Complicidad política en la decadencia del poder judicial: el caso Lijo como testigo

La Justicia argentina avanza, sin prisa, pero sin pausa, en su derrotero hacía el descrédito y la desconfianza. Continúan reinando en nuestro país sensaciones de impunidad y corrupción desde, por lo menos, unos aproximados 30 años. En este escenario, se vuelve sencillo comprender cómo se profundizan las “grietas” de la sociedad a contramano de lo que ocurriría si la ciudadanía confiara en la justicia como mecanismo de resolución de conflictos. En su ausencia, la venganza, el “ojo por ojo” y la justicia por mano propia, cobran valor. El resultado, casi obvio, es la fragmentación social. Esta situación, absolutamente gravosa, no parece preocupante para el poder que, como no es novedad, solo se preocupa por su propia impunidad.

El pasado 21 de Agosto, el Juez Federal Ariel Lijo, se hizo presente en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación para defender su desembarco en la Corte Suprema de Justicia. Aunque parezca difícil de creer, existen versiones encontradas en el propio oficialismo; Victoria Villarruel, pocos días atrás, opinó que el candidato carecía de idoneidad moral para ocupar un cargo en el máximo tribunal. El propio Lijo, refutando tal sentencia, sostuvo: “…En 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura, nunca, ni una sola sanción”. Sin embargo, olvidó mencionar, que sus 20 años como juez federal fueron contemporáneos de un Consejo de la Magistratura que terminó siendo declarado inconstitucional; la reforma impulsada por el Kirchnerismo, materializada en la Ley 26.080 del año 2006, no sólo no mejoró al organismo sino todo lo contrario: la sobre representación que se otorgó al incrementar su número de representantes, a costa de opositores y restantes integrantes, colisionó directamente contra su objetivo. En vez de abogar por la despolitización de los procedimientos de selección, sanción y remoción de jueces, actuó en sentido opuesto. 

Tal vez, la pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿qué político no quisiera tener jueces amigos y evitar a los enemigos? Ariel Lijo es el tercer juez más denunciado: presenta denuncias por excesivas e injustificadas demoras, irregularidades cometidas en su juzgado, incumplimiento de normas procesales y hasta situaciones de violencia. Aquel Consejo de la Magistratura, desestimó la mayoría de ellas (in limine). Para ser justos, debe agregarse, que la desestimación de las denuncias fue casi total, sin discriminación de magistrados: solo el 1,2% de las mismas concluyó con alguna sanción. Éste, resulta otro dato curioso pues la inexistencia de sanciones pareciera indicar buenos desempeños o un país con poca conflictividad. Coyuntura lejana a la Argentina de los tiempos que corren.

Ante un Consejo de la Magistratura desequilibrado y politizado, que convivió durante largo tiempo con un Kirchnerismo casi todo poderoso, muchos jueces decidieron ser cautos o cómplices a la hora de fallar o emitir sentencias. ¿Qué sucedió? Desde la primera presentación judicial para anular los efectos de la reforma legislativa hasta el final del periplo que culminó con el veredicto de la Corte Suprema, transcurrieron 15 años. Dicho plazo, es coincidente con las tres cuartas partes de la carrera judicial de quien hoy se presenta para ocupar una de las altas magistraturas de nuestro país. 

Una prestigiosa institución estudiosa de nuestros procesos judiciales, tal como es el caso de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ha demostrado empíricamente la magra gestión del Dr. Ariel Lijo: de las 89 causas que se encuentran en su juzgado, 25 todavía están en etapa de instrucción desde hace un mínimo de 7 a un máximo de 26 años. Lijo sólo elevo a juicio un porcentaje cercano al 15% de las mismas, ubicándose como uno de los jueces con peor desempeño.

En síntesis: la reforma legislativa del Consejo de la Magistratura, impulsada por parte del poder político, obró como mecanismo de control sobre los jueces. Aquellos que no quisieron tener demasiados problemas con los oficialismos de turno, optaron por no imprimirle demasiada velocidad a causas que podrían haberles traído complicaciones. La justicia, en sus diversas instancias, tampoco se apuró demasiado en resolver la cuestión de fondo: tardó 15 años en retrotraer al Consejo de la Magistratura a su estado inicial, volviendo a despolitizar las funciones del organismo. Llama la atención que aquellos que, al triunfar en las últimas elecciones prometiendo un verdadero cambio, convoquen a personajes por demás conocidos. Al parecer también conservan mañas conocidas.

* Pablo Hunger. Magister en Administración Pública - Especialista en Administración Judicial.