Investigación

La Justicia desclasificó un informe que vincula a Irán con el ataque a la AMIA

Tras más de dos décadas en secreto, un informe del 2003 revela la conexión de Irán con Hezbolá en el atentado a la AMIA en 1994.

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MDZ Política miércoles, 19 de junio de 2024 · 12:51 hs
La Justicia desclasificó un informe que vincula a Irán con el ataque a la AMIA
El atentado a la AMIA Foto: Télam

El juez federal Ariel Lijo tomó una medida significativa al declarar de acceso público un informe de la SIDE de 2003, que había permanecido en secreto durante 21 años. Este documento contiene afirmaciones sobre el papel de Irán en la coordinación del atentado contra la sede de la AMIA en 1994, una tragedia que resultó en la muerte de 85 personas.

Según este informe, el ataque fue orquestado por Hezbolá bajo órdenes directas de Irán, detallando la logística y planificación detrás de este acto terrorista.

El informe, elaborado con colaboración del FBI, y conocido como "informe Toma" por Miguel Ángel Toma, el entonces director de la SIDE, devela conexiones importantes entre la célula terrorista e Irán.

Puntualmente menciona a Moshen Rabbani, exagregado cultural iraní, y su activa red en países como Paraguay, Chile y Brasil, preparando el terreno para el ataque.

Además, se menciona la visita a Argentina de Samuel El Reda, líder de Hezbolá, como parte de la ejecución del atentado.

Sin embargo, el juez Ariel Lijo optó por mantener en reserva los documentos anexos que contienen nombres de informantes que podrían enfrentar riesgos si se revelan sus identidades. Esta decisión del magistrado subraya la delicadeza y los riesgos aún asociados con la información completa.

La resolución judicial de Ariel Lijo especifica que el informe debe ser público de acuerdo a las directivas de la Resolución S.I. "R" N° 301/03 y el artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 213/2020.

Este decreto destaca que toda información proporcionada por el Estado Nacional en procesos judiciales ya sentenciados sobre el atentado y delitos conexos debe ser pública, asegurando la transparencia y el acceso a la verdad en casos de relevancia nacional.

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