Opinión

La corrupción en la Argentina: una prioridad urgente para el Gobierno

Argentina tuvo en los últimos años serios problemas de implementación de las normas anticorrupción. Muy pocos casos de corrupción que tramitó la Justicia Federal llegan a juicio oral.

Andrés Passamonti martes, 28 de mayo de 2024 · 18:00 hs
La corrupción en la Argentina: una prioridad urgente para el Gobierno
Presidente Javier Milei. Foto: Presidencia

Durante años, la corrupción ha sido una constante en Argentina, con numerosos casos que han quedado impunes. La Justicia debe actuar con firmeza para asegurar que los responsables paguen por sus delitos, y que estos crímenes no queden en el olvido. Es imperativo buscar la condena correspondiente para cada uno de los implicados. La lucha contra la corrupción debe ser un eje central en el gobierno de Javier Milei. Es necesario enviar un mensaje claro a quienes asumen cargos públicos: están al servicio de
la ciudadanía, tienen el honor de administrar los fondos de los contribuyentes y deben ser extremadamente cuidadosos en la ejecución del gasto.

El Presidente debe liderar con un mensaje contundente contra la corrupción, respaldado por una acción judicial implacable.
Como bien dice el refrán, "el que las hace, las paga". Uno de los casos más emblemáticos es el de la administración anterior, que involucró a líderes de movimientos sociales, conocidos como los "gerentes de la pobreza". Estos individuos utilizaron su posición para enriquecerse a costa de los más necesitados, a quienes decían representar. Es fundamental que estos hechos no queden impunes y que sirvan de ejemplo para que nunca más se repita tal abuso de la pobreza de la gente.

El Presidente debe liderar con un mensaje contundente contra la corrupción, respaldado por una acción judicial implacable. Foto: MDZ.

Se debe llegar hasta el fondo y buscar la condena de los responsables

Estos "gerentes de la pobreza" no solo fueron protegidos por el kirchnerismo, sino que también fueron beneficiarios y funcionarios del mismo. Actuaban de ambos lados del mostrador, en una evidente colusión que resulta vergonzosa. Robaron a los más
desprotegidos y ahora viven en la opulencia, mientras la gente observa impotente. Esa corrupción representa el esfuerzo de los trabajadores, y no debe ser tolerada. Otros ejemplos notables de corrupción incluyen los casos de Martín Lousteau y Juan
Grabois. Lousteau fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por "negociaciones incompatibles con la función pública", ya que su consultora vendía informes al Congreso Nacional. Es crucial seguir de cerca esta causa y exigir resultados, ya que representa un
escándalo que debe ser investigado a fondo. 

Juan Grabois también ha sido denunciado por el otorgamiento irregular de tierras en el lago Mascardi, en un intento de realizar un negocio inmobiliario. No es la primera vez que está involucrado en la cesión de tierras públicas a sus organizaciones. Estos actos deben ser rigurosamente auditados y sancionados. Todas las áreas del gobierno deben ser objeto de auditorías exhaustivas, sin excepción. Es inadmisible que los fondos públicos continúen siendo dilapidados en beneficio de unos pocos. Los impuestos que los argentinos pagan con tanto esfuerzo deben ser gestionados con la mayor transparencia y responsabilidad. Ningún sector del Estado, incluyendo universidades que dilapidan fondos en recitales y contrataciones políticas, debe quedar sin auditar.

La postura del Gobierno ante la corrupción debe ser inequívoca: condena total

Todos los partidos políticos deben unirse en este punto. La corrupción no es una astucia criolla ni parte del folclore; es un delito que debe ser erradicado. El Estado no produce nada, solo administra los impuestos de la gente, y debe hacerlo con integridad. Los funcionarios y gremialistas que roban deben enfrentar tanto la condena judicial como la social. No puede haber lugar en la sociedad para quienes ostentan propiedades y vehículos de lujo a costa del esfuerzo de los ciudadanos. La corrupción ha dejado una marca indeleble en Argentina, pero es tiempo de actuar con determinación. Cada aduana, cada oficina pública, cada funcionario debe ser investigado.

Es hora de erradicar este mal de raíz y construir un país donde la integridad y la transparencia sean la norma.

Andrés Passamonti.

Andrés Passamonti. Director de la Fundación Seguridad Para Todos. Titular de la UCEDE.

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