Defraudación al Estado

La Justicia investiga por corrupción a exfuncionarios de Inteligencia de Defensa

Estaban a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar durante el gobierno de Alberto Fernández. La denuncia cayó en el juzgado de Sebastián Ramos.

Edgardo Aguilera
Edgardo Aguilera miércoles, 22 de mayo de 2024 · 08:00 hs
La Justicia investiga por corrupción a exfuncionarios de Inteligencia de Defensa
El ministro de Defensa, Luis Petri, discontinuó el convenio que está siendo cuestionado. Foto: Noticias Argentinas

Una denuncia anónima que cayó en el juzgado federal N°2 de Sebastián Ramos, secretaría 3 de Carlos D´Elía, involucra a funcionarios de la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, que ejercieron durante el gobierno de Alberto Fernández.

Está caratulada como presunta “defraudación pública al Estado”, “malversación de fondos públicos”, “abuso de poder” e “inteligencia clandestina”. En el mundo de los servicios la modalidad del anónimo por regla general encubre que la parte actora es alguien “despechado” que quedó sin su tajada o también un “justiciero” del sistema.

La Dniem es uno de los tres organismos que, junto a la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad, conforman el Sistema de Inteligencia Nacional.                                                                                                                 

Esta estructura de inteligencia, dependiente del ministro de Defensa, comenzó a funcionar en 2004 tras la reglamentación de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520.

De acuerdo con la información brindada por la agencia NA, los mencionados en la denuncia son Francisco Moliterno, ex director general de la Dniem; Rocío Canaves, esposa de Moliterno; Carlos Molina, ex titular del organismo; y el contralmirante Juan Coré, ex director general de Inteligencia de la Armada; entre otros.                                                                                                                         

Ramos tiene experiencia en asuntos de servicios. En diciembre de 2023 el juez tuvo que investigar el viaje de magistrados, empresarios de medios y espías a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido que habían sido denunciados por el gobierno de Alberto Fernández por dádivas e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Francisco Moliterno y Carlos Molina, ex jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Foto: Fuerza Aérea.

Entre los viajeros estuvo el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, cuyos chats con Ramos se filtraron en una típica maniobra de deschave de servicios para desacreditar la imparcialidad del juez de la causa.

El juez anuló el proceso y sobreseyó a todos los que estaban imputados en el expediente porque la denuncia se había basado en una prueba obtenida en forma ilegal y una operación de inteligencia iniciada a partir de una foto de la lista de pasajeros notables de aquel viaje a Lago Escondido, obtenida por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sin motivo reglamentario.   

Ahora Ramos tiene un expediente para determinar si funcionarios de inteligencia del albertismo en Defensa se habrían beneficiado con fondos destinados a inteligencia y habrían monetizado tareas de reunión de datos sobre litio para un tercer país.

"El mecanismo de fraude consistiría en realizar pedidos de viáticos de fondos públicos para ser utilizados por Moliterno para su uso personal, entre otros, vacaciones familiares junto a su esposa Rocío Soledad Canaves e hijos menores de edad", se menciona en la presentación judicial. También se habrían desviado asignaciones para racionamiento por un monto de $13.365.083,22 que no llegaron a su objetivo de atender la comida del personal.

La denuncia recayó en el juzgado del juez Sebastián Ramos. Foto: Télam.

Rocío Canaves, "habría ingresado como miembro de planta permanente en la Dniem, pero jamás habría concurrido a cumplir funciones laborales ni se le habría asignado tarea alguna a realizar desde su domicilio".

En uno de los pedidos, Moliterno solicitó 139.140 pesos por costos de desplazamiento y viáticos por 27.828 pesos cada día para un viaje a la ciudad chubutense de Esquel junto a su esposa en una misión oficial que iba del 21 al 25 de agosto de 2023. En fotos subidas a redes sociales, el denunciado se mostraba junto a su pareja y a sus dos hijos menores de edad disfrutando del paisaje y realizando actividades en grupo, en lo que finalmente eran vacaciones de placer familiares, dice la presentación judicial.

Moliterno, licenciado en Estudios Internacionales, era en 2007 personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército Argentino, incorporado entre muchos durante la gestión del entonces jefe, general César Milani. Llamaba la atención por la actividad compartida con su mujer, Rocío Canaves, -mencionada en la denuncia-, de coleccionista de arte y galerista. Fuentes del sector indicaron que nunca trabajo en oficinas de la fuerza sino en la sede de Defensa conducida por Nilda Garré y que en 2017 fue reasignado a la Central de Inteligencia de Campo de Mayo.

A ese predio iban a parar centenares de PCI “ñoquis militantes” que una auditoría de Defensa de aquel año reveló sumaban más de 450 incorporaciones al plantel de inteligencia del Ejército entre 2015 y 2016. Un gran número de ellos renunció.

En 2020, Moliterno fichó en el plantel de la Dniem y en 2021 tras la designación de Carlos Molina al frente del organismo cuando Jorge Taiana conducía Defensa, fue asignado a la dirección general, fungía de segundo de Molina. El texto anónimo ubicaría en este tiempo y lugar los presuntos ilícitos a investigar por el magistrado Ramos atribuidos a Moliterno, Molina, Coré y otros.

Moliterno y Molina en una visita a la IV Brigada Aérea en Mendoza, en 2023. Foto: Fuerza Aérea.

La nueva conducción de la Dniem heredó al galerista y con él un presunto acuerdo -motivo de la denuncia por espionaje clandestino- con la delegación de inteligencia alemana (BND) para colectar datos sobre el litio y empresas de la actividad. El supuesto convenio monetizado habría sido discontinuado de inmediato tras la asunción de Luis Petri.

Un grupo de la dirección de inteligencia de la Armada, -según se interpreta de la denuncia-, habría actuado en la reunión de datos, en ese momento el organismo estaba a cargo del contralmirante Juan Coré, que en la actualidad es el número tres de la conducción naval, comandante de Adiestramiento y Alistamiento.

Extrañó a los analistas del “Quinto” -así se denomina en la jerga de los marinos al organismo de inteligencia ubicado en el piso 5 del Edificio Libertad- tener que aplicar el repetido método de Sherman Kent, ciclo de la inteligencia, sobre un recurso: el litio, relataron fuentes del sector.

Más extraño aún; focalizar la obtención o reunión de información, el análisis y la elaboración sobre el litio y sus empresas en el dominio terrestre, el denominado “triángulo del litio” frontera de Argentina, Bolivia y Chile en lugar del dominio marítimo de absoluta atingencia naval.

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