Caso Walter Bento: cachetazo judicial para tres presuntos miembros del clan delictivo

La Cámara Federal de Casación Penal, a través de los jueces Daniel Petrone, Carlos Mahiques y Javier Carbajo, rechazó los recursos presentados por tres imputados clave en la causa del exjuez federal Walter Bento que pretendían la excarcelación. Se trata de los abogados Luciano Ortego, Luis "Chato" Álvarez y Jaime Alba, todos imputados clave en la investigación y que, además, se encuentran detenidos.

Walter Bento fue apartado de su cargo por el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño". Ocurrió en el marco de la investigación penal que lo tiene como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales. Desde noviembre de 2023 se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo mientras se desarrolla el proceso judicial que comenzó en julio del año pasado.

Cabe recordar que, para la Fiscalía, la asociación ilícita era liderada por el entonces juez federal Walter Bento, con colaboración a modo de organizadores de Diego Alfredo Aliaga y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba. Como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al Comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti y a Walter Bardinella Donoso.

Luciano Ortego figura como coordinador de la supuesta asociación ilícita y, tras pedir su excarcelación por segunda vez, la Cámara de Casación Penal determinó que se trata una solicitud inadmisible.

Ortego, que se encuentra tras las rejas hace 3 años -cuando la causa estalló-, tuvo su primer revés el pasado 15 de mayo cuando el Tribunal Oral Federal N°2 resolvió no hacer lugar al pedido. No obstante, Ortego -en calidad de defensor propio- y junto a su otro abogado Juan Villegas presentaron otro recurso, que es el que la Cámara de Casación terminó descartando.

Ortego cuestiona que se le haya otorgado prisión preventiva en el penal de Cacheuta por riesgo de fuga y que “la resolución impugnada compromete severamente el principio de inocencia".

En la documentación a la que accedió MDZ, el juez Daniel Petrone indicó su argumentación que "la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se limitó a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el Tribunal a quo consideró relevantes para rechazar el pedido de libertad solicitado en favor de Luciano Edgardo Ortego".

Entre otros aspectos, también subrayó que “las circunstancias objetivas y personales del imputado que acreditan el riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal y a su vez llevaron a justificar el mantenimiento y prórroga de la medida de coerción - teniéndose en cuenta también que se está a pocos meses de concluir el juicio en el que se está juzgando a Ortego-, ya fueron abordadas y valoradas debidamente en la resolución dictada el día 2 de mayo de 2024".

Respecto a Luis Francisco "Chato" Álvarez -imputado como miembro de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos y abuso de autoridad- la Cámara también le dio un cachetazo judicial. 

Álvarez se encuentra detenido bajo régimen de prisión domiciliaria en Buenos Aires, aunque, de todas formas, su defensa insistió en la excarcelación. Al igual que lo que sucedió con Ortego, en mayo el Tribunal Oral rechazó la solicitud que Casación también tiró por la borda.

Juan Day, representante legal de Álvarez, consideró que la determinación del Tribunal fue "arbitraria". Seguidamente, refirió que el tribunal eludió la relevancia que posee el mínimo de la escala penal de los delitos atribuidos a Álvarez para la excarcelación. Asimismo, cuestionó el peligro de fuga que dio lugar a la prisión preventiva porque "no se dan las razones para tal presentimiento, ni muchos menos se indican circunstancias comprobadas de la causa en las que se apoye tal pronóstico”.

Al igual que con Ortego, el juez Petrone expresó que "la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal". Sobre la prisión preventiva manifestó que “queda claro que la medida coercitiva a la que Álvarez se encuentra sujeto resulta proporcional y razonable si se atiende a la situación expuesta por el imputado y la acusación fiscal por la que ha sido requerido a juicio”.

Recordó que “Álvarez se encuentra privado de su libertad de manera preventiva, pero la modalidad de detención ha sido debida y razonablemente morigerada con el arresto domiciliario, en función de la acusación fiscal y de las circunstancias personales del imputado”.

A la hora de tener en cuenta la situación de Jaime Alba -abogado presunto integrante de la asociación ilícita- La Cámara de Casación repitió la fórmula previamente aplicada y también resolvió que el pedido de excarcelación es "inadmisible".

Alba enfrenta su proceso mientras se encuentra bajo arresto domiciliario, aunque ya tuvo su paso por la cárcel federal de Cacheuta. Juan Day, su abogado, puso en tela de juicio la "falta de acatamiento de las nuevas formas" del Código Procesal Penal y planteó reparos sobre "la prisión preventiva como regla".

En tanto, hizo hincapié en que "frente a la valoración de la abstracta escala penal correspondiente a los delitos en los cuales se ha involucrado al abogado Alba, se observa la omisión de evaluar el peso que poseen los años de detención que ya ha sufrido. En tal sentido se advierte que resulta irrazonable pensar en peligro de fuga respecto a alguien que ya ha cumplido tanto tiempo de una eventual condena”. Agregó que "una eventual fuga de Alba no so´lo implicaría la elección de la clandestinidad como forma de vida --para un hombre con familia y trabajo-, sino también la pérdida de los beneficios que le apareja el cumplimiento de tanto tiempo de detención (entre ellos una eventual libertad condicional)”

El juez Petrone rechazó los planteos y recordó que “la medida de coerción que recae en el imputado fue morigerada por este tribunal en virtud de lo cual se encuentra detenido en arresto domiciliario desde 8 de junio de 2023”.

“Ante el pedido de excarcelación instado por la defensa, entiende el tribunal que no han cambiado las circunstancias valoradas al rechazar el planteo anterior de excarcelación con fecha 1 de febrero pasado y aquellas ponderadas para dictar la prórroga de prisión preventiva el 1 de diciembre de 2023”, sumó en el extenso escrito.

En relación al riesgo de fuga, sentenció que “la etapa en la que se encuentra el debate oral así como el conjunto de conductas atribuidas por la acusación, se erige en un motivo fundado para justificar la adopción de recaudos razonables que neutralicen la posibilidad de elusión del imputado” y que “[t]ransitar las instancias más avanzadas del debate oral, no necesariamente disminuye el riesgo de fuga como tampoco el de entorpecimiento del proceso, sino que, las más de las veces, lo acrecienta”.