El sistema vence al tiempo

El nuevo caso Chocolate que pone en jaque un municipio clave de Unión por la Patria

El sistema inmortalizado por el episodio de la legislatura bonaerense es solo una muestra de lo que sucede habitualmente a lo largo y ancho del país. Ahora explotó un escándalo similar en San Martín.

Alejandro Cancelare
Alejandro Cancelare viernes, 17 de mayo de 2024 · 22:24 hs
El nuevo caso Chocolate que pone en jaque un municipio clave de Unión por la Patria
Foto: X @fmoreiraok

La Municipalidad de General San Martín, Buenos Aires, se vio sacudida de su calma habitual producto de un espectacular allanamiento que afectó diferentes áreas gubernamentales por una denuncia radicada en el juzgado Federal nro. 2 a cargo de Alicia Vence por el cobro indebido por parte de un ex concejal oficialista de salarios que no le pertenecían.

A la vez, el fiscal federal Paul Starc pidió la detención de los cinco imputados en la causa que, increíblemente, no involucra a ninguna autoridad del Concejo Deliberante local, ámbito donde se inició el supuesto pedido de contratación. La jueza Vence rechazó el reclamo pero la investigación sigue su curso en la que están acusados Fernando Moreira, José María Fernández Hector Daniel Rey, Lorena P. Altamira, Marta Beatriz Pastor y Viviana Andrea Saluzzo sobre quienes pesa la prohibición de salir del país sin autorización previa (inciso "d" del Art. 210 del CPPF). 

En diciembre de 2023, la casa del ex presidente del Concejo Deliberante local, Sergio González, fue allanada para recopilar elementos que lo relacionaran con el caso que se investiga. González había fallecido unos meses antes producto de habérsele detectado un cáncer fulminante del cual nunca se anotició. Sin embargo, sus imágenes sacando dinero del cajero automático del Banco Provincia ubicado frente a la Municipalidad no dejan lugar a dudas. Al parecer, esta maniobra la realizó durante ocho meses.

González había accedido a la jefatura del legislativo comunal dos años antes y luego que Diego Perrella, su jefe político y conductor directo, hubiera terminado su mandato, al cual regresó el 10 de diciembre de 2023, tras la derrota electoral de Unión por la Patria a nivel nacional. Según informó el secretario que entiende en la causa, Juan Ignacio Furia, en aquel allanamiento se encontraron elementos que avalaron la investigación.

Más allá de los intentos realizados por tener alguna definición por parte de Perrella, MDZ no pudo hablar con él. Sí concedió su punto de vista el intendente municipal, Fernando Moreira, quien expresó que, efectivamente, la investigación se basa en una denuncia de una persona que ingresó al municipio en el marco de una serie de altas solicitadas por otras áreas. El expediente se inició en la Secretaría de Gobierno, por entonces ocupada por el actual legislador José María Fernández, y luego siguió el curso correspondiente.

Cuando los empleados en cuestión por este decreto oficial fueron dados de alta, fue el propio González el que retiró las tarjetas de débito correspondiente desde la oficina de Personal y, al parecer, los supuestos empleados jamás se enteraron que trabajaban en el Concejo Deliberante. Si bien las versiones periodísticas hablan de trece damnificados, en el juzgado federal sostienen que no son más que una decena. "Sean uno o cien, es de terror", admiten. 

Uno de ellos se sorprendió que, tras varios meses por reclamar el pago de su beneficio a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la oficina del ANSES local le informaron que no podía cobrar ese mes ni los otros anteriores porque figuraba como empleado municipal en General San Martín. "¿Sabés cuántos casos así recibimos por día? " se preguntó un funcionario de una UDAI local y se contestó: "La gente no entiende por qué no puede cobrar y le explicamos que está cobrando en la municipalidad. Y la gente dice que jamás fue empleado de ahí". Al haber habido un supuesto fraude contra el Estado Nacional es que participa la justicia federal, a diferencia del caso de la legislatura bonaerense, en la que entiende el fuero provincial.

El caso de la Cámara de Diputados bonaerense, en la que Julio “Chocolate” Rigau, en el que existía una organización delictiva encarada desde la propia jefatura de la Cámara, acá las tarjetas fueron retiradas por el fallecido conductor del Concejo Deliberante. La falencia está en quién autorizó su nombramiento y si a los ahora denunciados les hicieron los estudios médicos y siquiátricos de rigor, cuestión que, claramente, fue absolutamente omitido por la Dirección de Personal. Tanto que dos de los contratados tenían causas pendientes en el fuero penal. ¿Habrá sido recopilado en uno de los bares cercanos como se observa con asiduidad?...

Si bien el legislativo de San Martín, como en el resto de los distritos, está habilitado para nombrar su propio personal y ese es aprobado por el municipio, acá todo se movió de manera más que informal. En los meses previos a las elecciones, la comuna se vio desbordada por contrataciones que buscaban acrecentar las chances políticas del oficialismo local en el que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, era el intendente en uso de licencia.

“Tenés todo el proceso en limpio, no hay ningún misterio. Todas las tarjetas las retiró González”, le confió a MDZ un funcionario de primer nivel que pudo tomar nota, en primera mano, de todo lo actuado. Otro, desahuciado porque sigue cobrando por ventanilla y por planilla de sueldo a la vieja usanza, relacionó que “desde diciembre que no dan mas tarjetas de débito en la Dirección de Personal. Ahora las tenes que ir a buscar al Banco Provincia. Ahora me cierra todo”.

Efectivamente, hasta antes de conocerse el allanamiento a la casa del ex presidente del HCD sanmartinense, todas las tarjetas de débito se enviaban directamente al municipio. Ahora tienen la obligación de retirarlas por el Banco. 

Efectivamente, el allanamiento a la casa del fallecido ex presidente del Concejo Deliberante había sido en diciembre y, desde ese momento, nadie habló del tema a pesar que en el humilde barrio Cooperativa Billinghurst el procedimiento policial causó revuelo y fue relatado por cuanto vecino de la avenida Eva Perón entre Ruta 8 y Avenida Juan Manuel de Rozas se consulte.

Sergio González en plena campaña PASO. 

Las contrataciones del Concejo Deliberante pueden realizarlas las autoridades del cuerpo o a través del Municipio, como sucedió en esta ocasión. La utilización de este método es no solo para no comprometer el presupuesto del deliberativo o, como en este caso, por una contraprestación política del solicitante o el grupo político al que pertenecía González.

 En el legislativo local también vivían su realidad paralela puesto que súbitamente aparecieron pedidos de informes y de interpelación al intendente Moreira por lo sucedido, cuando son los propios trabajadores y empleados de la casa que reconocen que ahí González no se realizaba en soledad y que solo con ver donde vivía y de la manera que lo hacía no podía manejar los contratos de los que parecía disponer.

Desde dentro de una de las oficinas allanadas en el Departamento Ejecutivo reconocieron, además, que solo son ocho las personas involucradas en el decreto que pasó el filtro de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Personal hasta antes llegar a la aprobación final de Moreira, que igualmente fue inhabilitado para abandonar el país.

El municipio se presentó en la causa como particular damnificado el 22 de marzo pasado y ha manifestado su predisposición para aclarar todo lo conocido este viernes. En el juzgado de la jueza Vence, que observa siempre con desconfianza las actividades municipales en general, desestimaron este pedido del Ejecutivo de General San Martín.

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