Seguridad Interior: Petri y Bullrich explicaron el proyecto para las Fuerzas Armadas actúen en casos de terrorismo

Se oficializó el ingreso a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley ideado por el Ministerio de Defensa de la Nación que plantea una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir dentro del territorio argentino ante actos que un comité de crisis considere como "terroristas". Dos de los firmantes son el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambos defendieron la iniciativa este último lunes y descartaron algún tipo de semejanza con lo ocurrido en la década de 1970 a la hora de determinar qué actos son considerados de terrorismo.

El proyecto de ley indica que, ante la presencia de acciones que aterroricen a la población y generen conmoción, el comité de crisis podrá solicitarle al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la Seguridad Interior. En las filas Ejército, como contó MDZ en un principio, hay dudas sobre su aplicación.

Entre los numerosos cambios presentes, la iniciativa "propone una alternativa intermedia a las mencionadas para que las FF.AA. actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio". Se incluirían operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia. La ley de Seguridad Interior, en su actual versión, admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio. En el hipotético caso de que se decida el despliegue de fuerzas armadas en un territorio, las unidades militares deberán reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, de la misma forma que sucede con los operativos de seguridad realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.

Se espera que el ministro Luis Petri acuda este martes por la tarde a la reunión convocada por la Comisión de Defensa. Aunque, según pudo saber MDZ, aún no pisará el Parlamento. Es probable que el proyecto sea cuestionado por la oposición en algunos puntos, por lo que el Gobierno aguardará hasta la semana que viene.

Este lunes, Petri -quien estuvo en Mendoza junto a la ministra Patricia Bullrich- se refirió al proyecto de Seguridad Interior y sostuvo: "Me parece que es clave porque uno de los grandes desafíos y las amenazas que tiene la República Argentina es luchar contra el terrorismo. A partir de allí es imprescindible generar una tercera alternativa que ya prevé la ley de Seguridad Interior en dos oportunidades: la posibilidad de que las fuerzas armadas intervengan o en apoyo o en la hipótesis más extrema, que es la del Estado del sitio".

"Entonces, a partir de allí, queremos que se genere una alternativa intermedia que posibilite que, cuando hay actos terroristas y las Fuerzas Armadas sean convocadas por el comité de crisis y un fiscal que así lo lo habilite, puedan intervenir para llevar tranquilidad y seguridad. Estamos interviniendo actualmente en apoyo en Rosario y fíjense lo que se generó a partir de la intervención de las fuerzas de seguridad más las fuerzas armadas en ese Rosario convulsionado con cinco crímenes que se dieron consecutivamente. Creemos que es imprescindible que, teniendo en cuenta las nuevas amenazas que vive el mundo y en donde una de ellas es el terrorismo, tengamos fuerzas armadas que puedan eventualmente intervenir", argumentó.

Se sembraron dudas en miembros de las Fuerzas Armadas respecto a la calificación que podrían tener los militares que, llegado el caso, terminen con la vida de alguien en nombre de la lucha contra el terrorismo. Algunos, según pudo saber MDZ, compararon la situación con lo ocurrido en la década de 1970, principalmente con los "decretos de aniquilamiento" durante el Gobierno constitucionalista de 1975 de María Estela Martínez de Perón y que sentaron bases para la dictadura de 1976.

Petri fue contundente y descartó similitudes. "No es una situación comparable. Estamos en un Estado de derecho y es un Estado democrático. Sería el congreso el que lo avale con normas y reglas de procedimiento, donde se establecen claramente las facultades. No hay ningún tipo de comparación posible con lo que se vivió durante la dictadura. Es una comparación antojadiza que nada tiene que ver con los más de cuarenta años de democracia que tenemos y donde el congreso de la Nación va a determinar hasta qué punto actúan las Fuerzas Armadas y en qué condiciones y circunstancias con total apego a la ley y donde un juez y un fiscal van a garantizar las normas del debido proceso. No hay que emparentarlo porque no son situaciones para nada comparables".

El proyecto incluye que, en los casos en que el personal militar designado para este tipo de tareas estuviese obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo -afirma el documento- "de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance". Además, "su accionar será calificado en cumplimiento del deber y, por consiguiente, no punible, en los términos del artículo 34 del Código Penal".

Consultado acerca de si las FF.AA están en condiciones de afrontar hecho de tal magnitud como el terrorismo, Petri dijo: "Claro que están en condiciones. Se desplegaron dos mil gendarmes y nosotros todos los años llevamos misiones de paz a Chipre en donde las fuerzas armadas justamente se capacitan, se ejercitan y se equipan para resolver cuestiones que muchas veces tienen que ver con situaciones vinculadas a la seguridad interior. La ley que nosotros estamos presentando al Congreso de la Nación permite ejercitación, capacitación y, además, contar con el equipamiento porque muchas veces lo que se sostiene es que las Fuerzas Armadas no están equipadas y no están capacitadas.

"Justamente, lo que prevé la ley es que por lo menos dos mil o tres mil efectivos puedan ser capacitados para garantizar una intervención exitosa. Al final del día de lo que se trata es garantizar la libertad y la vida de los argentinos. Y para eso tenemos que contar con la fuerza de seguridad provinciales y nacionales. En extremos, en donde la situación se desborda -porque hay actos terroristas- eventualmente ayuden y complementen esa tarea las FF.AA.. No hay obstáculo constitucional alguno y esto es importante y lo remarco porque no hay ningún tipo de impedimento que surja de la Constitución que prohíba a las Fuerzas Armadas intervenir en el supuesto que estamos previendo", comentó.

Petri explicó que los movimientos se verían en efectivos ,"como se desplazaron, por ejemplo, en Rosario, nada más que con facultades para aprehender una persona que está cometiendo un delito, identificar personas, hacer eventualmente patrullajes. Para anticipar no porque serían tareas de inteligencia que las tiene que hacer tanto la SIDE como la Dirección de Inteligencia Criminal. Pero sí eventualmente si hay un hecho terrorista que puedan intervenir las fuerzas armadas ,para para evitar que vuelvan a ocurrir".

El proyecto del Poder Ejecutivo incorpora una nueva opción de empleo militar a las dos ya existentes previstos en la Ley 24.059 de Seguridad Interior sancionada en 1991. La primera hipótesis que habilita la actuación de fuerzas armadas en seguridad interior, contemplada en el artículo 27 de la mencionada ley, es la que establece las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad. El segundo escenario, previsto en el artículo 31, es cuando media la declaración de estado de sitio para el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de las personas, así como los derechos, garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, cuando éste está en riesgo. Ahora se busca una tercera vía.

Por su parte, en relación a las situaciones que serán consideradas como terroristas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comentó: "El Estado nacional en sus distintas agencias, desde el sistema de inteligencia de la Secretaría del Estado con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, analiza cuáles son los casos en los que puede haber acciones terroristas preventivamente, personas que han cometido actos de terroristas en otros países, advertencias de agencias internacionales y, a partir de ahí, se puede declarar que hay una amenaza terrorista. Cuando se analiza que hay una amenaza, se convoca al comité de crisis de la ley que lo dirige la ministra de Seguridad y el gobernador de una determinada provincia. Se comunica la Justicia esta caracterización que entra en el Código Penal -una acción que puede ser terrorista- y a partir de ahí se convoca a las Fuerzas Armadas y al ministro de defensa a ese Comité".

"El procedimiento es de carácter operativo de acuerdo a la ley de seguridad interior, avalado por la Justicia. Lo que se hace es utilizar todo el poder del estado en caso de una amenaza terrorista o de amenazas terroristas en determinadas zonas del país. Esperemos no tener amenazas, pero hoy en día con lo que está pasando en el mundo Argentina está atenta (...) Esto es inmediato. Nosotros subimos y bajamos los niveles de protección de la Argentina de acuerdo a las circunstancias. Ustedes nunca se enteran porque son acciones que no necesariamente tienen que generar pánico en la población", aportó.

El proyecto presentado en el Congreso