La UCR retoma su histórica lucha con los gremios y propone un proyecto para regular a sindicalistas

Diputados por la UCR, casi como si fuera una deuda pendiente con Raúl Alfonsín y su Ley Mucci, presentaron un proyecto que busca modificar la Ley de Asociaciones Sindicales por considerar que estas instituciones ya no cumplen su rol base y, por el contrario, "buscan involucrarse de una manera holística en la vida de sus afiliados". Las propuestas apuntan a que se limiten los mandatos de sus dirigentes, bajen las cuotas sindicales obligatorias y presenten declaraciones juradas, entre otras. 

Aquel antiguo proyecto del expresidente radical fue girado al Congreso a fines de 1983, 11 días después de su asunción, y le debió el nombre a su primer ministro de Trabajo, Antonio Mucci. Alfonsín ya tenía una mala imagen entre los gremialistas cuando meses atrás había hablado de un "pacto sindical-militar", y con esta iniciativa -que no prosperó- se ganó un gran enemigo.

A más de 40 años de ello, Javier Milei reiteró en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa esta misma lucha, al anunciar su gran paquete de leyes: "Obligaremos a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible", sumado a la liberación del establecimiento de las condiciones laborales de una empresa.

La Ley Bases original tenía, a pedido de la UCR, algunos puntos que se vuelven a ver en este nuevo proyecto de modificación. La iniciativa actual quiere "crear un ámbito de mayor transparencia y uniformidad en el acceso a la información de los sindicatos y organizaciones sindicales, así como un espacio de igualdad y reglas claras transversales procurando promover la renovación y democratización de los sindicatos". 

Específicamente, esta propuesta que modifica la Ley 23.551 tiene como finalidad evitar la perpetuidad en el poder de los mandatos sindicales, la transparencia en los bienes y patrimonio de quienes son electos para evitar conflictos de interés, y asegurar una gestión ética y responsable. De la misma manera, impulsa canales de transparencia activa de la información pública como auditorías regulares y obligatorias, permitiendo vías de denuncia de forma confidencial.

También se inclina por la eliminación de cuotas solidarias obligatorias, y promueve la paridad de género, el generar una mayor dinámica entre los diversos ámbitos de los convenios colectivos de trabajo, y así crear mejores y mayores espacios de negociación. De momento, se encuentra pasando por Comisiones y con buenos ojos de ingresar al recinto. 

Vuelven a proponer reformar los sindicatos

Armado por Fabio José Quetglas, fue acompañado por los diputados Pablo Cervi, Manuel Ignacio Aguirre, Marcela Antola, Martín Arjol, Karina Banfi, Mario Barletta, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Mariano Campero, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Ana Carla Carrizo, Gerardo Cipolini y Julio Cobos.

Cervi, de Neuquén, recordó en diálogo con MDZ por qué no prosperó en la Ley Bases original: "Primero, no tuvo aceptación de una parte del Gobierno, el oficialismo lo dejó de lado, pero logramos sostener hasta el Senado el tema de la libertad de afiliación, de sacar la obligatoriedad de las cuotas solidarias. No pasó de la Cámara Alta".

Desde el kirchnerismo y la izquierda insistieron en que esta nueva iniciativa atenta contra los derechos laborales conquistados, para así "disciplinar al movimiento obrero". El diputado neuquino aseguró que los gremios, por distintas vías, "desvirtúan o terminan condicionando las actividades" y están muy alineados con esos sectores políticos.

"Es la forma que se ha generado, a partir de los años '90, el darle estas cajas que son las obras sociales, los aportes, que terminan siendo extorsivos porque sacan plata del sueldo del trabajador sin que este tenga elección. No elige y termina financiando a un movimiento político que tiene poder. Así, terminan condicionando la actividad económica, es lo que venimos viendo mucho acá en Neuquén", añadió.

Punto por punto: de qué trata el proyecto que regula los sindicatos

El primer punto que se modifica es el artículo 17 de la Ley 23.551. Plantea una limitación de mandatos de sindicalistas, pues hay algunos que presiden la titularidad de una asociación hace más de 15 años. La propuesta descansa en establecer un límite de dos mandatos consecutivos de cuatro años, prohibiendo más de una reelección. Con esto, se evita la perpetuidad en el poder y promueve la renovación y democratización de los sindicatos, asegurando una representación más dinámica y equitativa para los trabajadores.

La iniciativa pretende que las declaraciones juradas de dirigentes sindicales sean obligatorias; es decir, que presenten una declaración de sus bienes y de sus familiares hasta el cuarto grado. La transparencia en los bienes y patrimonio de los líderes gremialistas, según los diputados radicales, es crucial para evitar conflictos de interés y asegurar una gestión ética y responsable.

También plantea la eliminación de cuotas solidarias obligatorias. Este punto trata de quitar estas contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos, que se aplican incluso a trabajadores no afiliados. Por lo tanto, solo los afiliados contribuyan financieramente, promoviendo una mayor equidad y voluntariedad en las contribuciones.

En cuarto lugar, se plantea la publicación obligatoria de informes financieros, lo que le exige a los sindicatos y obras sociales estos datos auditados en plataformas accesibles al público. La transparencia en la gestión financiera es esencial para asegurar que los fondos se utilicen correctamente y para aumentar la confianza de los afiliados en sus organizaciones.

Proponen también implementar una auditoría por la Auditoría General de la Nación (AGN). Serían regulares y obligatorias para las obras sociales sindicales por parte de esta entidad que, como organismo independiente, garantiza la transparencia y la correcta administración de los fondos, asegurando que los recursos se utilicen adecuadamente y evitando corrupción. Actualmente, los controles de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) son mayormente formales y no reales, según varios informes y observaciones.

Por último, la iniciativa busca más participación y control de los afiliados, pudiendo denunciar irregularidades. Con esto, pretenden garantizar que no sólo tengan acceso fácil y directo a los informes financieros, sino que también puedan solicitar información adicional y, para ello, se crearían canales confidenciales para así poder efectuar sus denuncias. Se trata de una participación activa para supervisar la gestión financiera de sus sindicatos y obras sociales.

Cervi destacó que se viene dialogando con la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal, y en un segundo plano con el PRO que está más alineado a La Libertad Avanza. De cualquier modo, este proyecto parece tener gran apoyo de los bloqueos y su futuro dependerá de cómo lo trabaje el oficialismo en el Congreso. "El sindicalismo entendió la señal de las urnas y creo que hay una posibilidad de que esto salga. Pero debe haber un acompañamiento del Poder Ejecutivo", cerró el diputado.