Irrigación: el "matete" que se convirtió en un escándalo cada vez más grande

La historia comenzó con un intento de tapar todo. Cuando esto se volvió imposible, se trató de explicar que en realidad el hombre era un poco desprolijo y que tenía tantas obras a su cargo que en su afán de querer hacerlas y como consecuencia de la inflación, se había olvidado de avisar a las autoridades que había cambiado el destino de algunos millones que le habían dado. Cuando el caso tomó estado público, no hubo forma de evitar que al menos lo suspendieran y, cuando el plazo de la suspensión estaba a punto de vencer y con el escándalo ya ventilándose en la Justicia, lo terminaron echando.

Así puede sintetizarse el recorrido de Alejandro Currenti, el titular de la Inspección de Cauce Canal Vertiente Corralitos que finalmente fue intervenido esta última semana por una decisión del Departamento General de Irrigación (DGI) y tras un proceso interno que ya lleva casi un año y que viene resultando muy controvertido.

La caída en desgracia definitiva de Currenti tiene varias explicaciones. En primer lugar, a poco de investigar en profundidad, Irrigación terminó cayendo en la cuenta de que, además de las irregularidades comprobadas en el manejo de fondos, el ahora exinspector cargaba con más desmanejos. El período de suspensión por sesenta días dispuesto el 19 de junio sirvió para que, por caso, se ratificara que, entre otras cosas, Currenti terminó edificando en un terreno de su propiedad la sede de la Inspección que el Departamento le había financiado y que asimismo aprovechó el dominio para hacer un comodato con la DGI que le permitiría utilizar las instalaciones que le pagó el Estado (galpones, infraestructura, etc.) en beneficio propio.

Su mujer, Romina Cagol, tiene firmado desde enero de este año un contrato de locación de servicios con la Inspección, para la realización de tareas administrativas por un total de $5.040.000 a pagar en doce cuotas de $420.000 cada una. Pero lo más interesante de este vínculo no quedaba aquí. Cagol había firmado también un convenio para aportar a la Inspección un tractor Massey Ferguson de su propiedad y con una cláusula especial: Irrigación le garantizó que, en caso de que las cubiertas de las máquinas se gastaran en un 20%, estas debían ser reemplazadas automáticamente por el organismo estatal. En esa Inspección, como frutilla del postre, se utilizaban hasta tokens de los muertos para seguir cobrando fondos públicos.

Pero la salida fue política. Sergio Marinelli, el titular del DGI, y el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del organismo debían tomar una decisión acerca de qué hacer el día sesenta y uno de la suspensión que se avecinaba. Y, al parecer, los tiempos se aceleraron un poco también por otro motivo: a pesar de estar suspendido su titular, en esa Inspección se seguían firmando papeles y facturas. Para el superintendente, sacrificarlo a Currenti fue una forma de cortar el hilo y descargar en él toda la responsabilidad de lo ocurrido. No ocultó mucho Marinelli esa intención en una entrevista que dio cuando el caso explotó: “El escándalo es Currenti, no Irrigación”, buscó despejar en su momento.

Extraño el recorrido de este tema hasta ahora. Cuando las primeras auditorías de lo que pasaba en Corralitos no cerraban, se buscó evitar algún tipo de sanción contra el inspector y si esa idea no prosperó fue por el rechazo de dos consejeros del HTA que se opusieron. Con Currenti ya suspendido, según Marinelli el inspector se había hecho “un matete” con el manejo de la plata porque “tenía un frente como de diez obras en simultáneo”. Ese “matete”, un mes después, derivó en una intervención.

Desde hace algo más de treinta días, la Justicia tiene abierta la causa para investigar el accionar de Currenti, quien terminó cayendo allí por dos vías. La primera, tras ese procedimiento interno muy polémico en Irrigación que se originó al detectarse irregularidades en el manejo de fondos y faltantes en la rendición de cuentas de su repartición. Pero, como se supo desde un principio, el escándalo tambièn tocaba directo a la anterior gestión de la Municipalidad de Guaymallén y lo salpica al actual intendente, Marcos Calvente, quien se desempeñó como secretario de Obras durante los años de Marcelino Iglesias, el hombre que, en definitiva, es uno de los ejes por los cuáles pasa esta sospecha de que se habrían cometido actos de corrupción entre los años 2021 y 2023 en la construcción de canales de riego.

En este punto, la segunda denuncia la inició el concejal del departamento de Unión por la Patria, José Pozzoli, quien además aportó elementos que complican aún más no solo la situación del propio exinspector de cauce, sino que dejaría en evidencia el desmanejo de los millonarios fondos que asimismo aportó la comuna para obras que no están.

Desde que se disparó la investigación judicial ya pasó poco más de un mes y sin que se produjeran novedades de ningún tipo. O mejor dicho sí, algunas hubo. Las dos vías terminaron acumuladas en una sola causa que originalmente estaba en manos de Juan Tuchelli, fiscal de Delitos Económicos. Pero en los últimos días se produjo un cambio. Quien ahora tramita este expediente que quema es la fiscal Mariana Pedot, quien quedó a cargo “por una decisión de la Jefatura Fiscal y por cuestiones internas de la UFI”, según confirmaron a este diario. Pedot, describen, tiene un perfil de mayor dureza que Tuchelli. Aunque ambos forman parte de un mismo sistema en donde las causas de corrupción que se investigan en la provincia se mueven a una velocidad distinta si se trata de funcionarios oficialistas o de dirigentes opositores.

Un tramo de la investigación en curso, en defensa de los fiscales, es muy particular y tiene que ver con la vista que le dio a la UFI el propio DGI. Allí lo que se pidió que se investigue si hubo delito en la falta de rendición de $1,3 millones en 2021, que fue lo que Currenti no pudo justificar. La cifra, como se ve, es irrisoria en el marco de lo que podría haber sucedido realmente. 

Por eso la clave está en la segunda parte. Es decir, lo que ocurrió en Guaymallén. Marcelino y Currenti tenían una relación personal que terminó estructurando una operatoria que operaba de esta forma: el DGI otorgaba los fondos a través de préstamos que la Inspección debía devolver, en los papeles, luego de haberle cobrado su parte a los regantes. La municipalidad, por su lado, sumaba por su parte los materiales (hierro y hormigón) más el combustible para la construcción de esas mismas obras.

El propio Iglesias reconoció que la comuna puso más de 6.000 litros de combustible y no menos de ochocientos metros cúbicos de hormigón mensuales para tal fin. En su descargo el exintendente sostuvo que toda esta entrega de materiales está auditada, pero hay tres obras que faltan y Currenti adjudicó los trabajos sin hacerlos pasar por ninguna licitación y retirando, en la mayoría de los casos, él personalmente esos materiales que le entregaba el municipio.

Entra aquí un elemento que podría terminar forzando a los fiscales a dejar de mirar hacia otro lado, si es que tienen esa intención. Se trata de la existencia de al menos dos videos, grabados por el propio Currenti, en donde lo que allí aparece registrado eleva el escándalo a otro nivel. En ninguno de los dos aparece en imagen el inspector investigado, pero sí se escucha su voz en el relato. En una de las filmaciones, aparece una mujer (que sería empleada de la Inspección) contando fajos de billetes de mil pesos con Currenti jactándose de ello. En el otro, el hombre le muestra a otra persona como se baja de una camioneta para subirse inmediatamente a otra más nueva. Y auto felicitándose por ello. Estos dos videos serán incorporados a la causa en los próximos días.

Acá es donde se estima que está el nudo de los posibles hechos de corrupción que se están ventilando. Por un lado, la inspección de Corralitos recibió fondos por parte de Irrigación por más de $56 millones para la construcción de canales de riego y, según confirmaron las propias autoridades del Departamento, al menos dos obras nunca se hicieron y existe otra que quedó al 75%. Asimismo, ante sus regantes, Currenti reconoció que durante los ejercicios 2022 y 2023 su Inspección registró un rojo de más de $30 millones.

Uno de los elementos centrales que aportaba el municipio para la Inspección de Coralitos era el combustible. La comuna otorgó por tres años consecutivos 1.500 litros semanales de gasoil Infinia para la operatividad de las máquinas de Corralitos y , en ese orden, Guaymallén pagó por algo más de 72.000 litros de combustible por año, lo que hace un total de 216.000 litros en el lapso de tiempo que duraron los acuerdos firmados entre Marcelino y Currenti. La Inspección de esa zona trabajó siempre con una excavadora y con una retroexcavadora que, según datos aportados por operadores de la zona, a los sumo podrían haber consumido 800 litros por semana trabajando todos los días hábiles más las horas extras. Calvente confirma esto último. Pero hace una salvedad. Sostiene que, además, esas mismas máquinas estaban dedicadas a la limpieza de canales. La convicción de los denunciantes en este aspecto es sólida y se basan en evidencias. Currenti retiraba el combustible a través de personas de su confianza, en chulengos propios y la sospecha es que, al menos, podría haber comercializado por su cuenta la mitad de lo que el municipio le entregó.

Con el paso de las semanas se fueron conociendo más datos acerca de lo que habría sucedido en la comuna. Los controles de Guaymallén fueron muy laxos y, según trascendió, el municipio se puso recién ahora a auditar de manera efectiva la cantidad de kilómetros construidos con los recursos que le otorgaron a Currenti. El punto es que, en principio, no le cierran las cuentas: Irrigación, en la época no tan lejana en que intentaba defender al inspector beneficiado, se jactaba de que en Corralitos se habían hecho alrededor de 32 kilómetros de canales. Calvente cuenta y cuenta pero parece que la suma no le da. Con fuerza, estaría llegando hoy a los 20 kilómetros.

De confirmarse esto, las cifras del posible desfalco apuntan a ser muy importantes. Y con otro detalle además. Pozzoli hurgó en cada uno de los convenios y decretos correspondientes suscriptos entre la inspección de Corralitos y el municipio entre los años 2021 y 2023 y los recursos que le bajaron en concepto de materiales y combustibles superan los $6 mil millones. Si Currenti hubiera aplicado todos los materiales y los recursos que le otorgaron de una manera transparente, Pozzoli estima que la cantidad de kilómetros construidos debería llegar a los 78. Irrigación dice que fueron 32. Y Guaymallén apenas si cuenta 20.

La magnitud de lo que está sucediendo va dejando responsables en camino. Una renuncia que MDZ pudo confirmar y otra de la que podrían registrarse novedades en los próximos días. Según este medio pudo ratificar de manera extraoficial, renunció a su cargo Marcelo Morales, el inspector de las obras que Irrigación tenía designado en Corralitos. Este ingeniero fue el que firmó, entre otros documentos, el informe con que el DGI sostenía que Currenti había construido los 32 kilómetros de canales. Y por el otro lado se esperan novedades desde Guaymallén. Fueron intensas las versiones de que el intendente ya habría decidido apartar de su cargo a Pablo Raddi, el director de Control de Gestión de Guaymallén, quien era el funcionario que tuvo a su cargo la auditoría de los materiales otorgados por el municipio durante la duración de los convenios con Currenti.

Aunque aquí la confirmación de este último hecho político se vuelve más difusa y lo que explican es que quizás Raddi termine ocupando otro cargo dentro del organigrama municipal. Eso dependerá de cómo siga evolucionando la crisis entre Calvente y Marcelino, que surca a la gestión municipal prácticamente desde principios de este año y que, en principio, habría alcanzado una tregua recientemente. Pero esto forma parte de otra historia.