Las decisiones inéditas que podría tomar Alfredo Cornejo por el efecto Milei

El reconocimiento a una labor tan profunda como la de gobernar solía ser parte de la cosecha de largo plazo de un dirigente. Algo así como el epitafio tras un largo recorrido. Es lógico: mucha de las decisiones que se toman en ejercicio del poder, cobran relevancia con el tiempo. Autoproclamar los éxitos propios, en cambio, está más emparentado con la vanidad y hasta con la idea mágica de creerse un mesías. Pues en tiempos de vértigo y fugacidad, la política redunda en esa arrogancia.

Sin caer en el delirio de grandeza y con una elevada dosis de ironía sobre su propio accionar, el gobernador Alfredo Cornejo se autorreferencia como estadista, como el hombre que llegó para cambiar la matriz de la provincia. Sin objeciones internas, sus seguidores corean la idea. En ese plano se enmarcan algunas de las acciones que apura concretar, como la modificación del Código de Aguas, el impulso a la minería y, aprovechando el contexto de festejo a los recortes estatales, otro combo de ajustes que serán parte de la primera etapa del último gobierno de Cornejo. En paralelo está el camino político, donde podría haber una intrincada ingeniería electoral.

“Nosotros pagamos los costos y los resultados los van a ver otros”. Esa es la frase más repetida en el Gobierno y resume la construcción discursiva, la épica que Alfredo Cornejo busca construir alrededor de sus decisiones. Tiene detrás otra realidad ineludible; aún para el propio dirigente sancarlino: la finitud de sus días en el poder, el ineludible paso del tiempo que puede ponerle punto final al cornejismo “puro” en 2027.

El autoproclamado estadista

El caso de la minería es emblemático en esa idea de sembrar para el futuro porque los tiempos de un proyecto exceden largamente los del mandato de un gobernador. El Gobierno busca que antes de noviembre estén aprobados los 34 proyectos de exploración que incluye el primer grupo del Distrito Minero Malargüe Occidental. Es mucho más una gesta política, que productiva. Y eso se vio en el Foro Minero organizado por ASINMET; donde hubo más políticos que empresarios. Incluso la ausencia de los representantes de la empresa Minera Aguilar para dar detalles del avance de Potasio Río Colorado llamó más la atención. Lo mismo se puede leer en los expedientes, donde, como se ha redundado, aparecen más intermediarios que inversores. La pericia de gestión se notará cuando efectivamente haya inversiones sobre el terreno. En dos años, se esperanzan, debería haber no menos de 20 proyectos de exploración, para que a mediano plazo al menos haya uno o dos que se conviertan en proyectos productivos de largo plazo. “Es necesario tener 5 mil metros perforados para saber si vamos a pasar a la otra fase o no”, explicó Emilio Guiñazú, de la estatal Impulsa Mendoza.

La política del Gobierno está plagada de eufemismos. La ministra Jimena Latorre, por ejemplo, hizo un rodeo discursivo para ir contra la ley 7722: “Se toman decisiones que afectan el desarrollo futuro”, cuestionó, obviando que esas decisiones las tomó en 2007 el gobierno radical de Julio Cobos que tenía al actual gobernador Alfredo Cornejo como principal operador político. El Gobierno también bautizó como “creatividad y originalidad” a los mecanismos administrativos hallados para adecuar el plan para obviar los detalles finos de las normas; sin vulnerarlas. La prueba de fuego legal y política de esa creatividad se dará en Fiscalía de Estado, que analiza el proceso, en la Legislatura, donde deberán ser aprobados, y seguramente en la Justicia por el camino casi obvio que tomará el Distrito Minero. Casi todos los proyectos productivos de Mendoza han tenido el mismo recorrido, en una provincia que va mucho más a los litigios que a los debates. El contexto que rodea a la provincia es complejo y hasta retener a las empresas locales será difícil. Mendoza tiene el expertise, el volumen y los profesionales; pero la demanda apunta a la migración hacia San Juan y Neuquén por el avance de los proyectos mineros como Josemaría y Los Azules y el crecimiento en Vaca Muerta, los oleoductos y gasoductos.

Allí es donde Cornejo y su equipo arraigan la frase de tener 15 años de atraso en el impulso de una política productiva. De esos 15, el actual oficialismo gobernó 8 y contando. El gobernador transmitió el mensaje: él considera que no tiene mucho para ganar dando ese debate y busca transferir algo de responsabilidad con el futuro a dirigentes políticos opositores y, sobre todo, a los empresarios para que respalden la idea. “Nada de esto lo vamos a ver”, explica. Algo similar ocurre con el Código de Aguas. Cornejo quiere cambiar el enfoque. El agua es escasa, será más escasa y tiene un valor. El gobernador no es especialista, pero sí desborda pragmatismo: hay que medir, ponerle un precio y que los usuarios paguen lo que vale.

Detrás de esa idea hay un entramado mucho más complejo de necesidades, vacíos de planificación y, siguiendo la línea del valor económico del agua, negocios. El desarrollo inmobiliario, del campo, las actividades industriales y el arraigo territorial dependen del Código, pero sobre todo del Plan Hídrico que está en etapa de resolución. Cornejo, el autoproclamado estadista, repite que él no verá nada de lo que se está sembrando, sino que serán los próximos mandatarios. Nuevamente: todas las decisiones de un gobernador condicionan el futuro; para bien o para mal.

Reformas

Lo que también leen en el oficialismo es que hay una ventana de oportunidad para ejecutar reformas que en otro contexto serían imposibles; una especie de permisividad social. Ese camino lo abrió Javier Milei con su discurso al haber transformado como positivo el “efecto motosierra”. En Mendoza, por ejemplo, aún están asombrados por la casi nula reacción por los recortes que hubo. Desde el canal Acequia, hasta los institutos de promoción económica, incluida la lucha antigranizo, tema que tiene una insólita contradicción: el mismo gobierno produjo informes técnicos que hablan de lo beneficioso del programa.

La permisividad social favorece la idea de acelerar con las reformas. Es lo que va a pasar con la minería, el manejo del agua y en un futuro mediato con los organismos de control, eliminado, por ejemplo, el EPAS (Ente Regulador del Agua). La idea de máxima es tener un solo ente regulador que concentre el EPRE (que controla a las eléctricas), el EPAS y hasta el flamante EMOP (transporte). Por la dinámica política los entes se han convertido más en gestores y de justificación de las decisiones políticas, que en defensores de los usuarios. La baja participación y en casi nulo nivel de reclamo favorecen esa idea. Pero hay un alerta: el impacto de los aumentos de las tarifas puede afectar. Hay demora, hay letargo; pero la distancia entre el aumento de las tarifas de luz, agua y gas con el poder adquisitivo se ensancha. Los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares ya dan cuenta de parte de ese impacto, pues la cantidad de mendocinos que no tienen los recursos mínimos para alimentarse y para vivir es dramático. Más de la mitad de los mendocinos están en esa situación.

Incertidumbre nacional

“La moneda está en el aire”, repite informalmente el gobernador de Mendoza al proyectar el futuro. Es la misma idea que comparten la mayoría de los decisiones del mundo político y económico, incluidos quienes quieren ayudar a Javier Milei. Esa incertidumbre se traslada al escenario político y electoral. Hay un escenario complejo de proyectar. La mayoría de los mendocinos apoya a Milei, aún cuando están peor. En el oficialismo creen que el Presidente captó el voto que antes era de Juntos por el Cambio que incluye a los antikirchneristas duros y al electorado moderado que hoy respalda cambios, pero tiene dudas sobre el futuro.

Si la incertidumbre política se mantiene el año que viene, el gobernador podría hacer uso de una herramienta inédita: desdoblar las elecciones provinciales y que en Mendoza no se vote para cargos provinciales en 2025. Fue el propio Cornejo el que modificó la ley electoral para poner fechas fijas cuando no se adhiera a los comicios nacionales. Para las elecciones de medio término, la ley establece que las PASO deben realizarse en febrero del año del recambio. Como los legisladores provinciales asumen recién en mayo, pues los comicios deberían ser en febrero de 2025, dejando para el año que viene solo las elecciones nacionales. Ese sería el escenario más cómodo para un oficialismo que hace un complejo equilibrio entre el apoyo a Milei sin ser oficialista, la crisis enorme que vive Juntos por el Cambio a nivel nacional y la necesidad de sostener el poder local. El gobernador no tiene problemas en usar todas las herramientas que estén a su alcance y así lo hizo notar en 2015 cuando convocó a elecciones municipales en Godoy Cruz para el mes de noviembre, en el extremo de la especulación.

Mientras tanto, Cornejo reza; aunque es agnóstico. Sin poder influir más allá de avalar con votos en el Congreso, espera que las medidas de Milei tengan efecto en la estabilidad de la macroeconomía. Considera sensato el camino, al punto que entiende que de haber sido Gobierno, Juntos por el Cambio hubiera tomado el mismo rumbo. El presidente, entiende Cornejo, tiene a su favor la enorme empatía social. Ese es el principal capital de Milei y lo que le permite transitar horas tan complejas con cierta tranquilidad.

El mandatario provincial avanza en su plan reformista para “generar condiciones”. Está convencido y repite que a Mendoza le va a ir bien cuando a la Argentina le vaya bien. Y que, en cambio, a la provincia le va peor cuando el país está en malas condiciones. Por lo sucedido en las últimas dos décadas, la segunda máxima es la que, seguro, se ha cumplido.