El cruce de cartas que tensa la relación de Jorge Macri y Javier Milei
Sin resolver el conflicto por la coparticipación, se abrió uno nuevo por el transporte de pasajeros en el distrito porteño. Acusaciones mutuas y promesas incumplidas
La carta está fechada el 19 de julio pasado, cuando no habían pasado 24 horas de la última reunión que mantuvieron el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo con su par porteño, Gustavo Arengo y Jorge Macri y respectivas comitivas. Era otra ronda por el reclamo del pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Todo transcurrió en buenos modales y hasta trascendió que el Jefe de Gobierno se había ido, finalmente, con una fecha de cobro aceptada por los funcionarios nacionales: el primero de agosto, para empezar a percibir por "goteo diario" los fondos adeudados por Nación.
La carta en cuestión habla de otra cosa, es extensa y haría saltar de la silla a cualquier gobernador que, en apuro de presupuesto reciba una suerte de demanda inesperada que apunta a un nuevo recorte en sus cuentas.
El cruce epistolar hace escalar la tensión entre las dos administraciones en momentos en que ya se piensa en el escenario electoral y conviven en el PRO diferentes ideas sobre un armado con o sin la Libertad Avanza. Además puede complicar a Jorge Macri quien requiere del aporte de votos de los libertarios para sancionar leyes clave para su gestión.
Dirigida a funcionarios porteños del área de Infraestructura y Transporte, la misiva enviada por Nación hace un repaso de todas las gestiones referidas a la transferencia de las 31 líneas de colectivos que recorren la Ciudad de Buenos Aires, es decir, no traspasan los límites del distrito porteño en sus viajes y que, actualmente son subsidiadas por el Gobierno Nacional, como un servicio más que quedó pendiente de traspaso. Como parte de la justicia, del fuero laboral o de una IGJ porteña, que viene reclamando Jorge Macri. No es el caso. La Ciudad quiere los fondos que podó a su presupuesto la gestión nacional de Alberto Fernández. Por eso recurrió a la Corte que determinó la devolución, pero que no se cumplió. Los jueces definieron que la Ciudad reciba 2.95% y solo percibe el 1.4% histórico que no tiene que ver con los fondos correspondientes al traspaso de parte de la Policía Federal que conforma el 1.55% que reclama la Ciudad.
En cambio el Gobierno de Javier Milei respondió con la quita de subsidios al transporte porteño y la Ciudad elevó el tono en una pelea que escala aunque en Uspallata, sede de la administración porteña, creen que pronto bajará la espuma de la confrontación.
Carta
Uno de los párrafos de la carta enviada por Nación a la Ciudad señala "que más allá de la exclusiva competencia que posee ese Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor en territorio de dicha Ciudad, el Estado Nacional continúa solventando hasta el día de la fecha el pago de las compensaciones tarifarias". Menciona entonces un convenio de 2019, vigente, por el cual la Ciudad aporta un porcentaje del subsidio en cuestión para mantener la tarifa del viaje en colectivo. Como sea, Nación le dice a la Ciudad que se haga cargo de las 31 líneas y si quiere mantenga la tarifa o las subas y que además quitará el sistema de Transporte Integrado que permite una rebaja en el precio del boleto en el segundo o tercer viaje dentro de un lapso determinado.
El Gobierno Nacional también le recuerda a la Ciudad cuando ocurrió la transferencia de los subtes en 2012, que se incluyeron los colectivos pero nunca se puso en marcha ese traspaso de competencias.
Respuesta
El ministro de Infraestructura porteño, en otra carta fechada el Día de San Cayetano, le responde a Luis Caputo, de manera más directa y en menos páginas pero con contundencia.
"Al respecto, cabe tener presente que la Jurisdicción Nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta Ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema", dice Pablo Bereciartua, ministro porteño del cual depende el área de Transporte.
El funcionario detalla que "en efecto, a la fecha no se ha efectivizado la transferencia de esta competencia a la Ciudad en esta materia" y que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, es quien tiene bajo su órbita la regulación del servicio referido, incluyendo la determinación del régimen tarifario, entiende en la elaboración de las estructuras arancelarias y tarifarias en materia de transporte automotor".
Enumera luego funciones en ese sentido del Gobierno nacional como "establecer los mecanismos de control y fiscalización para la liquidación de las compensaciones tarifarias relacionadas con los servicios de transporte.
Con dureza, el ministro finaliza con que "de forma inconsulta, se pretende que la Ciudad tome a su exclusivo cargo las responsabilidades que refieren a las compensaciones tarifarias cuando, como fuera mencionado, no posee un ejercicio real de la competencia ni participación alguna en lo que respecta a las decisiones sobre el financiamiento, la política tarifaria, la operación y los subsidios del sistema de transporte público de pasajeros por automotor, las cuales están a exclusivo cargo del Estado Nacional, a través de su Secretaría de Transporte".
Entonces informa que, en el caso de que "el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor.
En virtud de lo expuesto, instamos a vuestra administración a continuar con el ejercicio de sus responsabilidades y cumplimiento de los compromisos asumidos, en consideración del perjuicio que la voluntaria desatención a ellos pudiera generar respecto de los vecinos y el interés público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Mientras, la Ciudad espera que se regularice el pago de fondos de coparticipación.