Visita a represores: diputados podrían definir este martes el futuro de los libertarios
La polémica por la presencia de un grupo de diputados de La Libertad Avanza con represores presos tendrá mañana un capítulo central. Y es que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara Baja se reunirá mañana al mediodía para analizar los proyectos que apuntan a investigar la conducta de los legisladores libertarios.
El organismo parlamentario asesor, que preside Silvia Lospennato (Pro), tendrá que analizar iniciativas que proponen crear una Comisión Investigadora propuesta por Unión por la Patria (UxP) para expulsar a los seis oficialistas que se reunieron el pasado 11 de julio con represores en la Cárcel de Ezeiza.
De todos modos es poco probable que se llegue a la sanción de apartar a esos legisladores vía la aplicación del articulo 66 de la Constitución Nacional, ya que para ello se requieren el aval de los dos tercios del cuerpo.
La creación de una comisión investigadora está contemplada en los proyectos de los diputados de Unión por la Patria German Martínez y Vanesa Siley, y de una de las asistentes a la cárcel de Ezeiza, Lourdes Arrieta, quien pide la responsabilidad de la cámara en esa recorrida por el penal.
La controversia se desató el pasado 11 de julio cuando seis diputados de La Libertad Avanza concurrieron al penal de Ezeiza, en una visita organizada por por el legislador Beltrán Benedit.
También concurrieron Guillermo Montenegro -un dirigente cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel-, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, además de la ya mencionada Arrieta.
Del traslado fue parte también Rocío Bonacci, aunque desistió de ingresar al penal cuando se enteró en medio del viaje que el motivo era conversar con militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los legisladores se entrevistaron en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros.
Los diputados implicados llevaron a la cárcel de Ezeiza el borrador de un proyecto de ley elaborado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado y activista de derecha, que propone morigerar las condiciones de detención de los genocidas con el beneficio de la prisión domiciliaria.
En la sesión del miércoles último, diputados del kirchnerismo y del Frente de Izquierda utilizaron cuestiones de privilegio para repudiar lo sucedido.