Un gobernador, la CGT y 65 gremios, contra los cambios en Ganancias

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anticipó que judicializará el Impuesto a las Ganancias restituido tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. “Ha sido un error por parte del Gobierno no haber contemplado las asimetría”, argumentó sobre los costos de vida en la Patagonia. No es el único que irá en esta dirección: más de 65 gremios iniciarán una acción judicial para que quede sin efecto por considerarlo "inconstitucional". Asimismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró que la baja del mínimo no imponible va a afectar “el bolsillo de 800 mil trabajadores”. 

Según Torres, “la Ley Bases fue una discusión coyuntural”, pero ahora “hay que discutir en serio, diciendo la verdad, identificando los cuyos de botella que atentan contra el desarrollo de la Argentina y trabajando desde todos los sectores: gremial, empresarial y todos los estados”. 

Torres cuestionó que el tributo no contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible por lo que afecta directamente a trabajadores de distintos sectores de la provincia. Por eso, investiga junto a su vice Gustavo Menna, abogado constitucionalista, “si se puede crear un impuesto con la ratificación de una sola cámara sin que el Senado lo haya abalado”.

“Lamentablemente el avance inconsulto con respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error”, criticó al tiempo que denunció que "hay muchas cosas que se modificaron en el Senado y no se contemplaron después". Y reconoció: “Sí, va a terminar judicializado, no sólo por lo que planteo sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados”. 

La Confederación General del Trabajo (CGT) apuntó: “La reciente sanción de la Ley Bases, que estableció como piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias la suma de $ 1.800.000 para los trabajadores solteros y de $ 2.200.000 para los casados con hijos, representa un duro golpe a los ya deprimidos ingresos de los trabajadores”.

“Esta situación que agravará aún más la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ya golpeados por la imposibilidad de equiparar los índices de inflación acumulada”, agregó.

Desde la CGT aseguraron que el impuesto “incentiva la informalidad laboral y atenta contra la reactivación de las economías regionales, al transferir a las arcas nacionales fondos que de otro modo estimularían el consumo interno en el actual marco de depresión económica”.

“Esta Confederación General del Trabajo no claudicara en su persistente lucha en defensa del salario de los trabajadores, y utilizará todas las herramientas que estén a su alcance para que el fruto del esfuerzo y dedicación de quienes producen realmente riqueza en la argentina se vea reflejado en sus ingresos”, sentenciaron a la vez que más de 65 gremios iniciarán una acción judicial para que quede sin efecto el retorno del impuesto.

Estos sindicados, entre los que están judiciales, bancarios, aceiteros, petroquímicos, personal de casinos, de luz y fuerza, médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, darán una conferencia de prensa mañana en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), en San José 225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por considerar que lo que votaron los sindicalistas "va en contra de la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores" y que "es ilegal, confiscatorio y falaz".

Tras la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, hubo cambios significativos en la forma de liquidar el impuesto a las ganancias, sobre todo para los empleados en relación de dependencia. Si bien aún falta la reglamentación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los vencimientos del tributo del ejercicio 2023 ya están fijados para fines de agosto.

En lo que impacta sobre el ejercicio 2024, se irá practicando la liquidación a los empleados  mes a mes y luego de ajustará de surgir algún cambio metodológico a partir de los meses en que haya mayor claridad tras la publicación de los decretos reglamentarios del organismo.