Procesan a Eduardo Belliboni por administración fraudulenta contra el Estado
El juez federal Sebastián Casanello procesó al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta contra el Estado. Considera que está probado que desviaron fondos del Potenciar Trabajo otorgados a la Asociación Polo Obrero para financiar política partidaria.
Esto, según la Justicia, se ejecutó a través de la presentación de facturas falsas al Estado y del uso de la empresa fantasma Rumbos que se presentaba como proveedora de la Asociación Civil Polo Obrero aunque no tenía actividad real y sólo habría sido creada como "caja" para poder canalizar y desviar fondos.
Además de Belliboni, fueron procesadas otras 17 personas por diferentes delitos: distintos tipos de defraudación y amenazas coactivas. A su vez, el líder del Polo Obrero fue embargado por $390.000.000, suma que equivaldría al monto de la facturación presuntamente ilegal.
Entre esos 17 están: Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, explicó Casanello en la resolución.
“El desvío de los fondos no fue inocente, ni accidental sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación”, explicó.