Qué implica la reforma jubilatoria de Santa Fe que sigue de cerca Javier Milei
En medio de un escándalo, la Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley la emergencia previsional y la reforma jubilatoria, iniciativa que impulsó el gobernador, Maximiliano Pullaro con el objetivo de bajar el déficit de la Caja que - según estiman - rondaría los 400 mil millones.
El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado, fue aprobado únicamente con los votos de Unidos Para Cambiar Santa Fe, la coalición de gobierno que venció al peronismo en el 2019, que está integrada por la UCR, el PRO y el Socialismo.
En la vereda de enfrente estuvo el justicialismo, con sus distintos sellos, encabezado por el exgobernador Omar Perotti y varios exministros, que lo rechazaron al igual que los progresistas y otros espacios "celestes" que conduce Amalia Granata. La panelista de televisión fue una de las más activas en el recinto y no dudó en chicanear al Ejecutivo diciendo que no había fondos para jubilados, pero sí para pagarle a Susana Gíménez, en alusión a una publicidad de la Lotería.
Aunque el número nunca corrió riesgos, la victoria del oficialismo fue más ajustada de lo previsto. Sobre 50 diputados, 23 votaron a favor y 20 por la negativa. El resto se repartió entre ausencias y abstenciones. También sabía Unidos que no había lugar para ningún tipo de cambio, "ni una coma", decían antes de ingresar los diputados.
Desde la oposición cuestionan los cambios a la reforma jubilatoria que impulsó Pullaro, aseguran que no hay motivos para una emergencia previsional, y lo pegan al ajuste que lleva adelante el presidente de la Nación, Javier Milei. Rápidos de reflejos, en el Gobierno rechazan críticas y destacan que "salvan la Caja y a miles de jubilados" de la otra opción: trasladar el sistema a Nación. Explican que significaría "una caída de los haberes que perciben los pasivos de Santa Fe".
La reforma previsional que votó la Legislatura otorgó a Maximiliano Pullaro una facultad que está atada a Milei y la oposición consideró riesgosa. Si durante los próximos tres años (plazo de extensión de la emergencia) el presidente decidiera aumentar la edad jubilatoria, el gobernador podría adherir a la medida solo con la firma de un decreto y sin necesidad del trámite legislativo.
La norma sancionada en Santa Fe no modificó las edades, pero fue un punto de disputa hacia el interior de Unidos, donde el prisma ideológico es muy amplio y no había consenso, por eso se terminó optando por la definición nacional. A su vez, se estableció un "aporte solidario" para activos y pasivos, inclusive los que ya son jubilados, donde aportan más los que más ganan, en un escala que varía entre el 2 y el 6%.
En otro de los cambios, estableció tope a las jubilaciones máximas, que actualmente multiplican hasta 32 veces la mínima. Ahora serán de 20 haberes mínimos como techo, lo que implica, a valores de hoy, que ningún jubilado podrá percibir más de 7,5 millones de pesos.
"La Caja de Jubilaciones estaba en circunstancias y condiciones inviables, había entrado en una espiralización del déficit, había perdido sustentabilidad e, inevitablemente, iba camino a ser transferida a la Anses, porque era imposible sostenerla en el tiempo”, explicó el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, luego de aprobarse en Ley.
Desde el Ejecutivo explicaron que la ley se promulgará este mismo jueves, con el número 14.283, y se publicará este viernes en el Boletín Oficial.
Así se votó la reforma jubilatoria en Santa Fe
Incidentes en la explanada de la Legislatura
Minutos antes de la votación, un grupo de trabajadores decidió avanzar e intentó ingresar al edificio de la Legislatura. La policía intentó resistir, pero lograron vencer la puerta principal de ingreso. Debieron acudir al lugar en carácter urgente y personal de infantería.
"Son siete agentes heridos. Seis con heridas leves y uno que sufrió la incrustación de un pedazo de vidrio en el ojo porque le arrojaron un termo. Fue derivado al Hospital Cullen y luego a una clínica privada", comentó en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Desde el Gobierno descartaron la participación de "infiltrados" y lo resumieron únicamente a personas inadaptadas. Hasta el momento, no hay personas detenidas, pero se trabaja para identificarlas.