-, el Director de Asuntos Legales –Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el ex Sub Director de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) “Moco” ; orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas".