Todo negativo: la letra chica del informe de Posse sobre Mendoza
Javier Milei, Nicolás Posse y Eduardo Eurnekian se reencontraron en el homenaje a Carlos Menem, el expresidente que, en definitiva, los había unido detrás de negocios reales, como la concesión de los aeropuertos, y posibles, como el fracasado Corredor Bioceánico Aconcagua, el malogrado tren trasandino. Justamente, ese proyecto es el que ató al jefe de Gabinete con Mendoza y es la razón por la que en la provincia sí le conocían la voz.
Un día después, Posse detalló en el Senado algunas noticias que, igual que ese proyecto, son negativas desde lo que le toca de gestión: la Nación no tiene priorizadas, ni planificadas obras fundamentales para la ruta 7, en todo el corredor bioceánico, incluido el túnel caracoles. La misma realidad ocurre con otros temas estratégicos como la energía, los diques y los aportes nacionales para educación y salud.
En el informe presentado ante el Senado, Posse respondió de antemano algunos de los temas de gestión que involucran a las dos jurisdicciones, pero donde la Nación tiene el control. Es lo que ocurre con la gestión de las represas del Sur provincial, es decir los complejos hidroeléctricos Diamante y los Nihuiles. Esos sistemas incluyen 6 diques y usinas. Las concesiones vencen este año y Mendoza reclama la posesión para luego licitarlas. Ayer Posse dio a entender que no va a ocurrir: la Nación quiere mantener el control de la energía. La interpretación que hacen es compleja.
Si bien los recursos son de la Provincia, el "producto" que se genera es de jurisdicción nacional. "La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes", remarcó la respuesta oficial y, además, considera que al ser un "servicio público con características interjurisdiccionales", también le corresponde al gobierno federal y al Congreso regularlas. Mendoza está comenzando ese conflicto, mientras que en la Patagonia ya está al rojo vivo, pues los diques que regulan y generan energía en el río Limay ya vencieron y la Nación no los devolvió. Como ya explicó MDZ, el dique El Baqueano también quedó tambaleando como proyecto. La Nación nunca tuvo interés en financiar la obra, pero sí había un compromiso para garantizar el precio de la energía que se genere. Ese ítem es clave porque de ese valor depende la posibilidad del recupero de la inversión. La Nación puso en duda el cumplimiento del acuerdo. Más aún, hay un duro conflicto entre las generadoras y el Gobierno por la falta de pago de la energía generada.
Las obras en el Paso Internacional, incluida la ruta 7, también quedaron en dudas. Es lo que ocurre con el túnel Caracoles, que tiene un avance de menos del 3%. El plan original era transformar el túnel ferroviario para permitir el tránsito de vehículos y, además, una vez terminada la obra se mejoraría el actual túnel Cristo Redentor. Respecto a otras obras, quedó trasparentado el parate que ya se había anunciado. Es lo que ocurre con los dos puentes caídos de la Ruta 40, en el Valle de Uco.
El avance supuesto ronda el 20%, pero la Nación advierte que no puede dar precisiones porque no tiene claro el proyecto ejecutivo. El gobernador Alfredo Cornejo tiene en mente "provincializar" esas obras para poder ejecutarlas, luego de años de abandono. "Construcción de Puentes y Alcantarillas – Avance Financiero 15,74 % - Avance Fisico 24,57%, que la misma se encuentra en trámite la aprobación del Proyecto Ejecutivo. Para finalizarla es necesario contar con la documentación técnica aprobada con la formalidad que se requiere", dice escuetamente el informe oficial.
Posse usó un discurso plagado de eufemismos para explicar el recorte. "El gobierno nacional está llevando a cabo un ordenamiento del gasto público en 2024, conforme a los objetivos fiscales de alcanzar el superávit presupuestario y eliminar las transferencias del BCRA que financian al Tesoro Nacional, entre otros desafíos. Conforme a lo expuesto, tanto en los programas de obra pública como de transferencias a provincias se ejerce un estricto control del gasto que contribuya al cumplimiento de los mencionados objetivos fiscales", dice. Hay dos obras con financiamiento original del BID que están frenadas y en revisión. La Variante Palmira, que tiene un 85% de avance, y el túnel Caracoles, con solo un 2,9% de avance. También están incluidos en los programas de financiamiento con el BID los tramos de la ruta 7 "Potrerillos-Uspallata" y Aguas del Pizarro, que están, según Posse, en trámite de "limitación del contrato" y en plan de redistribución de recursos.
Una de las senadoras de Mendoza le pidió a Posse que detallara los aportes nacionales que hubo hacia Mendoza este año. En las planillas, gran parte delos rubros están en cero: Estrategias de Salud Comuitaria, Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Estadísticas e investigaciones en Salud, Políticas Alimentarias, Deporte Comunitario, Formulación de Políticas de Hidrocarburos, aportes para infraestructura educativa, Innovación y Formación Tecnológica en educación, Fortalecimiento Edilicio de Jardines, Becas estudiantiles y muchos etcéteras más componen la lista de programas nacionales que fueron desfinanciados por completo. Sí figura un aporte nacional del FONID por 1800 millones de pesos.
Un rato relevante pero de difícil cumplimiento por el contexto es que el Jefe de Gabinete incluyó a Mendoza dentro de las jurisdicciones en las que se aplicará el Código Procesa Penal federal. Eso implicaría una fuerte modificación en la justicia federal que requiere inversión. "Se informa que durante 2024 se implementará el Código Procesal Penal Federal de la Nación (CPPF) en las jurisdicciones federales de Rosario, Santa Fe (desde el 6 de mayo), Mendoza, General Roca, Río Negro y Comodoro Rivadavia, Chubut", dice el documento. En Tribunales no son tan optimistas respecto al cumplimiento de esa promesa por la inversión necesaria y la gestión política interna para consensuar los plazos, métodos y competencias.