Revés temporario a la estrategia de operaciones combinadas de Estados Unidos contra la pesca ilegal

El pasaje del buque “James” de la Guardia Costera de los Estados Unidos por Buenos Aires y Montevideo dejó un saldo común. Es un revés temporario a la intención política de Washington de promover maniobras entre la fuerza costera estadounidense y las prefecturas con jurisdicción en el Atlántico sur.

Ejercicios que suponen a futuro la integración y despliegue de algún esquema combinado entre fuerzas guardacostas con misiones reales de control y disuasión de la denominada pesca ilegal, no declarada y no regulada (Indnr, por su sigla inglesa) que se practica en alta mar, adyacente a la milla 200 donde no hay instrumento jurídico que pueda evitarlo. El problema es que no se conoce el volumen, el tipo de recurso capturado y mucho menos si las especies alcanzaron la madurez o son juveniles y se tienen antecedentes de prácticas laborales abusivas en tripulaciones extranjeras.

“El Departamento de Estado se complace en apoyar la Operación Cruz del Sur de la Guardia Costera de los Estados Unidos, (U.S. Coast Guard, USCG) como parte de las acciones para reforzar las alianzas regionales de seguridad marítima y combatir la pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR) en el Atlántico Sur”. Así decía el comunicado que daba puntapié inaugural en 2021 a esta nueva estrategia de inserción del poder naval estadounidense en el Atlántico Sur. Ahora se suman los navíos blancos de la Guardia Costera menos combativos en la percepción del ojo opositor.

“Reforzar las alianzas regionales de seguridad marítima” es una consigna que remite a las palabras de preocupación dichas por la general Laura Richardson, titular del Comando Sur, en relación con el rival asiático la República Popular de China. La Operación Southern Cross (Cruz del Sur), pergeñada por el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, tendrá que esperar una vez más al año siguiente como sucediera ya en 2021 y 2023.

Cuestiones del poder que no puede domar Javier Milei, el Congreso Nacional, al igual que sus colegas del parlamento uruguayo, no concedieron la autorización de forma al ingreso y realización de maniobras del navío guardacosta “James” con las respectivas prefecturas, se dijo; sorprendente coincidencia; por retrasos administrativos propios del trámite parlamentario.

La visita del buque Cutter James quedó solo en rango protocolar, claro con un protagónico del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que visitaron la unidad el mismo día del arribo al puerto metropolitano. El domingo, además, se desarrolló un adiestramiento conjunto entre el GC-24 Mantilla (de Prefectura) y el "James", que se terminó realizando en altamar por la falta de aval parlamentario. Según difundió la fuerza de seguridad argentina, "incluyó la realización de maniobras de embarco y desembarco de dotaciones de presa, y movimientos de aproximación y abordaje marítimo".

Esta situación ya generó reacción en el Congreso, donde el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli advirtió que los ejercicios se estaban realizando sin autorización parlamentaria, ya que el pedido que Milei había incluido en el temario de extraordinarias no se había aprobado. Pero los ejercicios, finalmente, se hicieron fuera del territorio nacional, por lo que no habría incumplimiento. Lo que puede generar polémica es si el buque Mansilla tenía autorización para realizar el ejercicio.

La estrategia de Estados Unidos

En septiembre de 2020, y extendida por 5 años, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos publicó la Perspectiva Estratégica sobre la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Indnr), en la que se reafirmó el compromiso de la Guardia Costera con 3 objetivos: promover operaciones para luchar contra la Indnr en países amigos, priorizar operaciones contra actores (países) de comportamiento predatorio en las actividades de pesca y expandir la cooperación multilateral en la aplicación de medidas contra la Indnr.

La Casa Blanca emitió en junio de 2022 el memorando de seguridad nacional (National Security Memorandum/NSM-11) sobre “Combate a la pesca Ilegal no declarada no regulada y abusos laborales asociados”, entre los varios asuntos políticos tratados en el texto a propósito de la Indnr se ve el fomento a las misiones de la USCG hacia regiones de interés.

Postulados que expuso el 30 de abril pasado, Siri Hakala-Studebaker, de la Oficina de Aplicación de la Ley en el Mar de la Guardia Costera de EE.UU. y directora del Programa Maritime Security and Fisheries Enforcement (SAFE, creado a la luz del National Security Memorandum/NSM-11 ) ante autoridades marítimas nacionales y de la Cancillería en la sede de la Prefectura Nacional Argentina.

Los anfitriones encabezados por el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, el director nacional de Políticas de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, la secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de Cancillería, Paola Di Chiaro, además de los responsables de áreas específicas de la fuerza vinculadas con el control del mar presentaron las líneas de acción de la fuerza.

La secretaria Di Chiaro perdió la oportunidad de reseñar dos temas de interés vital. Primero, en la sesión del 18 de abril pasado, el Senado dio media sanción al Acuerdo Sobre Subvenciones a la Pesca promovido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) que pasó a consideración de Diputados. Una vez sancionado el país puede dar la “aceptación” (su voto favorable) al acuerdo ante la OMC. El Acuerdo prohíbe los subsidios que facilitan e incentivan la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Es conocido que la mayoría de las flotas extranjeras que operan en caladeros distantes tienen subsidios de algún tipo otorgado por sus países de origen. Subsidios que van al precio del combustible o a los servicios portuarios cercanos a sus zonas de pesca, o para los trasbordos a reefers en alta mar, o a la asistencia satelital de información oceanográfica on line, entre otros.

Segundo, el 27 de junio de 2023, China dio “aceptación” formal del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca promovido por la OMC. El supuesto blanco geopolítico de la pesca Indnr en el Atlántico Sur dio un paso relevante al confirmar su aceptación de las condiciones que se impondrán a partir de la puesta en vigencia. Hay 71 aceptaciones confirmadas y se requiere dos tercios del total de 153 miembros de la OMC para la vigencia.