Irregularidades

Cómo avanza el caso de la empleada estatal investigada por un fraude de $26 millones

Si se comprueba el delito de la joven en el programa Enlazados podrían avanzar en la causa civil por extinción de dominio. Hubo un allanamiento y se esperan nuevas medidas.

Gabriela Sánchez
Gabriela Sánchez martes, 21 de mayo de 2024 · 07:00 hs
Cómo avanza el caso de la empleada estatal investigada por un fraude de $26 millones
El programa enlazados lleva cuatro años vigente. Foto: Gobierno de Mendoza

Hace diez días la noticia de una joven empleada -identificada como Valentina Cáceres- de la Casa de Gobierno denunciada por un fraude de $26 millones al Estado dio la vuelta al país. Es que, el caso reúne una serie de datos llamativos: una chica de 20 años, las arcas estatales, un programa para incentivar el trabajo en blanco, un sistema con fallas de seguridad y una cifra millonaria. 

La joven denunciada trabajaba en la Casa de Gobierno desde enero de 2023. (MDz)

Hasta el momento, está confirmada la denuncia del Ministerio de Producción en la Fiscalía de Delitos Económicos por adulterar información y un allanamiento. Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que la investigación está avanzando, pero que no quieren adelantar los pasos a seguir para no entorpecer el trabajo de la fiscal Gabriela García Cobos. 

Hasta el momento, Valentina Cáceres no está imputada y es que en los delitos económicos el reloj no apremia como en los homicidios. Por lo tanto, la Justicia se toma su tiempo para investigar, reunir pruebas y tener certezas antes de hacer la imputación. 

Podría aplicarse la extinción de dominio

Si se comprueba el fraude por $26 millones y la joven empleada estatal es hallada culpable y tiene bienes a su nombre, es muy probable que se abra una causa de extinción de dominio en el fuero civil. 

“Primero la tienen que imputar y hay que ver que el delito encuadre dentro de los que prevé la extinción de dominio”, explicaron desde Tribunales. 

“Si se demuestra la culpabilidad es muy probable que se inicie la causa civil de extinción de dominio, no hace falta tener la sentencia firme penal para empezar la civil”, aclararon. 

En Mendoza, se aplicó la extinción de dominio en el caso de Luis Lobos y Claudia Isgró. Una vez que la Justicia penal confirmó que el exintendente de Guaymallén había desviado fondos de la comuna para su propio beneficio, avanzó en el fuero civil y le quitó una casa. La letra original de la ley determinaba que los bienes debían ser rematados y que el dinero iría a la Dirección General de Escuela (DGE). Este año se hizo una modificación para que los bienes puedan ser utilizados de inmediato por la DGE para evitar que sean objetivo de robos y vandalismo. 

El caso

El 30 de abril, desvincularon del programa Enlazados del Ministerio de Producción a Valentina Cáceres. La joven se desempeñaba como auxiliar administrativa de medio tiempo en el área Capacitación y Empleo desde enero del año pasado. 

La desvinculación fue seguida de una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos por irregularidades en la liquidación de subsidios del Programa Enlazados. Las primeras pruebas indican que la joven adulteraba información y cobró los sueldos de 31 falsos beneficiarios durante -al menos- cuatro meses. 

Enlazados es un programa que tiene por objetivo sostener el empleo registrado. El empresario anota su compañía en el programa y si es seleccionado, el Estado le ayuda a pagar el sueldo de sus trabajadores. Cada empleado nuevo que entra a la empresa tiene dos depósitos en su cuenta: uno del Estado equivalente a un salario mínimo vital y móvil, y otro por el importe que falta para completar el sueldo que deposita el empleador.

Como el dinero iba directamente a las cuentas de los trabajadores, Valentina Cáceres anotaba a 31 falsos beneficiarios todos los meses en distintas empresas que están registradas en Enlazados. La joven ingresaba al sistema el día anterior al pago, registraba a los falsos beneficiarios, cobraban los sueldos y luego los borraba del sistema. Después armó una empresa apócrifa y vinculó a los 31 falsos trabajadores, este fue el detonante porque cuando revisaron los datos de la compañía advirtieron que no existía. Inmediatamente siguieron la huella digital de los movimientos hasta que llegaron a la técnica administrativa. 

Después de la denuncia solo hubo un allanamiento en el que secuestraron tres teléfonos y una computadora. 

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