Estados violentos: el profundo deterioro que afecta la vida cotidiana en Mendoza

La historia ocurrió en Las Heras y podría ser parte de un relato salvaje, si no fuera que es una tragedia real. A un hombre se le rompe su vehículo. Para, intenta atarlo a otro para remolcarlo y en ese momento un conductor borracho lo choca de atrás y lo mata. En un marco de desesperación general, los amigos de la víctima golpean al conductor que generó el incidente, revientan su vehículo y lo prenden fuego. Hasta ahí, sin intervención de nadie para amenguar la escena. Un problema cotidiano que termina en tragedia por culpa de una persona que conduce alcoholizada y le sigue un brote de ira e intento de justicia por mano propia.

Esa microhistoria ilustra gran parte de las tensiones sociales y la violencia creciente con la que se convive en Mendoza. Esa realidad desborda a cualquier intento de intervención estatal y, quizá, es producto del individualismo militante que reina. Un "sálvese quien pueda y como pueda". Importa más el metro cuadrado propio que el barrio, la ciudad y el pueblo en el que cada uno convive.

En el Gobierno manejan una doble vara que es entendible desde la estrategia política. El discurso hacia el público apunta a amenguar el impacto de los hechos de violencia y, como es costumbre, arrogarle los problemas a los conflictos de la vida privada. Claro que la vida privada, cuando se resuelve de esa manera, muchas veces tiene algún origen o arista en la acción u omisión de otros agentes. Gran parte de los homicidios ocurridos en los últimos tiempos, por ejemplo, tienen como trasfondo otros delitos como el narcomenudeo y la disputa de territorio para delinquir. Barrios y grupos de jóvenes marginados que hallan en ese micromundo un modo de vida.

A nivel interno, más profundo, quienes gobiernan entienden que la degradación social genera violencia, que hay una escalada de tensiones y hasta una “pandemia”.  “Lo verdaderamente preocupante es el trasfondo que subyace a estos hechos: una pandemia social de violencia como forma de resolver conflictos”, dijo a MDZ una fuente relevante del Poder Ejecutivo. “Esa violencia también se traslada a la forma de conducir, al menosprecio por el otro, manejando con 5 veces más alcohol de lo permitido. Eso se ve exacerbado por la condición social, la frustración de expectativas, la situación macroeconómica, entre otras. La gente está resolviendo sus conflictos de forma violenta, y esto es un problema socio cultural complejo”, teorizan en el Gobierno.

Alfredo Cornejo tuvo como puntal de la política de seguridad la agilización del Poder Judicial para juzgar rápido y aumentar la cantidad de detenidos. Por eso construyó cárceles y un Polo Judicial que tiene como base esa lógica. La tecnología es otro de los puntales de su idea, aunque en los últimos años se topó con varios problemas para concretar lo que propone: falta de actualización, problemas para comprar e importar. Mendoza, por ejemplo, sigue con muchos puntos ciegos en la red de videovigilancia. Según la información oficial otorgada a MDZ, el Ministerio de Seguridad tiene 2.149 cámaras habilitadas en toda la provincia. En el Gran Mendoza son 1.421 que son parte de la red provincial, a las que se les suman las cámaras municipales (que casi hacen duplicar esa cantidad) y las del Parque San Martín. Las Heras es el municipio “más desprovisto” de ese grupo. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se acerca a las 20 mil cámaras de seguridad.

El sistema está controlado por el Ministerio de Seguridad, pero los proveedores son privados y comparten otros negocios. En el Sur y el Valle de Uco la empresa CTC, del grupo Álvares maneja el negocio. En el Gran Mendoza es Alrink, el servicio de Internet del Grupo que controla la empresa eléctrica EDEMSA, además de otros negocios. Esta semana hubo una noticia que ilustra las particularidades de las relaciones político-empresarias. La Corte nacional dejó firme la destitución del exfiscal de Estado Joaquín De Rosas, quien fue condenado por haber favorecido a ese grupo empresario en la expropiación de terrenos en el pedemonte. Cornejo festejó la decisión, pues él tuvo una batalla particular. Cuando se inició la causa, Cornejo era presidente de la UCR y precandidato a gobernador. El grupo empresario ejecutó una política de hostigamiento mediático y “cancelación” por el respaldo de Cornejo a la destitución de De Rosas. Cornejo resistió. Luego hubo reconciliación y convivencia; una paz conveniente para ambas partes. Cornejo es gobernador y ese grupo empresario extendió sus contratos con acuerdo estatal.

Impotencia

La respuesta a los reclamos puede generar impotencia, pues no hay solución inmediata para problemas que tienen como germen las carencias estructurales. El propio Alfredo Cornejo lo sabe y, aún con la frialdad con la que suele comunicarse, busca generar ideas proyectando para un futuro que no verá. Es lo que reconoció en MDZ Radio Tadeo García Zalazar, ministro de Educación y dirigente de máxima confianza del gobernador. El titular de la DGE explicó que la enorme desigualdad, la diferencia de acceso a recursos en cada hogar genera condicionamientos complejos de revertir. Un niño que nace en un hogar pobre, donde no alcanza para comprar los insumos mínimos, va a tener peor rendimiento escolar y a futuro tendrá un peor trabajo.

Así lo indican estudios que el propio García Zalazar tiene sobre su escritorio. Por eso refuerzan la presencia estatal en la primera infancia, en las llamadas salas de 3, con escolarización, ayuda alimentaria y asistencia. Esa apuesta, que tiene poco de rédito político, es una de las más relevantes de Cornejo. Pero si la realidad económica general no cambia, una gota de agua en el mar. No hay datos oficializados, pero en Mendoza más del 60% de los niños viven en hogares donde no tienen los recursos para cubrir los gastos alimentarios, de salud y educación como corresponde. Pero la indigencia, es decir, las personas que no tienen para comer bien, es lo que más preocupa: podría llegar a cerca del 20% de la población de Mendoza. Los niños son los más afectados.

Ese es uno de los dramas más dolorosos de la realidad mendocina. No solo porque la actual generación de decisores (personas de entre 35 y 55 años) no pueden garantizar que sus hijos vivan mejor que ellos. La siembra del presente puede complicar y condicionar más aún el futuro. Lo que los economistas llaman “capital humano” está comprometido. Lo que cualquier persona con sentido común puede ver: los olvidos e impericias de hoy, condicionarán su futuro.

Los planes a mediano plazo están en un marco de incertidumbre por la desconexión y el desfinanciamiento nacional. Las provincias tienen que suplir con recursos propios el abandono y también crucen las estrategias federales. Ocurre en Salud, en los planes de economía regional y también en educación. La posibilidad de influir en la política nacional es también casi nula. Ese viejo anhelo de Cornejo está deshilachado por el desinterés de Javier Milei, que tiene una visión centralista que obvia las realidades locales. Tampoco Mendoza hace mérito para mejorar su potencial político.

No hay mendocinos que influyan favorablemente en las necesidades locales y los representantes en el Congreso se diluyen. El escándalo de Lourdes Arrieta es un buen ejemplo: en las últimas décadas los legisladores mendocinos usaron el Congreso más como escalera propia que en búsqueda de representar los intereses locales. Ocurre con la forma de votar de la mayoría, que va en función a pedidos externos y también en los por qué de la llegada al Congreso. Hubo y hay legisladores con buen desempeño personal (Nieri, Fernández Sagasti, Jury, VerasaI, Cobos), pero aislados de una estrategia favorable a la provincia. Pero incluso la mayoría solo ha transitado el Congreso como escalón.

Alfredo Cornejo fue tres veces legislador nacional y nunca terminó el mandato. Muchos llegaron solo para acarrear votos, otros para rellenar espacios y hasta hubo quienes "pagaron" su lugar con recursos para campañas políticas, sin tener ninguna pericia para el cargo. La lista de intrascendentes legisladores es enorme y casi igual a la cantidad de veces que el Congreso sancionó normas perjudiciales.