Detrás de los escándalos: cómo se reparte la ayuda alimentaria en Mendoza

Escándalo, denuncias, peleas miserables y un deterioro que se resume en la discusión que tuvieron Juan Grabois y Leila Gianni. El detonante fue el almacenamiento de alimentos. En particular, de leche en polvo que debía tener como destino atender parte de la emergencia social. Puesto en perspectiva, la discusión se torna algo absurda, pues los 450 mil kilos de leche no alcanzan ni para abastecer un día de la demanda de alimentos de las familias más necesitadas.

Según el observatorio de la Deuda Social de la UCA; en Argentina hay 8 millones de personas que viven en la indigencia, es decir que no tienen los recursos necesarios para comer. Peor aún: la inseguridad alimentaria crece. “Alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes”, indica el informe.

Para las provincias la situación es peor, pues ven el escándalo de costado. La Nación ha retirado las ayudas directas y el impacto de la leche que repartirá ahora es testimonial, pues es un volumen escaso ante la necesidad real. En Mendoza la distribución de módulos alimentarios y ayuda se hace a través de organizaciones sociales y en principio hay un contraste con lo que ocurre a nivel nacional. En ese sentido, hay algunos datos políticos relevantes, pues dentro de Cambia Mendoza hay referentes de esas organizaciones, entre ellas Libres del Sur y Barrios de Pie, que desde hace 8 años forman parte de la gestión social.

Según informaron desde la Dirección General de Desarrollo Comunitario,  hay unas 150 organizaciones de la sociedad civil en las que se delega la responsabilidad de entregar los alimentos. En ese grupo hay Asociaciones Civiles, Fundaciones, entidades religiosas, clubes y también organizaciones que tienen vinculaciones políticas. A unas 90 de esas organizaciones el Estado les entrega módulos alimentarios. En total se destinan 620 millones de pesos mensuales y la demanda crece. El “universo” de base que tienen en la provincia es de 200 mil personas. Los municipios tienen su propia red e inversión: bolsones, asistencia a comedores y mucha incertidumbre hacia el futuro inmediato.

Demagogia

La participación de organizaciones sociales en la distribución de alimentos tiene varias aristas. Por un lado la capilaridad que muchas de ellas tienen y también un antecedente relevante que en la discusión nacional fue obviada: la corrupción y el clientelismo que rodeó a la asistencia social cuando estuvo en manos de la política.

Tras la crisis del 2001 la demanda de asistencia social explotó y el Estado no tenía redes de contención. El primer plan social masivo fue el plan Jefas y Jefes de Hogar, en el que tuvo participación el mendocino Aldo Isuani. En paralelo, los Estados provinciales y municipales enfrentan las contingencias con ayuda directa. Y fue la política la primera en posar sus pies.

En Mendoza para tratar de evitar intermediarios se creó un plan que era novedoso: entregar ticket para que los destinatarios los usaran en comercios y así evitar la interferencia política. Pues fue una trampa: detrás de ese sistema se armó uno de los bolsones de corrupción más grandes de la historia reciente de la provincia. Primero, porque los padrones de destinatarios se armaban en las intendencias, había pago de sobresueldos con ticket, una alta cuota de clientelismo (en los años de elecciones la cantidad de ticket crecían). Pero hubo robo, liso y llano, millones de pesos que debían ir a asistencia social, pero terminaban en corrupción. Entre otras cosas, por ejemplo, se imprimían ticket, se entregaban al Estado para cobrar simulando el circuito y sin que pasaran por alguna persona.

El escándalo no tuvo consecuencias judiciales, pero sí políticas. La transferencia de la gestión a entidades intermedias fue una de las consecuencias. 

El Estado comenzó a delegar otras responsabilidades en las organizaciones sociales, también en paralelo con la deslegitimación de las estructuras tradicionales como los gremios y el propio Estado. En los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, hasta se delegó la gestión de construcción de viviendas en algunas de ellas. Desde esa base hubo construcciones políticas y distorsiones de todo tipo.