La inconstitucionalidad del veto presidencial a la reforma jubilatoria
Como Defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, junto con el Constitucionalista, Dr. Andrés Gil Domínguez, vamos a patrocinar a jubilados para la presentación en el Fuero de la Seguridad Social una “Acción declarativa de Inconstitucionalidad" contra el veto del poder ejecutivo a la reforma de la ley jubilatoria.
En los últimos años, los haberes previsionales vienen perdiendo poder adquisitivo de manera ininterrumpida y acelerada, llevando a quienes dependen de dichos haberes, a una situación objetiva de pobreza y desesperación. La utilización de los jubilados como variable de ajuste no es nueva, pero el deterioro acumulado de los haberes hace que cada nuevo recorte se vuelva más violento.
El ajuste realizado a lo largo del presente año recayó principalmente sobre los haberes previsionales. Fueron los jubilados quienes más aportaron a la consolidación del superávit fiscal, sin que en ningún momento se planteara la reconstitución de sus haberes. En ese contexto, la reforma aprobada en las últimas semanas representa una leve mejora que si bien no modifica la situación real de los jubilados, al menos puede ser vista como un atenuante en el largo proceso de deterioro de sus haberes.
Dicha reforma, al establecer la posibilidad de que las jubilaciones se ajusten de acuerdo al índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), en el caso de que dicho índice sea mayor al Índice de Precios del Consumidor (IPC), abre la posibilidad para una recuperación futura de las jubilaciones en el caso de que la economía se estabilice y se baje de manera definitiva la inflación.
Al vetar la reforma, el poder ejecutivo no solamente impide toda posible mejora sino que profundiza el despojo del sector más vulnerable de la sociedad, generando más pobreza de manera directa en el conjunto de la población. Si bien el veto es un atributo constitucional del presidente, el mismo requiere de una dosis de razonabilidad para ser legítimo. Es por ello que se realiza el planteo de inconstitucionalidad.
Si el mayor logro del gobierno es bajar la inflación, y su mayor objetivo es continuar bajándola, no es razonable que las jubilaciones queden atadas a la inflación. Puesto que esto implicaría que junto con la inflación las jubilaciones seguirían bajando. Cada vez que el Presidente celebra la baja de la inflación, estaría celebrando también la baja de las jubilaciones.
Por otra parte, el veto impediría incorporar al haber el aberrante y discrecional pago no remunerativo llamado "bono" que desde hace dos años ininterrumpidos vienen realizando las administraciones, permitiendo de ese modo que la movilidad opere sobre el 100% de la suma que reciben los beneficiarios tal cual establece la norma sancionada.
Es por estos motivos que el veto presidencial le quitaría a los jubilados cualquier posibilidad de tener una recomposición en sus ingresos, por más mínima que esta sea. No se le puede negar al sector que más sacrificó para salir de la crisis el derecho a recuperar aunque sea una parte de lo perdido en el caso de que la situación económica mejore.
Teniendo en cuenta el estado actual del sector, resulta imperioso detener ese proceso de despojo. No es verosímil combatir la pobreza generando más pobreza.
* Dr. Eugenio Semino - Defensor de la Tercera Edad - Pte. de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG)