Fallo judicial

Falta de jabón, insultos y despido: la insólita causa que resolvió la Corte

Los jueces el alto tribunal ordenaron a la Municipalidad de Malargüe que reincorpore a un empleado municipal que había sido cesanteado por una discusión en el baño de la terminal del departamento.

Gianni Pierobon
Gianni Pierobon miércoles, 22 de mayo de 2024 · 07:10 hs
Falta de jabón, insultos y despido: la insólita causa que resolvió la Corte
La cesantía se produjo tras una discusión en el baño de la terminal de Malargüe Foto: Prensa Municipalidad de Malargüe

A la Suprema Corte de Justicia de Mendoza suelen llegar múltiples demandas laborales por cesantías de empleados estatales. En los últimos días el tribunal resolvió la reincorporación de un empleado municipal de Malargüe despedido en 2021 en una causa con ribetes insólitos. El empleado había sido echado por el municipio tras un sumario que se le inició por supuestos insultos y agresión verbal contra dos agentes municipales, a raíz de la falta de jabón en un baño de la terminal de ómnibus del departamento.

Los jueces Teresa Day y Julio Gómez, integrantes de la ex Sala Primera de la Corte, hicieron lugar parcialmente a la demanda entablada por Héctor Alberto Muñoz, un agente municipal malargüino despedido. En concreto, los magistrados anularon el decreto firmado en junio de 2021 por el entonces intendente Juan Manuel Ojeda que establecía la sanción de cesantía y ordenaron su reincorporación. No obstante, no hicieron lugar a los pedidos por salarios caídos ni por indemnización del demandante.

El fallo en cuestión condenó a la Municipalidad de Malargüe a que “reincorpore a su cargo al agente, debiéndose dejar aclarado que tal reposición en el empleo en nada modifica la situación de interina o efectiva que correspondiera a su nombramiento”.

Muñoz había interpuestos una acción procesal administrativa contra la Municipalidad de Malargüe a fin de que se anule el Decreto N° 863/2021 y se ordene su reincorporación. También había solicitado el pago de salarios caídos desde el momento de la irregular suspensión del vínculo laboral hasta el momento de su efectiva reincorporación, más el pago de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Sin embargo, estos últimos reclamos no prosperaron.

Relata en la causa que desde mayo de 2016 cumplía la función de técnico en Higiene y Seguridad en la comuna y resalta que es una persona en condición de discapacidad, con un diagnóstico de “anormalidades de la marcha y de la movilidad. Disartia y anartria. Otras anormalidades de la respiración y las no especificadas. Disfagia”. En el fallo se aclara que sufre una dificultad para hablar.

El demandante alegó ante el Alto Tribunal que había sido “cesanteado arbitrariamente” luego de un sumario administrativo que se le inició por una discusión que tuvo con otras dos agentes municipales en el baño de la terminal de Malargüe. En su momento fue acusado de ealizar supuestas “agresiones y maltratos verbales” con otras dos agentes municipales en el baño de la terminal de Malargüe.

Finalmente, el caso llegó hasta la Corte y los integrantes de la Sala Primera terminaron anulando la cesantía por considerar que no se respetó el derecho a la defensa del agente municipalidad y que la sanción fue arbitraria.

Escándalo en el baño de la terminal

El hecho que desencadenó el despido ocurrió el 24 de agosto de 2020. Según consta en el fallo, Muñóz relató que, en horario laboral, sintió “urgente necesidad de ir al baño”. Como el sanitario que estaba en la ex terminal de ómnibus (su lugar de trabajo) no tiene ventilación, decidió ir a un baño de la nueva terminal contigua “con el fin de evitar el mal olor que se expandiría a las oficinas”.

Comentó que, al querer ingresar, personal municipal, concretamente las señoras Stella Maris Flores y Claudia Beatriz Aliaga, lo detuvieron y le pidieron que, previamente al ingreso a la terminal, se registrara en un libro. Indicó que “el apuro lo determinó a obviar el requerimiento e ir directamente al sanitario”.

Al salir del baño, reprochó a las agentes municipales por “la falta de jabón”. La respuesta fue que no lo podían poner “porque se lo robaban”. Ante esto el agente pidió el libro de quejas, informándosele que no había. Luego comenzó una discusión en la cual las dos mujeres denunciaron posteriormente que existió agresión verbal por parte de Muñoz.

Una de las denunciantes acusó al empleado de gritarles: “¡la puta que lo parió, cómo no va a haber jabón en el baño!”. Otra apuntó que les habría dicho que eran unas “mal paridas, unas inútiles, que no tenían destino, que eran unas hijas de puta”. El hombre alegó que los insultos no habían sido dirigidos hacia una persona sino en general.

A raíz de esa denuncia se le inició un sumario administrativo que culminó con la cesantía de Muñoz, a través de un decreto municipal firmado por el entonces intendente Juan Manuel Ojeda.

El agente despedido reclamó por vía administrativa y luego llevó su reclamo ante la Justicia provincial. Manifestó que en ninguna parte del expediente se tuvo en consideración la circunstancia atenuante de la discapacidad en el habla (disartria y anartria) que padece. Señaló que la urgencia para ir al baño sumada a la discapacidad para poder explicar clara y rápidamente que el baño del lugar donde trabajaba no estaba utilizable y que necesitaba hacer uso de alguno de la nueva Terminal, más la falta de jabón y la imposibilidad de expresar su reclamo por ese motivo en un libro de quejas, son circunstancias razonables para explicar un fastidio momentáneo.

La Municipalidad de Malargüe defendió la sanción ante la Corte y sostuvo que “no es cierto que el Sr. Muñoz haya sido despedido por motivos discriminatorios” sino que el despido se debió a “las agresiones y maltratos verbales efectuados hacia el personal perteneciente al municipio”.

“Busca victimizarse invocando una discapacidad, que en nada limita y/o limitaba su trabajo ni lo colocaba en un grado de inferioridad frente a sus compañeros”, expresaron desde la comuna, según consta en el fallo judicial. Agregan que “es muy claro a la hora de agredir verbalmente a sus compañeros de trabajo; que tuvo una conducta agresiva con aquéllos, motivo por el cual fue despedido y que además en su legajo personal también obran constancias de antecedentes de conductas de similares características”.

La resolución de la Corte

La jueza Teresa Day fue la encargada de argumentar la sentencia de la Sala Primera de la Corte.

Más allá de los detalles de la discusión y las acusaciones de maltrato verbal, los jueces de la Corte se enfocaron en analizar la legitimidad del Decreto N° 863/2021, que aplicó la sanción de cesantía a Muñoz, así como las posteriores decisiones que confirmaron la medida.

En este sentido, el tribunal determinó que el agente municipal durante el procedimiento sumarial “no pudo ejercer plenamente su derecho constitucional de defensa por lo que el acto que impuso la sanción padece un vicio grave en su objeto y en la voluntad previa a la emisión del acto”.

Remarcaron que el municipio no meritó ni efectuó mención alguna sobre la dificultad para hablar del agente e incluso “hizo caso omiso a las alegaciones que aquél efectuara en torno a que era objeto de burlas por parte de las denunciantes en razón de su discapacidad”.

“No se observa que durante el proceso sumarial la administración le haya brindado, dada su condición de discapacidad y tratándose de una persona vulnerable, las herramientas que prevé el ordenamiento legal, tales como asesoramiento jurídico e interdisciplinario”, consideraron los magistrados Day y Gómez.

En este sentido, entendieron que el municipio incurrió en una “arbitrariedad”. “Haciendo caso omiso al principio de verdad real y a las constancias fácticas subyacentes en el sumario administrativo seguido contra el actor, le aplicó la sanción disciplinaria más gravosa que prevé el ordenamiento legal, lo que vicia gravemente el acto atacado en la voluntad en la emisión y en su objeto”, argumentaron.

Por otra parte, los miembros del tribunal descartaron que se haya tratado de un caso de violencia de género. “No se detecta un atropello a las denunciantes en su condición de mujeres o que haya existido en su contra violencia por cuestiones de género”, determinaron.

Los jueces concluyeron que el decreto de cesantía se encontraba “gravemente viciado”, por lo que declararon la nulidad del mismo y ordenaron a la Municipalidad de Malargüe la reincorporación de Muñoz.

No obstante, no hicieron lugar al planteo de los salarios caídos afirmando que “no corresponde el pago de las tareas que no han sido efectivamente desempeñadas por lo que, en principio, no es viable el pago de salarios caídos salvo que exista norma expresa que así lo establezca”. Ni tampoco avalaron el pago de una indemnización como resarcimiento.

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