El fracaso de la "aerolínea mendocina" del que nadie quiere hacerse responsable

Esta semana se confirmó la decisión del Gobierno de Mendoza de dejar de financiar el sistema aéreo de lucha antigranizo. Si bien para muchos fue una sorpresa, es una idea que viene madurando desde hace tiempo y que confirma lo que a todas luces es algo evidente: el fracaso de AEMSA. La empresa Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima se creó en el año 2017 y nunca cumplió los objetivos para los cuales fue constituida. No funcionó por culpa de la desidia de sus responsables, por las cargosas exigencias sindicales y por otra serie de factores. Desde AEMSA intentan defender la efectividad de la lucha antigranizo sin darse cuenta de que nada de eso se estaría discutiendo si AEMSA hubiese funcionado como originalmente se pensó.

La empresa nació en el año 2017 producto de la tensión paritaria que existía con los pilotos de la lucha antigranizo. APLA denunciaba que los pilotos llevaban años trabajando con contratos de locación de servicio volando los aviones que pertenecían al gobierno de Mendoza. El gobernador, Alfredo Cornejo, decidió entonces crear una empresa aeronáutica y poner en planta a los pilotos. Al mismo tiempo, el gobierno contrató a esa empresa estatal para realizar el servicio de lucha antigranizo. 

Pero la solución se terminó convirtiendo en un problema aún mayor. APLA exigió que AEMSA cumpla con el convenio laboral y contrate a seis pilotos por aeronave. Pero además, otros tres pilotos en tierra. Es decir, la planta de pilotos aumentó exponencialmente y la provincia pasó a tener 27 pilotos para volar cuatro aviones. Con un agravante más: durante seis meses esos pilotos cobraban su sueldo sin trabajar.

Esa fue, sin lugar a dudas, la gran deuda de AEMSA. Cuando se sancionó la ley que le dio origen a la empresa, se dispuso que la compañía brinde otros servicios además de la lucha antigranizo. La autorizaron para realizar taxis aéreos de traslado de pasajeros, transporte de cargas, colocación de servicios en el exterior, vuelos sanitarios e incluso para el combate de plagas como la mosca del mediterráneo. Ninguno de esos servicios prosperó y AEMSA se conformó con un único cliente: el gobierno con la lucha antigranizo.

No se esforzaron sus autoridades en abrir el mercado para que los cuatro aviones Piper Cheyenne II estén operativos durante todo el año y no solo los días de tormenta de verano. Se conformaron con la vaca atada. Todo con plata del Estado. El Estado se hizo cargo del presupuesto de la empresa (6.000 millones de pesos era lo estipulado para el 2024) y además compraba las bengalas y le pagaba a la empresa el servicio de lucha antigranizo. El claro ejemplo del Estado bobo. Si el presidente de AEMSA, Marcelo Japaz, hubiese procurado diversificar los servicios de la compañía generando otros ingresos, el final de la historia posiblemente fuese distinto.

Pero eso no ocurrió. A pesar de tener una empresa aeronáutica, la provincia de Mendoza siguió contratando a terceros para esparcir la mosca del mediterráneo. "Todos en algún momento hemos intentado buscar actividades que ayuden a solventar la estructura. Pero entiendo que en algunos casos no es deseable, porque hay privados que hacen el trabajo de taxi aéreo y lo hacen muy bien y no tengo los certificados para competir con ellos. Las aeronaves son muy antiguas con cerca de 45 años", justificó meses atrás en MDZ Radio Marcelo Japaz. Es decir, nunca quisieron competir. La vaca atada.

"Somos el único cliente. La empresa debía haber dado otro uso a los aviones en la época en que no hay lucha antigranizo. Eso no sucedió. Somos los únicos clientes y hemos decidido retirarnos", manifestó Vargas Arizu y dijo que la provincia estaba destinando alrededor de 10 mil millones de pesos por año a un sistema cuya efectividad es discutida. Y además de ello, aporta los cuatro aviones.

En el gobierno han decidido poner la lupa sobre los gastos y aplicar tijera de podar en aquellos que consideran innecesarios o injustos. Es el criterio que aplicó el Ejecutivo para dejar de subsidiar el Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto de Desarrollo Comercial, entendiendo que son el único socio que aportaba fondos y que la labor de esos institutos a veces se pisaba con algunas subsecretarías o direcciones estatales. En ese mismo sentido, entienden que es "injusto" que los mendocinos financien la lucha antigranizo. Creen que lo lógico sería, en todo caso, que la paguen los productores interesados. Esa es la lógica reinante por estos días.

A AEMSA se le escapó la vaca y se quedó sin nada. La empresa seguirá existiendo -al menos eso manifestó Vargas Arizu- y priorizará el trabajo de los radaristas que allí trabajan. Pero aquella ley que se sancionó en el año 2017 fracasó estrepitosamente y son muchos los que tienen una cuota de responsabilidad. 

Se creó una compañía con 85 empleados que tenía las herramientas para competir en el mercado y generar ingresos genuinos. En lugar de ello, sus directivos se dedicaron a poner excusas y se conformaron con prestar un servicio de lucha antigranizo durante los meses de tormenta y mirarse el ombligo el resto del año. Pero en lugar de admitir el fracaso, el gobernador Alfredo Cornejo -el mismo que envió el proyecto a la Legislatura para garantizar la continuidad de la lucha en 2017- puso en duda todo el sistema y comparó la lucha antigranizo con "hacer la cruz de sal".